Conacyt promete que ningún centro de investigación va a colapsar; reorganizará gastos.

Por Itxaro Arteta.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) promete que ningún Centro Público de Investigación (CPI) va a colapsar y que resolverá con Hacienda la reorganización de sus gastos antes de agosto, plazo en el que algunos han señalado que ya no podrán pagar sus cuentas.

El director adjunto de los CPI, Alejandro Díaz, asegura en entrevista con Animal Político que se ha distorsionado la situación de los Centros, porque cuando el presidente ordenó reservar recursos, se refería a lo destinado a actividades administrativas, mientras que Conacyt ha indicado que no se afecte la operación sustantiva de investigación. Sin embargo, los Centros han tenido la libertad de tomar dinero de unas partidas para usarlo en otras, y eso ha generado el desajuste.

“El problema es que durante muchos años, nunca se corrigió que los Centros usaban ese rubro de gasto administrativo para trabajo de campo. Entonces lo que estamos haciendo ahora, trabajando con ellos, es resolver estas inconsistencias en el manejo de sus recursos para que tengan el recurso en las partidas que tienen que ser”, afirma.

En enero, empezaron los trabajos para ordenar y reducir gastos, y durante todos estos meses ha estado reuniéndose periódicamente con cada uno de los directores de los 27 Centros que conforman la red para analizar caso por caso.

Lo primero, fue que ordenaron a los CPI buscar un ahorro del 5 %. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 les otorgó 5 mil 815 millones de pesos; pero con las reservas ordenadas, están disponibles solo 5 mil 650 millones, según Díaz, lo que implica 138 millones menos de lo que habían recibido en 2018.

También en enero pidieron a los Centros un análisis de su gasto para aclarar en qué hacía falta, pero solo lo presentaron el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej), Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Con este último, incluso, se elaboró una propuesta para negociarla con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que sirviera de vía replicable para los otros en cuanto a reordenar el gasto.

Pero el 3 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un memorándum en el que ordenó a toda la administración pública nuevas medidas de austeridad, como reducir 30 % los gastos en materiales de oficina y combustibles, y hasta en 50 % la subcontratación de servicios con terceros.

Entonces, los CPI anunciaron que tendrían que despedir a personal técnico que apoyaba en proyectos de investigación, algunos como el Instituto Mora advirtieron que podrían despedir a 40% de trabajadores eventuales, y más de tres mil científicos firmaron una carta para pedir al gobierno reconsiderar las medidas.

Díaz, que coordina los centros ante el Conacyt, afirma que siempre se ha tenido el problema de que, como los investigadores son considerados servidores públicos, cualquier medida destinada a los funcionarios les afecta, además de que, si bien el comunicado estaba dirigido a mandos medios y de enlace, la libertad con la que cada Centro utiliza sus recursos ha provocado dudas sobre de dónde recortar.

Pero asegura que desde el principio han buscado solventar la situación.

“Ha sido muy complejo porque son 27 centros distintos, de diferente naturaleza jurídica –los casos de asociaciones civiles, sociedades civiles–, diferentes tamaños, diferentes estructuras administrativas, entonces no son homogéneos. Ordenarlo no es fácil, es complejo, porque hay que revisar caso por caso, sentarnos en esta mesa, ellos tienen que decirnos cómo están gastando, cómo justifican cierto gasto, y en qué necesitan que el Conacyt como coordinadora los apoye para solventar eso. Pero en ningún momento ningún centro va a colapsar. Estamos muy cerca trabajando con Hacienda para que esto no suceda, y Hacienda está muy sensibilizada respecto a lo que está pasando. Pero necesitamos que los directores, como cada quién tiene libertad para ejercer el gasto, que cada quién nos diga qué están haciendo”, detalla.

El 31 de mayo, cada Centro entregó al Conacyt sus justificaciones de gastos del dinero que les reservaron, después de que se realizaran juntas de gobierno para aprobar la ruta legal a seguir en cada caso.

El CIDE, uno de los que en los últimos meses varios académicos han alertado porque podría ser inviable a fin de año, confirmó en los primeros días de junio mediante su cuenta de Twitter que se había definido una ruta para atender sus problemas presupuestales.

Al igual que otros centros públicos de investigación, el CIDE ha enfrentado en años recientes reducciones presupuestales y restricciones administrativas.

La presión en ese Centro, explica Díaz, es porque es uno de los que más recursos usa del capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos, referido a servicios externos, que fue uno de los que se ordenó reducir.

En el PEF consta, efectivamente, que el 21 % de los 355 millones de pesos que recibió este año están etiquetados de esa manera. Nueve de los 27 CPI destinan más del 20 % de su gasto a ese capítulo, que incluye la contratación de servicios profesionales externos.

No todos los CPI manifestaron su confianza en la ruta emprendida tras sus juntas de gobierno. El pasado viernes, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) envió a su comunidad académica una carta en la que informó que tuvo que recortar una dirección de área, una subidrección, dos coordinaciones y dos jefaturas de departamento, en atención a la orden de reducir 20% lo destinado a mandos medios y superiores, razón por la cual también se les quitaron los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada.

Además, despidió a 10 personas contratadas mediante el capítulo 3000, “servicios generales”, por la orden de reducir 30 % las remuneraciones que salían de ahí. El CIESAS tiene etiquetados para ese rubro 19 % de sus 282 millones de pesos.

Sin embargo, en la carta también reconoció que “hasta el ejercicio 2018 la SHCP permitía hacer adecuaciones internas y externas que provenían de las economías realizadas en distintas partidas para subsanar otras en las que faltaban recursos. Esta posibilidad hoy está cancelada”, con lo cual advirtió que sin esa libertad, tal vez no pueda afrontar pagos de aguinaldos, primas vacacionales, de antigüedad y liquidaciones de las plazas que se recorten.

En mayo pasado, los investigadores del Ciatej recibieron un oficio donde se les prohibía cargar hasta el celular, para ahorrar energía eléctrica, además de otra serie de restricciones ordenadas para poder afrontar las medidas de austeridad y no enfrentarse a no poder pagar la cuenta de luz.

Sin embargo, Díaz asegura que esto no es nuevo. Cada año, explica, en diciembre eran necesarias adecuaciones presupuestales para ayudar a los Centros porque ya no les alcanzaba para pagar el agua, la luz o prestaciones laborales. Tan solo en 2018, asegura, 15 CPI presentaron un déficit que sumó 176 millones de pesos.

En la Cuenta Pública de 2018 se pudo constatar que cinco Centros ejercieron al final del año más dinero del que tenían presupuestado para pago de luz.

El de la mayor deuda fue justamente el Ciatej, a quien se le dieron 2 millones 850 mil pesos con este fin, seguido del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que necesitó 2 millones 841 mil pesos; el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, un millón y medio; el Centro de Investigación Científica de Yucatán, 737 mil; y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 289 mil pesos extras.

“Lo que queremos este año es que se pongan en orden, justifiquen sus gastos. Si este año ordenan y podemos sanear, entonces ya no tendríamos ampliaciones presupuestarias al final de los siguientes años”, señala Díaz. “Si se logra ordenar el gasto, podemos hacer mucho por la ciencia y el desarrollo tecnológico de este país. Y este año tendrá que ser así con los Centros, tienen que ordenar su gasto, evitar los gastos superfluos, ajustarlos al memorándum de austeridad sin afectar su actividad, y en ese sentido esa es nuestra tarea como coordinadora”.