Omisiones y opacidad marcaron el primer año de Gertz como fiscal general: informe.

Por Arturo Ángel.

Incumplimiento flagrante de disposiciones legales, distanciamiento de los ciudadanos y del escrutinio público, dudosa y mal entendida autonomía y una opacidad cada vez mayor marcan el primer año de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo advierte un informe realizado por especialistas de cinco organizaciones civiles y del instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, que concluye que no hay indicios de un cambio profundo en la FGR respecto a la vieja PGR, pero sí la continuidad de inercias negativas e incluso de una mayor aislamiento y desarticulación con otras autoridades.

“En la práctica, en la Fiscalía está dándose una interpretación errónea de la autonomía. La autonomía no significa aislarse, no colaborar con otras instituciones, no rendir cuentas, no tener contacto con las familias de las víctimas y sobre todo, no cumplir con su propia ley”, indica el informe.

El documento denominado “¿1 año de justicia y autonomía de la FGR?” identifica una serie de fallas en el primer año de la gestión del fiscal, que van desde omisiones y falta de transparencia, hasta acciones contrarias a las disposiciones incluidas en la Ley Orgánica de la FGR.

Pero además los expertos alertan de una serie de nueve reformas a la Constitución, al sistema penal y a la ley de la FGR preparadas por Gertz junto con el gobierno federal para endurecer el sistema de justicia, y que entre otras cosas buscan ampliar el arraigo para todos los delitos, o dar facultades al Ministerio Público para ordenar detenciones.

Según el informe, fueron diseñadas lejos del escrutinio público, pese a que algunas requerían de una convocatoria pública.

“Hay incluso posibilidades de un retroceso. Se podrían ver debilitados los contrapesos y la rendición de cuentas que eran el espíritu de la ley de la Fiscalía. Lejos de ir a una institución más autónoma y efectiva podríamos tener una institución más centralizada y opaca. Están en riesgo 15 años de avance para la construcción de un sistema penal acusatorio”, señaló en entrevista Susana Camacho, investigadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y una de las autoras del informe.

A continuación, Animal Político destaca cinco fallas que el informe identifica en el primer año de la FGR con Gertz como titular, y también se revelan las 9 reformas que el fiscal y el gobierno estarán presentando ante los senadores.

Las fallas en la FGR de Gertz.

NOMBRAMIENTOS IRREGULARES

De acuerdo con el informe, el nombramiento del fiscal General a cargo del Senado no siguió criterios de independencia política, mérito, transparencia, participación ciudadana y escrutinio público. Prueba de ello es que, si bien se eliminó el “pase automático”, el fiscal nombrado termino siendo el encargado de la PGR, que ya había designado previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco se siguieron los lineamientos establecidos para los nombramientos de fiscales especiales como los de derechos humanos y anticorrupción que, según el informe, debieron traer consigo una convocatoria pública y un análisis cuidadoso. El resultado fueron designaciones propuestas por el propio Ejecutivo.

Plan Dudoso Y Opaco.

El informe destaca que el Plan de Persecución Penal que presentará hoy el fiscal y delimita los objetivos y estrategia de la política criminal fue construido a espaldas del escrutinio público. La Ley Orgánica de la FGR contemplaba que en el mismo participara un consejo Ciudadano, que hasta la fecha no ha sido nombrado.

Este plan tiene como antecedente un plan provisional del fiscal que tampoco se publicitó, pero que los investigadores obtuvieron por solicitud de transparencia. En dicho plan, según el informe, no se incluyó la visión de combate integral a las grandes redes delictivas o la denominada “macrocriminalidad” que se busca combatir con la nueva institución, y en cambio se da continuidad a una política de investigación del delito caso por caso.

REFORMAS POR LA LIBRE.

El informe advierte que los artículos transitorios de la Ley Orgánica de FGR obligaban a realizar una convocatoria pública para revisar ajustes a la norma de la Fiscalía, con la finalidad de fortalecer su autonomía e independencia, e incluso hacer posibles ajustes a la Constitución.

Sin embargo, los especialistas advierten que en vez de ello el fiscal ha preparado junto con el Poder Ejecutivo un paquete de modificaciones que hoy se presentan en el Senado sin que hubiera participación ciudadana, ni diálogo público.

“En el 2019 ya no solo ha quedado en el olvido la reforma constitucional pendiente, sino que además se está hablando de una ‘contrarreforma’ y una nueva ley de la Fiscalía que las víctimas y la ciudadanía en general no conocen, en contra de una Ley Orgánica que ni siquiera ha sido debidamente implementada en su primer año de vigencia”, indica el informe.

FISCALÍA ¿AUTÓNOMA, IMPARCIAL E INDEPENDIENTE?

Además del tema de los nombramientos promovidos por el gobierno, el informe también alerta de hechos y declaraciones que generan duda sobre la posible imparcialidad y autonomía del fiscal Gertz Manero.

Por ejemplo, los expertos recuerdan que el presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones como una potestad propia la posibilidad de investigar o no investigar a expresidentes por hechos de corrupción, facultad que debería ser solo de FGR. También ha sido frecuente que exprese peticiones a la Fiscalía que esta ejecuta.

El informe también cuestiona el hecho de que la FGR no haya investigado a través de su Unidad de Asuntos internos o de su órgano de control interno el posible conflicto de interés que representó el hecho de que el fiscal Gertz Manero tuviera como apoderado legal al abogado defensor del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por la Fiscalía, y que no lo haya declarado oportunamente. Dicho hecho fue revelado por Animal Político en este reportaje.

UNIDAD DE GÉNERO FANTASMA.

El informe recuerda que en 2015 se creó la denominada “Unidad de Igualdad de Género” en el seno de la entonces PGR. Tras la evolución de dicha dependencia a la Fiscalía General, se indicó que la unidad debería quedar adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, como se ha incumplido con la emisión de un reglamento para la Ley Orgánica de la FGR, dicha unidad en los hechos no existe ni puede operar, situación que los expertos advierten como alarmante.

“Es inaceptable que la Fiscalía no cuente con un área especializada que pueda apoyar para que la transición nos lleve a contar con una institución que respete y vele por los derechos de las mujeres, dentro de aquella, así como por ser parte de su quehacer institucional”, señala el informe.

LAS NUEVE REFORMAS: RIESGO DE RETROCESO.

El fiscal Gertz Manero y el gabinete de seguridad presentarán este miércoles nueve reformas ante el Senado que, según dichas autoridades, tienen como objetivos fortalecer y endurecer el sistema de justicia.

Se trata de modificaciones a Constitución Política, a la Ley de Amparo, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

También de reformas a Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, al Código Penal Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de la Fiscalía General de la República, que propone el Ejecutivo.

Entre los cambios que plantean se encuentran el dotar al Ministerio Público de la capacidad de ordenar detenciones en casos urgentes, ampliar la posibilidad de arraigo a todos los delitos por un periodo máximo de 40 días, e incluso presumir la responsabilidad de una persona en un delito si no se somete a peritajes de la autoridad.

También se plantean múltiples modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía, a solo un año de su aprobación y sin que muchas de sus cláusulas se hayan ejecutado.

Aún cuando los detalles no se conocen, el informe ya alerta que se trata de cambios que en algunos casos debieron ser sometidos a un diálogo y análisis con la sociedad civil, y que además representan un riesgo de “retroceso” en la implementación del sistema penal acusatorio, como indicó la investigadora Susana Camacho.