Por José
Antonio Román.
La
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies) llamó de manera enérgica al Congreso del estado de Nayarit y al
gobernador Antonio Echevarría García a derogar las reformas a la ley orgánica
de la Universidad Autónoma de la entidad, recientemente aprobadas, por
constituir una “franca violación a su autonomía”.
En un
pronunciamiento, la Asociación, a nombre de todas las universidades
públicas, exige que se evite, en lo sucesivo, intromisiones externas y se
preserve inalterable la autonomía universitaria con todas las facultades y las
responsabilidades de sus órganos de gobierno.
Expresó
su “preocupación y desacuerdo” por estas reformas, además de su solidaridad,
total apoyo y acompañamiento a la Universidad Autónoma de Nayarit para la
asesoría necesaria a fin de que, en su caso, se lleve a cabo el proceso de
revisión de su ley orgánica y proponer al Congreso estatal las adecuaciones que
resulten de ese proceso.
Hay que
recordar que el pasado 7 de enero, el Periódico Oficial del Estado de Nayarit
publicó las reformas aprobadas por el Congreso local a la ley orgánica de la
universidad, en la cual se crea el Consejo de Educación Media Superior, y el
Colegio de Elección Universitaria, que tiene como encargo elegir al rector
entre los aspirantes insaculados previamente por el Consejo General
Universitario.
La Anuies
señaló que dichos cambios se hicieron sin el conocimiento de la comunidad
universitaria ni de sus órganos de gobierno, violentándose así su autonomía.
De igual
forma, recordó que en reiteradas ocasiones se ha pedido que cualquier
iniciativa de reforma a la ley orgánica de una universidad pública autónoma
debe surgir de la propia comunidad universitaria con la visión y compromiso de
fortalecer la educación media superior y superior para consolidarla como medio
de movilidad social, desarrollo personal y motor del desarrollo equitativo y
sostenible del país y en ningún caso debe responder al interés de una persona o
grupo externo.
Por lo
tanto, añade, cualquier proyecto de modificación legislativa deberá
construirse por los órganos de gobierno competentes de las universidades y los
miembros de su comunidad y considerar, necesariamente los alcances y características
de la autonomía universitaria.
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