Darío Celis.
¿Por qué
están cobrando relevancia expedientes político-financieros? ¿Por el tamaño del
quebranto o por la violación al Estado de derecho de los inversionistas frente
a reguladores omisos?
El caso
de Oro Negro encierra ambas razones: hubo un quebranto de grandes proporciones
a ahorradores de Afore y las autoridades resultaron ser excesivamente laxas.
La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en tiempos de Jaime González Aguadé,
no dio puntual seguimiento a la emisión de los Certificados de Capital de
Desarrollo que levantó.
Por la vía
de ese instrumento, la empresa de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo obtuvo
de los trabajadores afiliados a las Afore de Sura y Banamex por lo menos 400
millones de dólares.
La
empresa de servicios petroleros, hoy en la ruta de la quiebra, también obtuvo
de fondos principalmente europeos otros casi mil millones de dólares, con los
que adquirió cinco jack-ups.
Pero ese no
es el tema de fondo. El meollo es más jurídico e involucra directamente a
autoridades regulatorias que en el gobierno de Enrique Peña fueron negligentes
con ahorradores e inversionistas.
Oro Negro es
de los más recientes, pero antes tronaron las tres principales vivienderas:
GEO de Luis Orvañanos, Homex de Eustaquio de Nicolás y Urbi de Cuauhtémoc Pérez
Román.
También están
los casos de las sociedades financieras populares Ficrea de Rafael Olvera, ALTA
de Luis López Panadero y más reciente Planfía, que dirigía José de Jesús
Venegas.
La CNBV
de González Aguadé y su vicepresidente jurídico, Edgar Bonilla, poco o nada
hicieron por ahorradores e inversionistas, más allá de 'palomear'
autorizaciones.
Cientos
de millones de dólares se defraudaron con la venia del regulador. Ahora Bonilla llega a dirigir el
Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom).
A ese
organismo están arribando expedientes que como exvicepresidente de la CNBV le
tocó supervisar. Bonilla acaba de sumar al Ifecom a su amigo Marco Antonio
López.
Este a su
vez fue vicepresidente de Supervisión de Grupos Financieros en la mencionada
comisión.
SEMANA
REDONDA PARA el Grupo ICA, que preside Bernardo Quintana Isaac. El lunes los
accionistas de la constructora estuvieron con Andrés Manuel López Obrador. El
presidente les palomeó cuatro grandes proyectos en los que tendrán
participación destacada. Apunte el desarrollo de cuando menos un paquete de la
nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco; la reconfiguración de la refinería de
Tula, en Hidalgo; el desarrollo de un tramo del Tren Maya, en Quintana Roo y
Yucatán, y la edificación de la presa de almacenamiento Santa María, en
Sinaloa. Con estos contratos la firma dirigida por Guadalupe Phillips y cuyo
principal inversionista es Fintech Advisory, del regio David Martínez, le va a
dar vuelta a su situación financiera.
POR CIERTO
QUE el gobierno de la 4T ya invitó oficialmente a las empresas para Dos Bocas.
A Fluor, que preside Carlos S. Hernández, le asignaron los paquetes 1 y 3; a
Bechtel, de Brendan Bechtel, los paquetes 1, 2 y 6; a Wood Group, de Robin
Watson, los paquetes 3, 4 y 6; a Saipem, de Stefano Cao, los paquetes 2, 4 y 6;
a Samsung, de Kim Ki Nam, los paquetes 1, 2 y 3, y a KBR, de Stuart Bradie, los
paquetes 1, 4 y 6. Al final quedó fuera Jacobs, de Steven J. Demetrious, porque
solo quería participar en la parte de ingenería y no en la procura. Como le
informé ayer, cada grupo puede aspirar a ganar un máximo de dos paquetes y está
obligado a llevar como socio a un mexicano que tendrá el 40 por ciento de
participación.
EL PROCESO
QUE está entrando a su fase final es la venta de tres de los seis centros de
datos de Axtel, que fundó Tomás Milmo. Se trata de una operación cercana a los
250 millones de dólares. Los data centers se ubican en Monterrey y Querétaro y
están en la puja cinco grupos internacionales. Apunte a las plataformas
tecnológicas Digital Bridge y Equinix, al gestor de activos inmobiliarios Digital
Realty Trust y a los fondos Brookfield y Blackstone. Le decíamos hace unas
semanas que Citibanamex, que dirige Ernesto Torres Cantú, es el agente vendedor
contratado por Axtel, filial del Grupo Alfa.
SHELL ES
OTRA que está negociando con el Grupo Simsa de Salomón y Nesim Issa subirse al
Sistema Tajín. La firma dirigida por Alberto de la Fuente quiere importar a
partir de octubre gasolinas desde Estados Unidos vía marítima para suministrar
a las cerca de 400 estaciones de servicio con las que esperar cerrar 2019. La
idea es descargar en el puerto de Tuxpan, almacenarla en el centro de Simsa en
esa localidad y llevarla a través de pipas al centro del país.
LAMENTABLE
EL ESTADO del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que mal dirige
Juan Lozano. Está cerrando sus oficinas regionales. Fue el caso de León y en
breve tocará a Guadalajara. Antes de que concluya el año bajarán la cortina
Monterrey, Puebla y Mérida. La austeridad mal entendida por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y aplicado por Carlos Urzúa en Hacienda, tirará por
la borda años de preparación de cuadros especializados.
OTRO
ENCONTRONAZO DE Rocío Nahle y Octavio Romero que terminó en la suspensión,
abruptamente, del Consejo de Pemex el martes pasado. Resulta que la secretaria
de Energía le vetó al director de la empresa dos nombramientos claves: Marcos
Herrerías y Víctor Navarro, como directores de Administración y de Planeación,
respectivamente, de la petrolera. Y es que ninguno tiene título ni cédula
profesional que avale la posición que van a ocupar.
ENTRADOS EN
LAS grillas de los funcionarios de la 4T, el director del Bancomext y Nafinsa
finalmente logró sacudirse a su directora de Administración y Finanzas, Martha
Patricia Jiménez. Eugenio Nájera no pudo designar a uno de su confianza porque
el susodicho Carlos Urzúa le impuso a esta mujer, cuyo principal mérito es ser
tabasqueña y exsenadora del PRD. Jiménez no acataba las órdenes de su jefe
porque éste era, en realidad, el secretario de Hacienda.
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