LA JUSTICIA EN MÉXICO
sábado, 29 de junio de 2019
Reporta la SSC 170 mil asistentes a la marcha del orgullo LGBTI+
Por Elba
Mónica Bravo.
La
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México actualizó su reporte a
170 mil asistentes a la 41 celebración de la marcha del Orgullo Lésbico, Gay,
Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual con el lema
"Orgullo 41: ser es resistir".
Este es el
cuarto corte informativo sobre el número de participantes en la movilización
que inició al medio día.
Alrededor
de las 14 horas informó que eran 19 mil participantes; posteriormente 60 mil y
a las 16 horas con 30 minutos informó que ya sumaban 70 mil los asistentes.
La última
actualización refiere que son 170 mil los participantes.
La SSC
informó que la retaguardia se encuentra sobre la Avenida Juárez, mientras que
en el Zócalo capitalino se desarrolla un evento artístico cultural.
Ayer el
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, informó que para la
marcha se desplegaría un operativo de más de 5 mil elementos.
Miles de
personas salieron hoy a las calles para sumarse a la 41 edición de la Marcha
del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI+), que se
dirigió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. En esta
edición se recuerda el Baile de los 41, una histórica redada policial que se
realizó en 1901 durante la presidencia de Porfirio Díaz, en una fiesta
organizada por hombres
Publica Presidencia reglamento de la Guardia Nacional.
Gustavo
castillo y Fabiola Martínez.
El
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por
el que se expide el Reglamento de de la Ley de la Guardia Nacional, que regula
la actuación, administración y operación de este nuevo cuerpo de seguridad
pública que mañana entrará en operación a nivel nacional.
Entre otros
elementos, establece la posibilidad de realizar operaciones encubiertas de
combate a grupos y actividades delictivas relacionadas, los mecanismos mediante
los cuales se podrán intervenir comunicaciones para realizar acciones de
prevención y el establecimiento de un centro de inteligencia.
Además, establece
las regulaciones para el ingreso, ascenso y retiro de los elementos de la
Guardia Nacional y los mecanismos de pertenencia y supervisión de los agentes.
El
decreto fue publicado este sábado en el Diario Oficial de la Federación y en él
se establece que la Guardia Nacional será una “institución de seguridad
pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC)”.
Entre las
atribuciones que se otorgan a esta corporación encabezada por el general Luis
Rodríguez Bucio, podrá proponer al titular de la SSPC, los lineamientos para la
planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información que
genere la Institución en materia de seguridad pública”, con lo cual podrá
construir sus propios mecanismos de inteligencia.
De esa
manera, podrá también solicitar a la autoridad judicial autorización para
requerir a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas
aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, de
sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como
la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para
el cumplimiento de los fines de prevención de los delitos, como son casos de
secuestro y otros ilícitos considerados graves.
Contará
con un área de Inteligencia que podrá “establecer, coordinar y dirigir un
centro de inteligencia”, para el combate a la delincuencia, además de llevar a
cabo la consolidación de “estrategias y mantener vínculos de inteligencia y de
cooperación en materia de información sobre seguridad pública con organismos nacionales
e internacionales”.
Agro Nitrogenados también dañó a Pemex en 2018: le abrió boquete de 5,157 millones, descubre la ASF.
Por Efrén
Flores.
En el último
año del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) encontró un boquete de 5 mil 157 millones 979 mil 100.85
pesos en obras de rehabilitación ligadas a las plantas de Agro Nitrogenados,
derivado de “pérdidas por deterioro”, “costos adicionales” injustificados y
adeudos desligados de obras “debidamente concluidas”.
Actualmente,
el Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador
mantiene una investigación abierta por la compra (en 2013 y 2015) de dos
complejos de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando
Emilio Lozoya Austin fue titular (2012-2016) de la Empresa Productiva del
Estado. Se trata de los complejos de Agro Nitrogenados en Pajaritos, Veracruz;
y de Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En la
primera entrega de la Cuenta Pública 2018, la ASF revisó los contratos de
obras de rehabilitación “de las plantas [Urea I y II] de fertilizantes
nitrogenados en el estado de Veracruz”, que fueron suscritos por las filiales
de la petrolera Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria (a la que pertenece
Agro Nitrogenados).
Sobre las
inversiones físicas que se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron,
la Auditoría (ejercicio 2018-6-90T9I-20-0471-2019 471-DE) concluyó que, “en
términos generales, Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria […] no cumplieron
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, por diversas
irregularidades encontradas.
La ASF reconoció
“una pérdida” de 212 millones 600 mil dólares (más de 4 mil mdp constantes, al
tipo de cambio promedio de 2018) “por efectos de deterioro correspondientes al
valor de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin
que se previera reanudarlo en el corto y mediano plazos”.
Asimismo halló
“costos adicionales” por 22.7 millones de pesos del “suministro de agua
tratada” en las plantas de Urea I y II, sin que estas “se hallaran aún en
funcionamiento”. Lo mismo sucedió con el pago de suministro de tanques de
nitrógeno y nitrógeno líquido por 1 millón 054 mil 700 pesos, a pesar de que
las plantas no estaban en operación.
La Auditoría
también encontró adeudos con contratistas por 44 millones 593 mil 500
dólares (casi 858.4 mdp a 2018) y 183 millones 481 pesos, “sin que se
integraran en alguna estimación generada por conceptos de obra debidamente
concluidos, acompañada de la documentación que acreditara la procedencia de
realizar su pago”.
Los
montos no justificados, según las condiciones operativas de las plantas y la
falta de integración de gastos, no son mencionados por la ASF como pendientes
de aclarar, o como un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal;
pero sí ameritaron 15 observaciones, de las cuales, una fue solventada antes de
la integración del informe 2019. Las 14 restantes generaron 13 recomendaciones
y nueve “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”.
Más allá de
las erogaciones de Pemex Fertilizantes y Pro-Agroindustria, la ASF determinó
que la entrega-recepción de algunas obras de rehabilitación –en las plantas de
Veracruz– fue realizada “sin que la empresa [receptora] hubiera realizado las
pruebas de confiabilidad” necesarias.
También
hubo deficiencias por falta de personal capacitado para ejecutar “pruebas de
arranque” antes de las obras; por no determinar los costos estimados de algunos
proyectos y riesgos asociados; debido a problemas en la integración de órdenes
de trabajo; la falta de aplicación de mecanismos de control y seguimiento a los
bienes y servicios contratados, entre otros.
AGRO
NITROGENADOS.
El 20 de
diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de Agro Nitrogenados en Pajaritos,
Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria. La compra-venta fue
justificada con dos razones. La necesidad de generar más fertilizantes y
productos petroquímicos en México; y la capacidad de producción de un millón
anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrados.
Sin embargo,
el “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes menciona que al momento de
la compra, los dos “trenes de urea” de Agro Nitrados llevaban 14 años sin
operación, por lo que se encontraban “en una situación de extremo deterioro que
requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en marcha”. Además,
al momento de la compra, el complejo petroquímico de Cosoleacaque –al que fue
añadida– “no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2)
suficientes y a costos competitivos” para la producción de urea.
El valor de
la adquisición ascendió a casi 3.9 mil millones de pesos (constantes). Pero
seis meses después de la compra, la filial de Pemex Pro-Agroindustria contrató
a la empresa Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia) para rehabilitar las
plantas Urea I y II de Agro Nitrogenados. Esto le costó más de 6.8 mil millones
de pesos (constantes) a Pemex.
A este millonario
desembolso fueron sumados 923.8 millones de pesos (constantes) por un “faltante
presupuestal”, ya que “Pemex Fertilizantes recibió Pro-Agroindustria sin
presupuesto para cubrir [el] capital de trabajo y el servicio de la deuda” de
Agro Nitrogenados.
De este
modo, los datos oficiales indican que Agro Nitrogenados fue adquirida con un
sobre costo real de 200 por ciento, que implica un daño en contra de la
Hacienda Pública, tomando en consideración que a finales de 2018, Pemex aún
debía 3.5 mil millones de pesos (constantes) por la adquisición de la compañía
y que, hasta entonces, no contaba con “viabilidad operativa” plena, pese a las
obras e inversiones efectuadas.
“Se
incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de
fertilizantes nitrogenados, los costos han sido rebasados de 195 mil a 443 mil
099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días
calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado
utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable”, refiere la ASF en su reporte de
fiscalización del 12 de enero de 2018, sobre las obras en las plantas de Agro
Nitrogenados.
CASO
FERTINAL
El 16 de
diciembre de 2015, cuando Pemex adquirió Fertinal, “ésta presentaba pérdidas en
su flujo mensual por 12 millones de dólares”, de modo que la empresa
“técnicamente estaba en quiebra”, “con capital de trabajo negativo”,
“dificultad para implementar sinergias” y con una “producción decreciente”, se
lee en el el “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes.
Con la
compra de Fertinal, Pemex adquirió un complejo (en Lázaro Cárdenas, Michoacán)
y una mina (en San Juan de la Costa, Baja California Sur) que revitalizarían la
producción de petroquímicos, con un potencial adicional productivo anual de 1.4
millones de toneladas de fertilizantes.
“La demanda
nacional de fertilizantes en el país asciende a 4.2 millones de toneladas por
año de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos. Así, la producción de
Fertinal podría abastecer cerca del 30 por ciento de la demanda”, refiere la
ASF en su auditoría 15-6-90T9L-02-0514 514-DE.
Para ello, Pemex
pagó más de 2.9 mil millones de pesos (constantes) correspondientes al valor
real de la compañía, además de 5.9 mil millones adicionales para cubrir los
adeudos que tenía Fertinal. A ello fueron sumados –a lo largo de los años– más
de 4.4 mil millones para levantarla, 1.7 mil millones en capital de trabajo,
2.7 mil millones por pérdidas contables y 495 millones para el pago de
intereses.
Esto quiere
decir que Fertinal fue adquirida con un sobre costo real de 313 por ciento,
aunque la inversión total (a 2018) fue 5.2 veces mayor al valor máximo
establecido en 2015, para su adquisición.
El 23 de
diciembre de 2016, un año después de la compra de Fertinal, la ASF determinó
al respecto que Pemex no había proporcionado la información adecuada y
suficiente para “dar seguimiento mediante la revisión documental y el
establecimiento del mecanismo para confirmar la razonabilidad del precio final
de la transacción”.
Para 2018, Pemex
Fertilizantes reportó que “Fertinal ya cuenta con flujos suficientes para
cumplir los compromisos del crédito de refinanciamiento”, pero “aún no se tiene
la capacidad para cubrir el servicio de la deuda por el crédito de
adquisición”. El 28 de enero de este año, Pemex liquidó la primera de 145
amortizaciones mensuales, correspondiente a los compromisos de créditos
asociados al Grupo Fertinal.
La ASF halla más irregularidades del NAIM en 2018: 44.1 millones de pesos en contratos no aparecen.
Por Daniela
Barragán.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
encontró irregularidades en contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) por 44 millones 128 mil 446 pesos, de acuerdo con la primera
entrega de la Cuenta Pública de 2018.
La ASF publicó
sólo cuatro revisiones. Se encontró que en el proyecto cancelada por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron obras sin estudios
preliminares ni proyecto ejecutivo; sin derechos de sitio; sin licitación; se
compraron 148 toneladas de acero que no se necesitaban y pagos por servicios
que no se realizaron.
También se
detectaron casos como el de una empresa ganó una licitación sin precisar cómo
llevaría a cabo las actividades; que en cinco licitaciones el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) no fijó un costo base; se
permitieron contratos por Adjudicación Directa y por Invitación a Tres Personas
sin la debida justificación y se pagó por una supervisión antes del inicio de
obra y los servicios empezaron 48 días después de iniciados los trabajos.
Otras de
las observaciones fueron por la asignación de una obra fuera del contrato que
aumentó 27 por ciento el costo y el pago por insumos que ya se habían pagado
desde un inicio.
En el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 para
el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se
aprobaron 5,500,000 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la partida
de gasto 46101 “Aportaciones de Fideicomisos Públicos”, en particular al
“Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Es
importante mencionar que además de los recursos presupuestales, en el
Fideicomiso mencionado existen recursos disponibles de otras fuentes de
financiamiento.
LOS INFORMES
Y LOS PROYECTOS.
De la
revisión de la Construcción del Entronque de ingreso a la zona militar
Peñón-Texcoco en el Campus Sureste, la ASF concluyó que el GACM acumuló un
monto pendiente de aclaración por 1 millón 433 mil 309 pesos.
Esto porque no
se contó con los estudios preliminares ni con el proyecto ejecutivo terminado
durante el proceso de licitación, lo que provocó estudios y trabajos
adicionales, el pago duplicado de trabajos y la autorización de conceptos no
previstos originalmente.
Tampoco
se obtuvieron los derechos del sitio sobre el cual se ejecutarían los trabajos,
ni se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado antes del inicio
de los mismos y no se celebró el convenio de reducción de monto y plazo del
contrato de servicios por los trabajos correspondientes al entronque que no se
licitó y que debía supervisar.
Sobre el
desarrollo de la ingeniería y construcción de subestaciones y acometida
eléctrica del NAIM, el monto por aclarar fue de 17 millones 037 mil 903 pesos.
Aquí las
fallas fueron por la falta de retenciones por 5 millones 292 mil pesos; por
el pago de 6 millones 549 mil pesos por el suministro de 148.5 toneladas de
acero de refuerzo que no se requerían; por el pago de 2 millones 552 mil pesos
para la supervisión de precarga que no se utilizó y por el pago de 2 millones
642 mil pesos por el reporte final de supervisión de ingeniería cuando solo se
entregó un compendio de informes mensuales.
En cuanto
a los procesos de contratación para la construcción de las plataformas de la
terminales, edificios, terminal de carga, centro intermodal, plantas centrales,
red de distribución eléctrica, y el túnel de drenaje pluvial, la ASF publicó
que no se comprobó que en un procedimiento licitatorio la empresa ganadora
precisará cómo se deberían llevar a cabo las actividades correspondientes a los
servicios para garantizar el cumplimiento del contrato.
Además que
en dos procedimientos licitatorios no se cumplió el plazo de diferimiento para
dar a conocer los fallos de las licitaciones; en cinco procedimientos
licitatorios no se halló evidencia de que se realizó un presupuesto total ni el
relativo a los ejercicios subsecuentes y en cuatro procedimientos licitatorios
no se contó con un avance en el desarrollo de los estudios y proyectos que
permitieran a los licitantes preparar proposiciones solventes.
Otros
problemas con las licitaciones fue que en una no se acreditaron los criterios
de excepción de la licitación pública ni por qué se excedió el monto máximo de
adjudicación de la invitación a cuando menos tres personas; en otro más no se
verificó que no existieran en ejecución trabajos similares; en otro el GACM no
se cercioró de que hubiera congruencia entre los alcances de un contrato de
supervisión y los periodos de ejecución de la obra a la que supervisaría y en
dos procedimientos más, el no se verificó que las contratistas garantizaran los
anticipos otorgados.
Finalmente,
sobre los trabajos de los pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y
el Centro de Transporte Intermodal se fijó un monto por aclarar de 25
millones 657 mil 234 pesos, el mayor de las cuatro auditorías.
Lo que la
ASF detectó que se asignó obra adicional y extraordinaria fuera del objeto del
contrato que representó un incremento de 26.7 por ciento, sin que se llevara a
cabo una licitación pública y en otro no se contó con los estudios previos y el
proyecto ejecutivo completos antes de la adjudicación del contrato, lo cual
obligó a formalizar de un convenio modificatorio de ampliación del monto que
representó un incremento de 23.8 por ciento respecto de lo pactado
originalmente.
Se detectó la
improcedencia del básico “Insumos adicionales por requerimientos de GACM para
pilotes” por el incremento en la producción de pilotes. Dichos insumos ya se
habían solicitado desde las bases y otros se duplicaron con los incluidos en
los precios de concurso, lo que generó pagos en demasía por 21 millones 154.9
mil pesos.
También
que en la integración de un precio unitario no considerado en el catálogo
original se determinaron incorrectamente las cantidades de acero de refuerzo
(zuncho), lo que generó un pago por 1 millón 047.4 mil pesos y que fue
incorrecto el pago de ajuste de costos por 3 millones 454.9 mil pesos,
integrados por los importes siguientes: de 2 millones 433.4 mil pesos por el
pago de ajuste de costos de un periodo en que no se ejecutó obra y de 1 millón
021.5 mil pesos porque se actualizaron insumos que no estaban considerados en
el catálogo original.
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