Por Mathieu
Tourliere.
La
Secretaría del Bienestar no sólo rechazó una recomendación que le extendió la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las estancias
infantiles, también
–en un oficio del 21 de junio dirigido a su presidente, Luis Raúl González Pérez–
acusó al organismo autónomo de encubrir crímenes y mantener la impunidad
durante el “periodo autoritario neoliberal”.
La
dependencia calificó como “aberración inaceptable” que la CNDH emita una
recomendación que cuestione la decisión del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador de sustituir los subsidios a las estancias infantiles por un apoyo
directo a los padres de familia, y afirmó que detrás de esta recomendación se
encuentran “motivaciones políticas” promovidas por “particulares, la mayoría
militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”.
En su
recomendación 29/2019, un documento de 241 cuartillas emitido el pasado 10 de
junio, la CNDH estimó que el cambio en el programa de estancias infantiles
“constituye una medida regresiva” en materia de derechos humanos, pues más allá
del cambio de nombre y de reglas de operación, afirmó, el programa sufrió un
recorte presupuestal de 50.16% en comparación con 2018.
Desde su
primer párrafo, en el oficio SB/SDSH/200/435/2019 –firmado por la subsecretaria
Ariadna Montiel Reyes y dirigido a González—, Bienestar arremetió contra la
CNDH:
“Durante el periodo autoritario neoliberal,
en lugar de ser la institución que defendiera el pueblo de las atrocidades
cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento
de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción
y privilegios”, planteó.
Reprochó
a los sucesivos titulares de la CNDH que “nada hicieron” para acabar la “guerra
de exterminio” que lanzó Felipe Calderón Hinojosa, para “exigir justicia” en
las “infamias” de Tlatlaya y Ayotzinapa durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, o para hacer justicia en el incendio de la Guardería ABC.
En su
recomendación, la CNDH recordó que el recorte de 50.16% al presupuesto del
programa viola las leyes mexicanas, que “prohíben expresamente la disminución
del presupuesto de ese tipo de programas sociales”, y exhibió que la Secretaría
de Bienestar incurrió en varias irregularidades en los censos realizados para
la inscripción al nuevo programa: afirmó que “al menos 6 mil 220 personas
menores de edad” no fueron censadas.
La
subsecretaria Montiel, quien fue legisladora por Morena y directora de la Red
de Transporte de Pasajeros (RTP) capitalina durante el gobierno de Marcelo
Ebrard Casaubón, reviró a la CNDH que su recomendación “se excedió”, “no
realizó un análisis jurídico de la información”, o fue “omisa”, entre otros.
En su
opinión, la CNDH “no demostró” que el recorte presupuestal al programa
“genere un prejuicio directo y real a la población objetivo”, y añadió que “al
solicitar que se restaure el presupuesto anterior, está solicitando la
desprotección de los derechos humanos de otros beneficiarios de los programas
para el bienestar”.
Afirmó
que, durante los sexenios pasados, el Programa de Estancias Infantiles otorgó
subsidios a estancias con condiciones de riesgos para los niños o que
incurrieron en actos de corrupción.
La política
defendió el cambio del Programa de Estancias Infantiles anterior al actual de
Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: aseguró
que con ello se elimina el “esquema de intermediación en las guarderías” y que
al entregar el recurso a las familias “se mantiene exactamente la capacidad de
generar exactamente los mismos resultados”.
Según ella, la
nueva fórmula permite incluso a las familias “optar por la posibilidad de que
sea un familiar quien se haga cargo del menor, en beneficio de la calidad del
cuidado y atención infantil, así como de la economía familiar”.
También recalcó
que la reasignación del subsidio “no impide o prohíbe a las madres, padres o
tutores, que recurran a los servicios privados de las estancias infantiles”.
En la tarde
de este miércoles, la CNDH emitió una escueta “nota informativa” donde
expresó con un tono neutro que “no comparte la negativa de aceptación” de su
recomendación, y anunció que realizará un “análisis puntual” de la respuesta
para “formular las consideraciones procedentes”.
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