Por José
Gerardo Mejía.
El director
ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional
Electoral (INE), René Miranda Jaimes, afirmó que sólo a través de una
reforma constitucional “que vincule perfectamente la protección de datos
personales”, este órgano podrá entregar la base del padrón electoral a la
Secretaría de Gobernación (Segob).
“Desde
nuestra óptica, con las leyes actuales, no nos da para entregar este tipo de
colaboraciones, que es entregar la información de los datos biométricos; sí nos
da para que ellos hicieran consultas a la base de datos, pero para las
pretensiones de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de
Población (Renapo), me parece que tendrían que promoverse reformas legales que
vincularan perfectamente el tema de protección de datos, y la autonomía del
INE”, apuntó.
En
entrevista con La Razón, subrayó: “en el oficio entregado por la Segob, lo
que concretamente piden es que se entregue la información, desarrollar
jurídicamente su interpretación con los preceptos legales vigentes, eso es
cierto, algunos de más de 30 años, argumentando por qué tienen la potestad
sobre esos datos, por qué el INE tiene la obligación de entregárselo, su
fundamentación, lo pidieron en una charla muy cordial en un proyecto muy
importante, ojalá encuentren las vías necesarias para que vea luz su proyecto”.
Miranda
Jaimes dijo que el artículo cuarto de la Ley General de Población, publicado
el 22 de julio de 1992, indica que “en el establecimiento del Registro Nacional
de Ciudadanos, se utilizará la información, que proporcionará el Instituto
Federal Electoral (IFE) ahora INE, proveniente del padrón electoral y de la
base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la
credencial para votar”.
“Debemos
buscar la forma en que los ciudadanos den su consentimiento como hoy ocurre
cuando proporcionan datos a cualquier institución; (previo a firmar) un aviso
de privacidad”
Asimismo, recordó
que el carácter que tuvo esa legislación en ese año, “era instruir a instancias
del Gobierno y coordinar esfuerzos para el establecimiento de la identidad
ciudadana, lo cual me parecía válido, hay decisiones en el país o el diseño
institucional que han venido cambiándose, y la más relevante, que no es menor,
es que nuestro andamiaje político decidió darle en 1996 su autonomía a través
de la ciudadanización del instituto”.
También enfatizó
que el único diferendo con la dependencia federal, “es si se debe partir de la
información que nosotros tenemos, y que difícilmente un artículo transitorio
que data de 1992 puede alcanzar, digamos efectos también hacia un órgano
autónomo, porque además una de las premisas de esa autonomía, era justamente
salvaguardar el padrón electoral y el Gobierno en turno, no importa qué partido
fuese, pues no tuviese injerencia sobre la construcción, gestión y uso de los
datos de los ciudadanos”.
Explicó
que el INE ha suscrito alrededor de 150 convenios con empresas y el sector
público, aunque aclaró que sólo es para verificación, porque “nadie, sólo el
INE, es el único que tiene bajo resguardo los datos biométricos”.
“Debemos
buscar la forma en que los ciudadanos den su consentimiento como ocurre cuando
tú, proporcionas datos a cualquier institución; hay un aviso de privacidad que
dice cuál va a ser el destino y el cuidado de esos datos. La Constitución
también lo establece que obliga a tener ese consentimiento”, dijo.
El dato: El
PRD en la Cámara baja respaldó la negativa del INE de dar a la Segob los datos
biométricos del padrón electoral.
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