Por Arturo
Rodríguez García.
A mediados
de septiembre, cuatro subdelegados regionales de desarrollo en Jalisco,
denunciaron uso electoral de Programas de Bienestar, nepotismo y operaciones
políticas en las que estaría incurriendo el superdelegado en la entidad,
Armando Zazueta. La consecuencia fue que, el pasado 14 de noviembre, fueron
despedidos.
No les
dieron ni aguinaldo ni finiquito; los convocaron a una reunión en Guadalajara y
ahí se les comunicó que su contrato estaba vencido y ya no se podría renovar.
Aunque faltaban 15 días para el término de su contrato.
Los hoy
ex subdelegados regionales son Olaf Guzmán Flores, quien se desempeñaba en
Tequila; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan; Luis Armando Vargas Prado,
de Mascota y, María de Jesús Padilla Romo, en Tepatitlán.
Esta mañana,
el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los superdelegados
tenían prohibido inmiscuirse en elecciones constitucionales y política interna
de partidos, señaladamente de Morena, y a quien se le sorprendiera haciéndolo
se le denunciaría directamente ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos
Electorales.
El grupo
de despedidos, remitió una carta el pasado 13 de septiembre acusando a Armando
Zazueta de estar construyendo una estructura con fines electorales y pidieron
una “investigación formal”.
La
Coordinación Estatal de Desarrollo en Jalisco, se ha visto envuelta en la
polémica desde que su primer funcionario, Carlos Lomelí, fue acusado de tener
tratos privilegiados y posibles conflictos de intereses y tráfico de
influencias, en beneficio de sus empresas de proveeduría médica. Ante el escándalo,
se sometió a una investigación de la Secretaría de la Función Pública que
podría resolver en breve el asunto.
En su
lugar fue designado Armando Zazueta, colaborador cercano al coordinador
nacional de los superdelegados, Gabriel García quien, al arribar al cargo en
agosto pasado, se vio expuesto por sus subordinados, debido a los excesos en
que se le sorprendió en el primer mes.
En su
edición 2240, correspondiente al 6 de octubre, el semanario Proceso acreditó
los diferentes casos de nepotismo, aviadurías y presunto uso político de los
programas de Bienestar.
También en
esa edición se informó también sobre las denuncias de los cuatro subdelegados
que fueron remitidas al presidente López Obrador, la secretaria de Bienestar,
María Luisa Albores; a la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, entre
otros, sin que hasta ahora se haya informado si existe o no investigación sobre
el caso.
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