Julio Astillero.
De entre las
reacciones declarativas que suscitó la publicación, aquí y en noticieros de La
Octava, de una carta de puño y letra que a este tecleador envió Israel Vallarta
(preso desde hace 14 años sin que el Poder Judicial federal se digne dictarle
sentencia), destaca la correspondiente a Olga Sánchez Cordero, actual
secretaria de Gobernación y ministra en retiro a la que estando en funciones
correspondió conocer del caso del ex compañero sentimental de Florence Cassez.
Dijo Sánchez
Cordero que el mismo criterio jurídico utilizado en el caso de la ciudadana
francesa (quien desde hace siete años goza de plena libertad y no culpabilidad
formal) debería aplicarse al caso del ciudadano mexicano (quien sigue sometido
al duro régimen de una cárcel de máxima seguridad en Jalisco). Tal es el punto
exacto de este caso: no debería haber en México dos varas judiciales para medir
casos iguales, sólo por diferencias de nacionalidad. El montaje difundido por
Televisa, en el espacio conducido por Carlos Loret de Mola, afectó de manera
idéntica el debido proceso instaurado contra Cassez y Vallarta, pero aquella
duró en la cárcel la mitad del tiempo que lleva el mexicano.
Por cierto,
la titular de Segob mencionó que el acusado de secuestro, junto con Cassez,
pertenece a la rama familiar de Ignacio Luis Vallarta (1830-1893), quien fue
gobernador de Jalisco (en su honor, un puerto se llama Vallarta), secretario de
Gobernación y de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; con sus votos particulares contribuyó a delinear el
juicio de amparo y sus restos están en la Rotonda de las Personas Ilustres.
Otros
servidores públicos y legisladores federales expresaron preocupación por los 14
años que Vallarta ha pasado en prisión sin que los jueces sean capaces de
resolver si es culpable o es inocente. Hubo también voces que, por el
contrario, estimaron que hay suficientes indicios de culpabilidad de Vallarta y
debe seguir en prisión, aunque ya con sentencia.
A un mes de
haber tomado posesión del gobierno de Baja California (luego de 30 años
continuos de administraciones panistas), el morenista (o, para más precisión:
obradorista) Jaime Bonilla Valdez está envuelto en un escándalo de corrupción
de su equipo de trabajo, que ya ha provocado la renuncia del Oficial Mayor y la
salida de cuadro (por razones de salud, se ha dicho) de la secretaria del
Bienestar. El tema es el de la política de siempre: moches, comisiones por
negocios privados con dinero público. En esta columna con mucha anticipación e
insistencia se advirtió del perfil de Bonilla y su equipo, tan propicio para
este tipo de hechos.
Ayer, los
magistrados del Tribunal Electoral federal expresaron su punto de vista adverso
a que Bonilla se mantenga cinco años en el cargo para el que lo eligieron por
dos. No es vinculatoria esa postura del tribunal electoral; es decir, no es
forzoso que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
asuman el criterio de los magistrados electorales. Pero, en caso de que en la
SCJN se aprobara la aberración de extender desde un congreso lo que en las
urnas fue definido en duración menor, difícil será para el gobierno de Bonilla
sobrellevar la etiqueta de espurio que le acompañaría en los tres años
complementarios y experimentales.
A las
variables económicas poco alentadoras para el año siguiente han de sumarse las
reservas que legisladores estadunidenses están haciendo en el camino de aprobar
el tratado trinacional norteamericano de libre comercio. Además de ciertos
puntos ambientales que han atorado la firma del documento en Washington, está
la pretensión de que inspectores del país vecino verifiquen el cumplimiento en
México de compromisos en materia laboral, por ejemplo, que las elecciones de
dirigentes sindicales sean verdaderamente democráticas. El presidente de México
ha dicho que esto es inaceptable.
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