Con
información de Frida Sánchez y José Gerardo Mejía.
Frente a
la andanada de críticas de legisladores, activistas y organismos autónomos que
consideran que la reforma al artículo 28 de la Ley Estatal de Salud, que
permite a médicos ejercer la objeción de conciencia, es discriminatoria y hasta
inconstitucional, el Gobierno de Nuevo León anunció que vetará la norma.
Para sus detractores,
esta modificación legal abre la puerta para que trabajadores del sector nieguen
el servicio a personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, trasvesti e intersexual (LGBTTTI+), migrantes, indígenas y
portadores de VIH, entre otros.
“El
personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud,
podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la
presentación de servicios que establece esta ley”, indica texto que se añadió
al apartado IV, aprobado el pasado 15 de octubre por 35 votos a favor (del PAN,
PRI, Morena, MC y PT) cinco en contra y una abstención.
Al
presentar el dictamen propuesto por Juan Carlos Leal, de Encuentro Social, la
petista María Guadalupe Rodríguez expuso: “La objeción de conciencia es el
derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios
derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos
contradicen los propios principios éticos o morales”.
El
secretario de Gobierno del estado, Manuel González Flores, dijo: “Vamos a
vetar esa iniciativa; por supuesto que nos oponemos a una discriminación
marcada en la ley. Los médicos deben de atender a toda la ciudadanía sea esta
cual fuese. No estamos de acuerdo con la discriminación. Nosotros
garantizaremos que todo mundo tenga acceso a la salud”.
Al respecto,
la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió que
esta reforma representa un impedimento para que las personas ejerzan plenamente
su derecho a la salud establecido en la Constitución federal.
La
objeción de conciencia, abundó, no debe conducir, de ninguna manera, a que el
estado deje de prestar servicios médicos a la población, sobre todo si dicha
figura pudiera estar motivada por alguno de los supuestos que señala la ley
como discriminatorios.
La
Conapred exhortó a las autoridades e instituciones públicas a que tengan
presente el mandato del artículo primero de la Carta Magna, de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
En la Cámara
alta, Martha Lucía Micher, senadora de Morena, calificó como inaceptable que
en esa entidad prevalezca la homofobia: “Es un atentado contra el derecho a
tener derechos, una homofobia ridícula y verdaderamente atrasada; es un gran
retroceso en el avance al ejercicio de los derechos humanos”.
Su
compañero, Miguel Ángel Navarro, lamentó los cambios: “En pleno siglo 21 no
puede haber discriminación en materia de salud. Como médicos, nosotros vemos
pacientes, no vemos preferencias sexuales, esas las respetamos”.
El
coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que es
inconcebible que con una argucia legislativa, se trastoquen los derechos
ganados por sectores como el LGBTTTI, indígenas y migrantes. “Si trastoca un
orden jurídico ganado por nuestro país, no puede verse como una sombra en Nuevo
León”.
Samuel
García, de Movimiento Ciudadano, reprochó al Congreso local por este retroceso:
“Queremos que se retracten los diputados en la reforma que aprobaron, que
pretende negar el servicio a personas con VIH, por raza o creencia; es una figura
discriminatoria”.
Por
separado, las diputadas federales de Morena Tatiana Clouthier, Reyna Celeste
Ascencio y Sandra Paola González, pidieron eliminar el derecho de objeción de
conciencia.
Celeste
Ascencio, presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad en San Lázaro,
pidió “respetuosamente al Congreso de Nuevo León que considere y valore esas
cuestiones que puedan armonizar el derecho de objeción de conciencia con el
respeto a la vida, salud y dignidad de las personas”.
El
activista Mario Rodríguez, vicepresidente de Movimiento por la Igualdad en
Nuevo León, explicó a La Razón, que con esta reforma “lo único que hicieron los
diputados locales fue exponer su ignorancia y que pueden más los prejuicios
religiosos que la ley”, además de que violan los artículos 1°, 2° y 4° de la
Constitución.
“Todos
los médicos y enfermeras son funcionarios públicos. Negar el servicio de salud
sería un delito y por lo tanto estarían inhabilitados hasta por tres años al
servicio público”, remarcó.
Mariaurora
Mota, directora general de la Asociación Género, Ética y Salud Sexual de Nuevo
León, alertó que la reforma es obra de los “grupos antiderechos”, entre los
que agrupó a católicos y evangélicos.
“Cuando
llegue a la SCJN —que seguramente va a llegar— lo van a declarar
anticonstitucional, pero aquí lo que vemos es la mano de los grupos
antiderechos; esto lo están tratando de hacer en todos los estados, a nivel
federal ya lo lograron, ya está la Corte analizando este tema, pero lo van a
tratar de hacer en todos los estados”, puntualizó.
El Dato: El
lunes, el diputado de Morena Melchor Heredia propuso una reforma a la
Constitución local para prohibir toda discriminación motivada por origen
étnico, preferencia sexual…
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