Las denuncias en contra de Roberto
Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, están detenidas en la Procuraduría
General de la República (PGR) y en la Fiscalía del Estado, debido a que hay
priistas de alto nivel involucrados en los negocios del ex mandatario con
empresarios de la entidad, dijo en entrevista con SinEmbargo Fabiola Cortés
Miranda, presidenta de la organización Somos tus ojos, transparencia por
Quintana Roo.
“El 25 de septiembre se interpuso una
denuncia contra Borge el día que perdió el fuero constitucional, no tenemos
ningún avance. El
Gobierno del Estado se queja de la lentitud con la que opera la PGR, pero aquí nosotros vemos que no ha sucedido
nada con la Fiscalía del Estado. Entonces estamos peor que la PGR, porque hay delitos de comisión de fuero
común y los datos de prueba son los mismos que se entregaron ante la PGR, y que
el mismo Gobernador [Carlos Joaquín González] y la Consejería Jurídica tienen
sobre la venta de predios, donde se pueden configurar delitos como peculado.
Ellos en la Fiscalía local no han actuado”, afirmó.
La
organización que dirige Cortés Miranda
interpuso tres denuncias, en noviembre de 2016, ante la PGR en contra de 11
personas, incluyendo al ex Gobernador y a su madre, María Rosa Yolanda Angulo
Castillo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La madre de Roberto Borge compró, de
acuerdo con la denuncia, un terreno de 111 mil metros cuadrados en una zona
privilegiada de Cozumel, por el que pagó 15 millones de pesos sin registrar
actividad económica.
Además la
organización denunció a Juan y Raúl
González Angulo, tíos del también ex Gobernador Félix González Canto; a César
Celso González Hermosillo, abogado de la familia de Roberto Borge; a Franco
González, otro pariente de González Canto por ser los operadores de Barcos
Caribe; a María Pinedo, secretaria de Roberto Borge y cuidadora de su madre;
Fernando Escamilla Carrillo, Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce
Pacheco, Raymundo Cámara, Pedro Pech Bolom, Noemí Rodríguez Ramos y Darío Flota
Ocampo.
El 25 de
septiembre de 2016, el día que Borge Angulo perdió el fuero, la organización
presentó la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 ante la Fiscalía del Estado por el
delito de peculado y enriquecimiento ilícito por la venta a menor precio de 34
terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y
Chetumal.
Pero a varios meses de distancia, las
denuncias ante la PGR están completamente detenidas; mientras, la Fiscalía del
Estado muestra una “falta de voluntad” por dar seguimiento a la demanda
interpuesta a nivel local.
“Hay una falta de voluntad de actuar,
la denuncia que interpusimos es FGE/QR/SOL/09/3943/2016, por si dicen que se
les perdió. La Fiscalía local dice que existen órdenes de aprehensión en contra
de algunos ex funcionarios, en contra de Borge no hay ninguna, además esas
órdenes de aprehensión sólo existen en los medios de comunicación, porque no se
ha ejecutado ni una”,
dijo.
Cortés
Miranda aseguró que la lentitud en las investigaciones a nivel federal y
estatal responde a que hay intereses de políticos a nivel nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), con empresarios de Quintana Roo.
“Aquí la situación es más
estructural, hay grupos empresariales ligados a políticos, estás hablando de
personajes públicamente ligados a Manlio Fabio Beltrones. Aquí los vínculos son
más claros, más evidentes, comprobables; nosotros atribuimos a esos vínculos
entre políticos de alto nivel del PRI y personajes del estado de Quinina Roo,
el lento avance de las investigaciones”, dijo.
Hernán
Cordero Galindo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Cancún y representante en Quintana Roo de la organización
civil Ángel Ciudadano, destacó que los habitantes de la entidad desean ver “más
muestras de cumplimiento de promesas” por parte del Gobierno actual.
Cordero
consideró que la actuación de las
autoridades locales es lenta, pues no se ha girado una orden de aprehensión en
contra de Roberto Borge, como sí ocurrió en Veracruz con Javier Duarte de
Ochoa, ex mandatario de esa entidad, y en Chihuahua en el caso del ex
Gobernador César Duarte Jáquez.
“Los gobiernos entraron en las mismas
fechas y está raro que aquí no haya una orden de aprehensión con tanta
evidencia que dicen que tienen. Hay notas a diario
sobre lo que están encontrando: irregularidades y delitos que cometió Borge.
Ellos mismos están afirmando que es un delincuente, pero lo tienen con
escoltas”, explicó.
El lunes
periódico Reforma publicó que Borge tenía para su protección 44 escoltas, 12
vehículos oficiales asignados por el Gobierno del Estado y 11 agentes de la
Fiscalía General de Quintana Roo.
Por la tarde
el Gobierno de Carlos Joaquín informó que el Comité de Autorización de Escoltas
de ex Funcionarios Públicos sesionó y decidió retirarle 34 de esos escoltas.
Pero Borge se quedó con 10 escoltas a su servicio y tres vehículos, pues la Ley
así lo prevé.
La
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(Seido) de la PGR abrió una investigación en contra de Roberto Borge en febrero
de este año por la venta irregular de terrenos con un valor de hasta 5 mil
millones de pesos a presuntos prestanombres. La PGR investiga al ex Gobernador
por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en febrero
de este año aseguró 25 inmuebles.
Sin embargo, no existe ninguna orden
de aprehensión en contra de Roberto Borge.
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