Por Ezequiel
Flores Contreras.
El
gobernador Héctor Astudillo Flores destinó recursos federales por casi 600
millones de pesos para obra pública en regiones controladas por el
narcotráfico, donde la confrontación entre grupos armados ha exhibido presuntos
nexos de autoridades locales con la delincuencia.
Las 59
obras que el Congreso local aprobó al Ejecutivo en diciembre pasado, cuyo monto
total asciende a 595 millones 130 mil pesos, serán ejecutadas por el director
de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de
Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez, a quien la administración astudillista condonó
adeudos fiscales por más de 28 millones de pesos a su empresa Grupo Innovador
Constructor de Guerrero, el año pasado.
La
planeación estatal de la millonaria inversión federal está enfocada en la
construcción de pequeñas obras de infraestructura carretera y puentes, así como
la rehabilitación de tramos reducidos que van de uno a siete kilómetros, y en
algunos casos el costo se eleva hasta 18 millones por cada kilómetro, según
documentos oficiales obtenidos por Apro.
Estos
pedazos de obra están contemplados en zonas violentas, como es el caso de los
10 millones etiquetados para “la construcción de un camino rural” que mide un
kilómetro y medio, entre los poblados de Tlanicuilulco y Teozintla, en el
municipio de Quechultenango, zona ubicada en la región Centro de la entidad,
considerada bastión del grupo delictivo Los Ardillos.
De acuerdo
con el gobierno estatal, la banda Los Ardillos es dirigida por la familia
del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, y se le responsabiliza
de la ejecución de 10 músicos indígenas de Chilapa, el pasado viernes 17.
Además, mantienen
una confrontación armada con la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Rincón de Chautla, que ha dejado
decenas de muertos, desaparecidos y desplazados desde 2019.
La CICAEG también
etiquetó 56 millones 600 mil pesos para construir un libramiento de tres
kilómetros (18 millones de pesos por kilómetro) en el poblado de Tepechicotlán,
municipio de Chilpancingo, igualmente controlado por Los Ardillos.
En Tecpan
de Galeana, región de la Costa Grande, donde está afincado el grupo delictivo
Los Granados, el gobierno de Astudillo destinó cinco millones para la
construcción de una aeropista en esa zona productora de enervantes, así como 75
millones para “modernizar” una carretera de 7.50 kilómetros –10 millones de
pesos por kilómetro– que conecta los balnearios de Pie de la cuesta y barra de
Coyuca.
En la región
de Tierra Caliente, la edificación de un puente de “55 metros” en el
municipio de Tlalchapa costará 12 millones de pesos, y más de 15 millones los
cinco kilómetros de “rehabilitación” de la carretera Tlalchapa-Ciudad
Altamirano, de acuerdo con el documento oficial.
Un camino
de menos de un kilómetro para beneficiar a la minera Media Luna, en el
municipio de Cocula, zona norte –donde grupos delictivos disputan a sangre y
fuego el control de las ganancias de la empresa–, costará cinco millones de
pesos.
De las 14
obras etiquetadas para la región de la Costa Chica, que no suman ni 15
kilómetros, destaca el camino de un kilómetro que costará 21 millones de pesos
en el municipio de Copala, rumbo al balneario de Playa Azul.
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