Julio Astillero.
Hubo
momentos de tensión y grupos de encapuchados realizaron pintas, detonaron algún
cohetón, rompieron vidrios y mobiliario urbano y en algunos casos se
enfrentaron con policías. Pero, a fin de cuentas, la manifestación
conmemorativa del 2 de octubre transcurrió en lo general en una normalidad de
violencia ya casi rutinaria (esta vez acotada) y permitió recuperar la
viabilidad de la movilización cívica sin contratiempos mayores. Pocas mamás y
abuelitas (más allá de las previamente sabidas en los archivos policiacos
chilangos) habrán de ser notificadas por el presidente López Obrador a causa de
que sus hijos o nietos se hubieran portado (demasiado) mal en esta fecha
recordatoria de la tragedia de la Plaza de las Tres Culturas. La técnica de
amagar desde Palacio Nacional con algún familiar chanclazo reformatorio se
cubrió de cierta gloria casi folclórica.
Los
cinturones de paz, organizados por el gobierno de la Ciudad de México desde su
propia estructura laboral, se redujeron a una escenografía sin mayor capacidad
disuasoria, prestos a romper filas ante las amenazas de los encapuchados;
ciudadanos impropiamente habilitados para formar una primera fila de contención
ante eventuales alborotos presuntamente anarquistas, con hileras de policías
bien equipados como barrera de segundo tiempo que en ciertos momentos ensayó
las técnicas del encapsulado de manifestantes que en administraciones
anteriores fueron práctica constante.
Fluida esta
conmemoración cívica que no tuvo nada particularmente violento o escandaloso a
reportar. La esencia de la movilización ciudadana quedó así en primer plano el
2-O: la confluencia de voluntades deseosas de recordar lo sucedido 51 años
atrás, de condenar y repudiar a los agresores de entonces y de muchos años
posteriores, y la reivindicación de la lucha política como mecanismo de cambio
positivo en nuestro país.
Por otra
parte, se mantenía en lo alto el escándalo de las condonaciones y exenciones
fiscales dadas a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (dirigido
por Margarita Ríos-Farjat y la paisana presidencial consentida, Rosalinda López
Hernández, esposa del gobernador de Chiapas y hermana del de Tabasco). Carlos
Salinas de Gortari puntualizó que no tiene relación alguna con la persona moral
denominada Unidad económica Lic. Carlos Salinas de Gortari que el SAT incluyó
en su reporte. Felipe Calderón Hinojosa aseguró que no hubo intencionalidad
política para determinar los perdones fiscales ahora revelados.
Y Yeidckol
Polevnsky atribuyó a su contador el haber elaborado con errores algunos
trámites fiscales que terminaron llevándola a que le condonaran más de 16
millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto. La actual
presidenta de Morena (¿aún aspirante a dirigir ese partido en un nuevo periodo
o ya con este incidente le queda el camino libre a Bertha Luján?) y Ana
Gabriela Guevara, actual directiva de la Conade, no recibieron fustigamientos
en la conferencia presidencial mañanera que por incidentes menores suele
estallar contra sus opositores. El presidente López Obrador explicó que estos
beneficios a sus colaboradoras, sin mencionarlas por sus nombres, eran legales.
Le preguntaron: ¿Está usted conforme, cómodo, con que la presidenta de su
partido, y una integrante de su gabinete (Ana Guevara), en sus propias
palabras: ¿hayan sido predilectas del anterior régimen, porque literalmente se
les perdonaron impuestos? A lo que AMLO respondió, benevolente: Es que eran
condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo: legales. Estaban
establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal en Hacienda.
Eso sí, en otra parte de la conferencia señaló que es injusto que existan hijos
predilectos, hijas predilectas del régimen, que no pagan o se les condonan los
impuestos.
Y, mientras
el tribunal electoral federal ha dejado a Jaime Bonilla sólo con dos años de
gobierno en Baja California y no cinco como tramposamente pretendía el
morenista.
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