Colectivos de familiares de
desaparecidos de México y Centroamérica y organizaciones sociales integradas en
el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reprocharon al gobierno de
Enrique Peña Nieto el no cumplir con su palabra ni tener voluntad política para
buscar a las miles de víctimas de desaparición forzada y por particulares.
A unos días de que concluya el actual
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y luego de apretadas
negociaciones, los representantes de los 40 colectivos de familiares de
víctimas apenas lograron algunos avances en el dictamen de Ley General sobre
Desaparición Forzada y por Particulares que, reconocieron, no se apega a
estándares internacionales ni al objetivo esencial para las familias que es la
búsqueda.
En un
comunicado, los colectivos y las organizaciones informaron que pese a sus
discordancias decidieron “acompañar el proyecto” bajo la premisa de que “la ley
es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles (a los desaparecidos) y
encontrarles y seguiremos reiterando a necesidad de mecanismos de búsqueda
operativos y eficaces”.
Tras emplazar al Estado a “demostrar
que la estructura que propone va a funcionar”, los colectivos de familiares
describieron sus reservas, focalizadas en “la falta de capacidades y atributos
suficientes” de lo que sería la Comisión Nacional de Búsqueda “para responder
eficazmente a la problemática de la desaparición del país”.
Al recordar
que desde hace dos años, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
(MovNDmx) ha trabajado al lado de organizaciones, expertos y legisladores
interesados en sacar la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición
por Particulares, destacaron que en los últimos días la propuesta “se vio modificada por
las observaciones del Ejecutivo”, mismas que consideraron “inaceptables”.
Añadieron
que la última versión del dictamen “tiene
aspectos que abona a que el Estado mexicano atienda la problemática, pero deja
grandes pendientes”, como que la Comisión Nacional de Búsqueda “no contará con
policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la
realización de acciones de investigación, todo en disminución de su capacidad
operativa”.
De acuerdo
con el análisis hecho por el Movimiento, en la última propuesta del Ejecutivo “no existe claridad sobre los criterios
para definir quién será el responsable, ya sea la Federación o autoridades
locales, de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas”, además de que se
sigue utilizando el término de “no localizadas”, cuando es contrario a las
recomendaciones internacionales que se le han hecho al Estado mexicano.
El
documento, dijeron, tampoco atiende los
estándares internacionales para “fincar responsabilidades al superior jerárquico
cuando en razón de sus funciones debió saber lo que las personas a su cargo
realizaban”.
Las familias
de desaparecidos reiteraron: “Para el
MovNDmx está claro que el gobierno no cumple con su palabra y la voluntad
política que dice tener, pues no está demostrada en todo el dictamen”.
Al señalar
que como colectivos de familiares
insistirán en “la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces”,
el MovNDmx llamó a senadores y diputados a aprobar la Ley General sobre
Desaparición Forzada y por Particulares durante este periodo y “honrar su
compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas”.
El
posicionamiento fue firmado por más de 40 colectivos y organizaciones de
Guerrero, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Estado de México, Michoacán,
El Salvador, Chiapas, Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua,
Coahuila, Jalisco, Morelos y Guatemala.
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