Guadalupe
Correa-Cabrera.
*** Nota:
Esta columna se basa en el análisis de un autor que prefirió mantenerse anónimo
y que llegó a identificarse en algún momento con el enfoque o movimiento de
“reducción de daños” en materia de política de drogas. A él y a su valiosa
(pero también dolorosa) experiencia, agradezco enormemente la siguiente
reflexión.
En materia
de política de drogas (o de políticas públicas relacionadas con las drogas),
existen dos visiones opuestas que se confrontan directamente y que
supuestamente proveen una solución posible al problema de las adicciones que
dañan profundamente a individuos y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo,
ninguna de estas dos opciones parece brindarnos mayor bienestar. Por un lado,
el amplio acceso a las drogas destruye a millones de seres humanos. Por el otro
lado, las guerras contra las drogas declaradas en varios países del mundo (como
México, Colombia, Filipinas y Estados Unidos) han ocasionado esencialmente
muerte y destrucción. Las actuales políticas no atienden realmente los
problemas de raíz, ni la desesperanza en sociedades enfermas, desiguales y
enfrascadas en luchas de poder o en conflictos por el control de territorios y
recursos naturales.
Las
consecuencias inherentes al consumo de drogas son numerosas e incluyen efectos
graves en la salud de quienes tienen acceso a los estupefacientes. Dichos
efectos incluyen: la sobredosis y, en ocasiones, la muerte; la transmisión de
enfermedades como la hepatitis C y el VIH a partir del intercambio de jeringas;
y otras consecuencias legales para los consumidores de drogas, quienes pueden
ser privados de su libertad. Con el objeto de contrarrestar estos graves
problemas, surge el movimiento denominado “Reducción de Daños” (Harm Reduction,
en inglés), el cual busca aminorar—como su nombre lo indica—algo del daño
causado por el consumo de drogas y por las leyes que regulan este fenómeno.
El enfoque
en reducción de daños, “se refiere a políticas, programas y prácticas que
tratan de reducir los daños asociados con el uso de drogas psicoactivas sin el
requerimiento necesario de la terminación de uso” (ver:
https://www.hri.global/files/2011/06/14/IHRA_BriefingSpanish_1.pdf). Dicho
movimiento se asocia, de alguna forma, a los proponentes de la llamada
“sociedad abierta” (open society) que apoyan una especie de libertarianismo,
quizás utópico, que intenta eliminar toda barrera o frontera a las decisiones
del hombre en un mundo globalizado. En cierta medida, este enfoque considera el
consumo de drogas como un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Si este
no fuera el caso (según esta perspectiva), la prohibición y la criminalización
(por su venta o consumo) serían suficientes para frenar el consumo de drogas.
Sin embargo, la experiencia muestra que esto no es así en el mundo real.
Una
alternativa opuesta a la reducción de daños, es el enfoque en la “prohibición”
que apoya, a su vez, las denominadas “guerras contra las drogas”. El Gobierno
de México, en cercana colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, ha
apoyado determinantemente esta perspectiva. Pero, ¿cuáles han sido los
resultados? Actualmente, México se encuentra en medio de una “guerra contra el
narco” que sólo ha traído destrucción, violencia y muerte. El país registra
actualmente niveles de violencia y números de homicidios sin precedentes. Ello
se debe supuestamente a la competencia que existe entre grupos criminales
involucrados en el comercio internacional (e ilegal) de las drogas. No obstante
sus causas exactas, la violencia sólo se ha tornado peor como consecuencia de
la estrategia que prescribe Estados Unidos para combatir el lado de la oferta
de un mercado negro multibillonario creado por la insaciable demanda por sustancias
ilícitas.
Ante los
efectos negativos de la prohibición, surge una respuesta contundente por parte
de los proponentes de la sociedad abierta. Los que apoyan y promueven el
enfoque de reducción de daños, favorecen dirigir el financiamiento de la lucha contra
las drogas hacia programas que humanamente intervengan del lado de la demanda
del mercado global de sustancias psicoactivas. Ejemplos de programas propuestos
por el movimiento de reducción de daños incluyen: tratamientos médicos;
prevención de sobredosis (entrenamiento de primeros auxilios y permitir el uso
de Naloxone para revertir sobredosis de opiáceos); programas de intercambio de
agujas y jeringas; terapias de sustitución de opiáceos (a través de las cuales
se prescriben medicamentos a quienes utilizan estas sustancias con el objeto de
que les sea posible funcionar sin utilizar drogas de forma ilegal), entre otras
medidas.
La
racionalidad detrás de estos programas radica en el hecho de que no se ha
encontrado a la fecha una manera efectiva de reducir el consumo de
estupefacientes. Por lo tanto, es necesario reducir, por lo menos, la
incidencia de enfermedades y muertes asociadas al uso de drogas. De acuerdo a
diversos estudios (curiosamente financiados por conocidos filántropos como la
fundación Open Society de George Soros) se ha demostrado de forma empírica la
eficacia de estos programas.
Algunos
actores asociados al movimiento de reducción de daños han llegado incluso a
promover políticas más radicales, incluyendo la legalización de todas las
drogas y la abolición completa de las penalizaciones o sentencias criminales
por el uso y, en algunos casos, por la distribución de drogas. No obstante que
estas posturas extremas no representen el consenso dentro del movimiento de
reducción de daños, la lógica detrás de estas políticas radica en el hecho de
que las leyes anti-drogas actuales son totalmente inefectivas para limitar el consumo
de estupefacientes. Por consiguiente, según este enfoque, debe eliminarse la
prohibición debido que limita la regulación y hace que las drogas resulten más
peligrosas. Al mismo tiempo, la prohibición garantiza que las ganancias sean
acaparadas por los criminales y que las leyes sean aplicadas con cierto sesgo
(por discriminación en base a clase social o raza) y resulten en una aplicación
desigual de la justicia criminal. En resumen, según esta lógica, pareciera ser
que las actuales leyes anti-drogas causan más daño que bienestar; por lo tanto,
deben ser abolidas.
El caso de
México es emblemático y ejemplifica claramente el enfoque prohibicionista. Las
drogas destruyen sin lugar a dudas, pero los daños causados por la denominada
guerra contra las drogas en nuestro país son también muy obvios. Altísimos
niveles de violencia e inseguridad, así como la muerte y desaparición de
cientos de miles de personas, son el resultado de más de doce años de
prohibición y militarización de la estrategia anti-narcóticos. Una reflexión
objetiva sobre el tema, centrada en el caso de México, requiere se formulen las
siguientes preguntas:
¿Cómo es
posible tener una conversación acerca de la reducción del daño causado por las
drogas sin resolver el problema de la violencia y la inseguridad en México que
resulta del comercio de estupefacientes? Asumiendo que la posesión y el uso de
las drogas se despenalizara eventualmente en los Estados Unidos, ¿qué efectos
tendría esto en el mercado de las drogas en México? ¿Es posible que
legalización total de las drogas reducirá realmente ‘el daño’ bajo una óptica
libertaria y utópica? Algunos afirman de forma rotunda que para las personas
cuyas vidas son afectadas por el consumo de drogas en Estados Unidos la
respuesta es afirmativa. Otros no están tan seguros, pero aunque fuera esto
cierto, ¿si se despenalizara el consumo y distribución de drogas, se reduciría
efectivamente la demanda por cocaína, heroína, fentanilo y metanfetaminas?
¿Desaparecería el daño y tendríamos sociedades más estables, más felices y más
funcionales?
Por otro
lado, si resulta ser verificable en la realidad el supuesto de que el uso de
sustancias que afectan el comportamiento y la mente es un aspecto fundamental
de la naturaleza humana, entonces resultaría que nada (ninguna política)
eliminaría totalmente la demanda por drogas. Por ende, ninguna acción
gubernamental acabaría con el daño a la sociedad. Si esto fuera cierto,
entonces ¿cómo evaluar el futuro de la guerra contra las drogas en México bajo
un esquema de reducción de daños? Desafortunadamente, es difícil imaginar que
la descriminalización o incluso la legalización de las drogas en Estados Unidos
contribuiría de alguna forma a reducir la violencia en México; inclusive,
podría empeorar las condiciones en el país.
Pareciera
ser que existe una disonancia cognitiva entre los objetivos del movimiento de
reducción de daños y las violentas consecuencias de la denominada guerra contra
las drogas en México. Si el fin último del movimiento de reducción de daños es
terminar con la llamada “guerra contra las drogas” y si la legalización o
despenalización de las drogas se considera como un medio para logra el fin,
entonces ¿qué efecto tendría esto en la violencia asociada con el lado de la
oferta del comercio de estupefacientes?
Existe una
ingenua y falaz sugerencia que plantea que los crímenes asociados con el
comercio de estupefacientes desaparecerán simplemente cuando las drogas se
legalicen. La verdad es que el crimen organizado en México no se limita al
tráfico de drogas. Los actores vinculados a esta actividad han diversificado
sus funciones y se han comenzado a especializar en otras actividades que nada
tienen que ver con los mercados de sustancias psicoactivas. Además, diversos
actores criminales entienden que es posible sobrevivir sin vinculación alguna a
los mercados de droga. Sólo basta con pretender afiliación a un cartel y es
posible extraer rentas a diversos actores a través del miedo y la amenaza con
armas de fuego. Hoy por hoy, hablamos de múltiples células criminales que no se
vinculan necesariamente a los mercados de drogas y que simplemente extraen
rentas a la sociedad.
Por
consiguiente, un enfoque exclusivo en el tema de las drogas (o un simple
enfoque en la demanda por dichas sustancias) no logrará incidir de manera
efectiva en reducir la violencia y controlar la delincuencia organizada en
México. Además, la simple despenalización del uso y posesión de drogas en los
Estados Unidos podría resultar incluso peor, pues es posible que la eliminación
de las penas legales resulte en un mercado de consumidores mucho mayor que
antes. Ello incentivaría aún más la violencia entre las organizaciones
criminales en México compitiendo por un segmento mayor de ese mercado. La
despenalización por el lado de la demanda podría resultar en un incremento de
las acciones dirigidas a atacar la oferta de estupefacientes, lo que crearía
una guerra contra las drogas aún más violenta y una mayor militarización en
México con todos sus efectos negativos multiplicados.
Por todo lo
anterior, proponemos un enfoque y una filosofía distintos para resolver de
alguna manera efectiva el daño general causado por las drogas. Nuestra
propuesta o movimiento llevará el nombre de “No Más Daño”. Pensamos que las
bases y la lógica del movimiento de “Reducción de Daños” es parcial y guarda en
sí mismo algo de lo negativo que las drogas traen a nuestra sociedad. El
enfoque de “no más daño” sería benéfico para países que producen, transportan y
distribuyen drogas como México. Al mismo tiempo se proponen ‘no más daños’ para
las personas cuyas vidas son afectadas por el consumo de drogas en los Estados
Unidos.
Apoyamos
definitivamente la idea de terminar, de una vez por todas, con una fallida
guerra contra las drogas. Además, proponemos un enfoque en las causas de raíz
que generan las adicciones. Reconocemos el derecho a la salud y creemos en la
defensa de todos los derechos humanos. Creemos en que la seguridad y la paz son
posibles en México y Estados Unidos y también creemos en que un enfoque en la
salud pública y no en la prohibición o la militarización es el más apropiado
para ganar de frente una guerra contra las sustancias que dañan a la juventud.
Para el caso de México, proponemos de inmediato el fin de la guerra que declaró
un presidente mexicano. No queremos más daños de una fallida guerra contra el
narco.
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