Por Laura
Gómez Flores.
El ex
director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins Flores, contra quien
pesa una orden de aprehensión por uso indebido del servicio público, al
detectarse un desvío de recursos durante el proceso de entrega-recepción, huyó,
por lo que autoridades capitalinas solicitaron la emisión de una alerta
migratoria y una ficha roja para encontrarlo.
Un juez
de control, por su parte, dejó ayer en libertad al ex director ejecutivo de
asuntos inmobiliarios del Instituto de Vivienda, Fernando Javier Linares
Salvatierra, acusado por uso ilegal de atribuciones y facultades, al prescribir
el ejercicio de la acción penal.
La
Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México informó que apelará el auto de
no vinculación a proceso, pues el criterio utilizado por la juez es incorrecto
en cuanto a la prescripción, pues se ejercitó previamente a que feneciera el
delito que se investiga.
Fuentes de
la administración capitalina informaron que se emitió una alerta migratoria
para evitar que Collins Flores salga del país, pues cuando supo que estaba
ubicado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, “se
escondió”.
Así que, “estamos
buscándolo, para ejecutar la orden que hay en su contra” y se solicitará
también a las autoridades federales su apoyo para que la Interpol emita una
ficha roja para la búsqueda y detención del también ex director de la Central
de Abasto.
Hasta el
momento, dijeron, “no tenemos conocimiento de que haya salido del país, pero
tampoco la seguridad de que acuda este viernes al juzgado sexto de distrito de
amparo en materia penal”, que dio entrada a su demanda de garantías, y
aprehenderlo.
Su solicitud
quedó integrada en el expediente 1110/2019, sin concedérsele la suspensión
provisional, porque el funcionario en la administración de Miguel Ángel
Mancera, no lo solicitó, y la audiencia constitucional se llevará a cabo el día
17 de enero.
Las fuentes
consultadas señalaron que “tememos que no llegue y se ampare”, como sucedió
con Miguel Ángel Vázquez Reyes, subsecretario de administración y capital
humano, acusado de ampliar la nómina de gobierno, para desviar recursos
públicos.
El domingo 5
de enero, la actual Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, informó que
se tenían ubicados al ex director del Invi y al ex comisionado para la
Reconstrucción, Edgar Tungüí, a fin de cumplimentar las órdenes de aprehensión
en su contra.
Comentó
que, éste último, acusado por el delito de quebrando a la hacienda pública al
desviar 40 millones de pesos destinados para la atención de inmuebles afectados
por el sismo de septiembre de 2017, se le encontró en el extranjero tras
emitirse una ficha roja.
Mientras que,
Collins Flores no había intentado salir del país y estaba ubicado, gracias a la
estrecha colaboración que se tiene con las fiscalías estatales, a fin de
cumplimentar la orden en su contra -aunque el delito que se le imputa no
amerita prisión preventiva-, señaló.
A una semana
de anunciarlo, el ex servidor público no ha sido ubicado y su ex director
ejecutivo de asuntos inmobiliarios en el Invi, acusado de participar en el
desvío de 475 millones de pesos para la adquisición de un inmueble en Álvaro
Obregón, fue liberado.
En la
continuación de la audiencia inicial celebrada en la sala de juicios orales del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la juez señaló que “el
órgano jurisdiccional decretó, al actualizarse la figura jurídica de la prescripción,
la extinción de la acción penal”.
De esta
manera, ordenó la inmediata libertad del ex director ejecutivo de Asuntos
Jurídicos del Instituto de Vivienda, quien el 18 de noviembre de 2016 autorizó
otorgar 400 millones de pesos, como financiamiento directo, a una constructora
para adquirir un inmueble.
En la
carpeta de investigación se determinó que no contaba con autorización del
comité de suelo ni del de financiamiento; así como tampoco de un avalúo; y,
unos días después, el 22 de diciembre, firmó un contrato de 75 millones de
pesos.
Con ello,
obligó al Invi a entregarle recursos públicos a la usufructuaria del predio
ubicado en Paseo de los Olmos 110, fracción b, colonia Colinas de Tarango, en
la demarcación de Álvaro Obregón.
La
Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México informó horas más tarde de
conocer su liberación, que apelará el auto de no vinculación a proceso por el
delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, al prescribir el ejercicio
de la acción penal.
De acuerdo
con la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores
Públicos, el criterio utilizado por la juez de control es incorrecto en
cuanto a la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, ya que la
misma se ejercitó previamente a que feneciera el delito que se investiga,
puntualizó.
Cabe
señalar que, los abogados defensores del ex servidor público expresaron su
confianza de liberarlo, pues “la carpeta de investigación, integrada apenas en
octubre pasado, estaba mal y nuestro cliente nunca fue requerido por las
autoridades”.
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