Raymundo Riva Palacio.
Las prisas y las improvisaciones del gobierno de México no
ayudaron a fortalecer la posición ante las amenazas del presidente Donald
Trump, de imponer aranceles si no frenaban la migración hacia Estados Unidos y
enfrentaban al crimen organizado, y mostró su temor. El providencial respaldo
republicano que presionó a la Casa Blanca para recular la elevación de
aranceles por el costo político que pagarían con el electorado –al ser los
consumidores quienes terminarían pagando más por los productos mexicanos–, abrió
una puerta de salida al conflicto, pero no solucionó el problema de fondo. En
la reunión que tuvieron en la Casa Blanca, la lista de demandas se elevó. Si
las aceptan como “concesiones absolutas”, dijo el consejero comercial de línea
dura de Trump, Peter Navarro, los nuevos aranceles “podrían no entrar en
vigor”.
La falta de estrategia mexicana fue evidente desde el primer
momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que
viajaría una delegación mexicana a Washington para negociar con los
estadounidenses y despachó a la mañana siguiente al secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, sin estar enterados los dos que sus contrapartes
estaban de viaje y no regresarían hasta el miércoles. Salvó la cara la reunión
el lunes con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con la secretaria de
Economía, Graciela Márquez, que se sumó a la delegación el domingo. Pero esto
fue fortuito, aprovechando Márquez una oportunidad que se le cruzó.
Márquez estuvo en San Salvador el sábado pasado representando
al gobierno mexicano en la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de
El Salvador, y se cruzó con Ross en el lobby del hotel. La secretaria lo abordó
y le pidió una cita en Washington. Audaz, no esperó instrucciones presidenciales,
y ayudó a darle cuerpo a un viaje que tuvo que iniciar con conferencias de
prensa desde la embajada mexicana, para llenar los espacios de opinión pública
y evitar que el énfasis fuera el de una espera en las puertas de Foggy Bottom.
La entrevista con Ross sirvió para los consumidores mexicanos, pero sin llegar
a ninguna parte. El conflicto de Trump con México no es comercial.
Ebrard habló informalmente el domingo con el secretario de
Seguridad Interior, Kevin McAleenan, que mencionó los temas que molestaron a
Trump, y donde no veía avances: freno a la migración, falta de seguridad, y el
control del crimen organizado del fenómeno. Ebrard no es contraparte de
McAleenan, pero López Obrador prefirió hacerlo responsable de esos temas en
lugar de enviar como interlocutores a quienes les tocan esos temas en su
administración: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el
titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Es el estilo del
presidente, la transversalidad, encargando funciones fuera de su ámbito, a
quien le da mejores resultados.
El planteamiento sobre la mesa en la Casa Blanca fue conciso:
1) medidas enérgicas con quienes piden asilo en Estados Unidos; 2) reforzar la
vigilancia en su frontera con Guatemala, y 3) acabar con la corrupción de sus
funcionarios en los puntos fronterizos. Estados Unidos quiere un mayor control
sobre las visas humanitarias –preferentemente que se cancelen–, y que, en lugar
de hacerles la vida fácil a los inmigrantes en el cruce de México a esa nación,
que les quiten los incentivos para migrar.
Navarro explicó que México debía “comprometerse a recibir a
todos los que buscan asilo en Estados Unidos –que son deportados– y que les
apliquen las leyes mexicanas, que son mucho más fuertes que las nuestras”. Esto
significa que para Trump, el acuerdo con México, vigente desde febrero, de
recibir diariamente un máximo de 60 inmigrantes que quieren asilo en ese país,
debe ampliarse y aumentar la cuota, bajo lo estipulado en la Sección 235 del
Acta de Inmigración y Nacionalidad, que les fue comunicado el 20 de diciembre
pasado.
La “concesión absoluta” que mencionó Navarro, significaría
revertir la posición del gobierno de López Obrador de proteger a quienes
quieran iniciar un procedimiento de asilo en Estados Unidos, proporcionándoles
visas humanitarias con entrada múltiple a México, y para quien lo solicite,
visas de trabajo. Trump considera que los migrantes son introducidos por el
crimen organizado, que México no combate, y que han aprovechado un procedimiento
legal, conocido como 'el miedo creíble', utilizado como 'script' por los
sujetos a deportación, donde los jueces frenan el proceso al decir que tienen
miedo de morir si los expulsan. Las pretensiones no son aceptables todavía.
La segunda concesión sobre la mesa fue el compromiso de
México de reforzar su frontera con Guatemala, reforzada por la tercera
exigencia de frenar la corrupción en los puntos fronterizos. Los
estadounidenses no entienden por qué no pueden frenar la migración si lo que
tienen que sellar es una frontera de sólo 240 kilómetros. “Esos puntos de
entrada están diseñados para detener el flujo, pero en lugar de eso está la
corrupción, los funcionarios del gobierno que están haciendo dinero del tráfico
de personas”, precisó Navarro.
Los planteamientos generales de la Casa Blanca los expuso
McAleenan a Ebrard el domingo. Su afirmación de que había 80 por ciento de
posibilidades de llegar a un arreglo sugerían que habían aceptado “las
concesiones absolutas”. Navarro lo dejó entrever ayer en una entrevista con
CNN: “Creemos que los aranceles no van a entrar en vigor, porque ya tenemos la
atención de los mexicanos”, dijo. La esperada negociación en la Casa Blanca
entró en un impasse, aunque las señales son que aceptarán las condiciones.
Están muy arrinconados. Trump adelantó que “México quiere hacer un trato”, pero
Ebrard pidió tiempo para entender la dimensión de lo que exige Estados Unidos.
Cuestión de tiempo. Difícilmente López Obrador romperá con Trump.
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