Enrique
Galván Ochoa.
Ricardo
Monreal está tratando de amarrar apoyos del sector privado para una probable
candidatura. Piensa en la Presidencia, según sus allegados. Recientemente tumbó
una decisión de la Cámara de Diputados sobre los automóviles chocolates. Ya
habían acordado los diputados que se abriría un periodo de discusión con las
partes interesadas con miras a regularizar alrededor de 8 millones de vehículos.
Se opuso el sector empresarial. Desde el Senado, Monreal descarriló el acuerdo
y le dejó la decisión –y el problema– a López Obrador. Le quedaron agradecidos
los directivos del Consejo Coordinador Empresarial y las asociaciones de la
industria automotriz. Ayer Monreal torpedeó un dictamen sobre el outsourcing.
Se trataba de reformar el esquema que hasta hoy ha sido utilizado por empresas
para abusar de los trabajadores y eludir el pago de impuestos y cuotas del IMSS
e Infonavit, según el autor del proyecto, Napoleón Gómez Urrutia. El dictamen
ya había sido aprobado por los senadores de Morena, PES y PT en las Comisiones
Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos II. Sin embargo, Monreal, desde la
Junta de Coordinación Política, con el aval de PAN, PRI, PRD y Verde, dio
instrucciones de congelar el dictamen y, en su lugar, llamar a los sectores
interesados a lo que se llama parlamento abierto. (También conocido como
parlamento muerto.) Ganó Monreal más puntos con el Consejo Coordinador
Empresarial, y ojo, coincidió con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex,
uno de los críticos más agrios de la 4T.
Bonillazo,
corrupción.
La
historia de corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja
California comenzó a develarse a las dos de la tarde del 27 de septiembre de
2019, 36 días antes de que tomara posesión de la administración pública del
Estado, escribe la periodista Adela Navarro, directora del semanario Zeta de
Tijuana. Y añade: Una camioneta con matrícula G7FJ276 fue detenida para revisión
en el retén militar de la Laguna Salada, a la salida de Mexicali. El chofer
dijo a los soldados que llevaba 100 mil pesos en efectivo. Inmediatamente los
elementos del Ejército Mexicano lo aseguraron para una inspección a detalle y
encontraron más. En total llevaba 2 millones de pesos en efectivo dentro de un
maletín, y 600 mil dólares en un lugar oculto de la camioneta. El joven se
identificó. Dijo llamarse Einar André Hernández Garza y se ostentó como
secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien informó, sería
la próxima secretaria de Bienestar en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. El
dinero, justificó, era del primer gobierno surgido de Morena en Baja
California. Presuntamente estaba relacionado con el moche pagado por proveedores
de desayunos para escuelas y penitenciarías. Hasta ahí la investigación de la
directora de Zeta. Ayer recibió Bonilla una mala noticia: el tribunal electoral
federal emitió una opinión en el sentido de que el bonillazo es
inconstitucional. La Suprema Corte está reuniendo elementos para dictar una
sentencia definitiva… pero faltaría que Bonilla se someta.
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