Por
Ixtlixóchitl López.
Historiadores
acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de falta de voluntad
política para cumplir con la promesa de hacer públicos los archivos de las
extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), dedicados al espionaje político y relacionados con
violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El investigador
Anuar Ortega Galindo aseguró que, pese al anuncio del titular del Ejecutivo
del 27 de febrero pasado, ningún nuevo archivo fue agregado a las filas del
Archivo General de la Nación (AGN) y la hipersaturación de solicitudes de
información sólo logró evidenciar la poca capacidad de respuesta que tiene el
organismo.
Además, de
las casi 3 mil versiones públicas que concentraba el AGN, sólo quedaron
alrededor de 200 ante la necesidad de actualizar las versiones existentes y
agregar la información sensible que hubiera podido ser reservada.
Incluso,
detalló, el decreto “hizo creer a los incautos que se había liberado
información de los servicios de espionaje” y los medios de comunicación
publicaron información ya conocida como novedosa, tal es el caso del expediente
del escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Asimismo,
Ortega Galindo mostró su preocupación por el artículo 36 de la nueva Ley
General de Archivos, que deja a interpretación el conflicto entre la
información de interés público y los datos personales sensibles, que podrían
reservar cualquier documento por un periodo de hasta 70 años.
Por su
parte, Rubén Ortiz Rosas recordó que, en 2001, una parte de los archivos de
la DFS correspondientes a 5 millones de sujetos investigados fueron trasladados
al AGN, sin embargo, los otros 15 millones de los que esta organización daba
cuenta en 1981 quedaron pendientes, así como el archivo administrativo del
Cisen.
Durante el
foro “Archivos censurados de la Guerra sucia. Memoria y justicia”, el doctor
en historia agregó que también hace falta información para saber quiénes se
encargaban de realizar desapariciones forzadas, detenciones extrajudiciales y
los manuales de contrainsurgencia o de operación de estas células de espionaje.
Esto,
aseguró, no se va a poder revisar en un año, ni en un sexenio. “Lo que se
requiere es una política pública que permita abrir por completo las
restricciones y de acceso a los archivos históricos confidenciales, para darles
un trato de archivos de derechos humanos”.
Indicó que, en
la actualidad, la mayor parte de los archivos relacionados con la represión, la
guerra sucia, el crimen organizado y sus vertientes, se encuentran censurados,
fragmentados en diferentes dependencias y estados de la República, como la
Procuraduría General de Justicia (PGR), la Secretaria de la Defensa Nacional
(Sedena), la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH).
Además,
apuntó, muchos de ellos, como los de la Policía del Distrito Federal,
comandada por el Negro Durazo, se encuentran en los denominados archivos de
concentración y abandonados en bodegas cuya ubicación es desconocida en la
mayoría de los casos.
Ortiz Rosas subrayó
que conocer este tipo de archivos, como los de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SER), podría incluso dar cuenta de si en el país existió algo
semejante al plan Cóndor de Sudamérica.
Igual que
con Peña Nieto
En su
participación, María Magdalena Pérez Alfaro, historiadora y profesora de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, consideró que en
la actual administración “hay una continuidad de la políticas restrictivas del
gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto “, pues las respuestas que
otorgan los organismos de acceso a la información son las mismas.
Asimismo, se
pronunció por el acceso irrestricto a los archivos y a que cualquier persona
pueda consultarlos, por lo calificó como insuficiente la respuesta del director
del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, sobre las limitaciones del presupuesto y de
atención a la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de datos
personales.
Pérez
Alfaro manifestó que “no sólo se trata de personal y presupuesto, se trata de
voluntad política”. Por ello sumó su preocupación sobre el organismo que
definirá las controversias en la nueva Ley General de Archivos que, más allá de
dar cuenta sobre el pasado, definirá también la forma en que los archivos de
casos como Ayotzinapa, Atenco o Tlatlaya serán tratados y entregados al
público, así como los referentes al actual fenómeno migratorio y los que
resulten de las tareas de la Guardia Nacional.
Aunque
reconoció que no toda la información proporcionada por el Estado es verídica,
pues en muchos casos se trata de archivos espurios, consideró su apertura como
elemental para conocer la lógica de las instituciones sobre la disidencia
política, los movimientos sociales y las diferentes vertientes políticas.
Por su
parte, Jorge Gálvez, del Comité ¡Eureka!, apuntó que el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas se comprometió a investigar los 557 casos que la organización
ha documentado de 1969 a 2013, así como a los perpetradores de los crímenes
cometidos en este periodo, información de relevancia que, aseguró, debe darse a
conocer por tratarse del acceso a la verdad y a la justicia.
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