Tijuana: El clan Gastélum Buenrostro, en capilla.

Ricardo Ravelo.

Las primeras investigaciones sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, dan cuenta que el ex Alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, “El Patas”, heredó un verdadero desastre a la administración que en octubre de 2018 asumió Arturo González Cruz. Se afirma que el saqueo financiero no tuvo límites y las evidencias así lo van confirmando.

A la vuelta de tres meses se han descubierto desvíos de recursos públicos, aviadores, usurpadores de funciones, nepotismo, saqueo de equipo electrónico y contratos millonarios, sin licitación, que causaron un quebranto financiero de 23 millones de pesos en la Dirección de Comunicación Social, a cargo de Moisés Márquez.

El área de Comunicación Social es la que, hasta ahora, presenta mayores escándalos tras los malos manejos detectados. Y es que se descubrió que Gastélum Buenrostro tenía un operador externo que fungía como su informante, transaba con algunos medios de comunicación, asignaba contratos millonarios para el manejo de la imagen pública del Alcalde y enderezaba campañas de desprestigio en contra de los enemigos de Gastélum sin ser funcionario del Ayuntamiento.

Su nombre es Víctor Laguna Peñaloza, un pseudoperiodista que ha sido denunciado por golpear a su esposa, por ser adicto a las drogas y por sus acciones deshonestas como operador externo del Ayuntamiento. Su mayor mérito es ser hijo de la diputada panista Alfa Peñaloza Valdés y amigo de Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del ex Alcalde, con quien hizo negocios creando empresas ex profeso y adjudicarse contratos para el manejo de su imagen pública a través de plataformas que funcionan en las redes sociales.

En realidad, Laguna Peñaloza no ostentaba ningún nombramiento como funcionario del gobierno de Gastélum Buenrostro, pero era ampliamente conocido que él tomaba varias decisiones en materia de Comunicación Social y que tenía –y tiene –una estrecha relación con el ex Alcalde, según se acredita por diversas fotografías públicas. Era uno de sus más cercanos hombres de confianza, además de su informante directo.

Laguna Peñaloza, de acuerdo con sus antecedentes, empezó sus tareas como servidor público el 18 de abril de 2008 como director de Inspección y Verificación. Entonces devengaba un sueldo de 7 mil 459.20 pesos. Luego, en el XlX Ayuntamiento de Tijuana, fue empleado de confianza ll. Entonces tenía 21 años. El 30 de noviembre de 2010 presentó su renuncia al puesto de inspector ante la Oficialía Mayor. Le fue aceptada.

Cuando Juan Manuel Gastélum Buenrostro asumió la presidencia municipal lo colocó como operador externo cuyas funciones, como ya se dijo, eran el espionaje (era su informante directo) y la operación de golpeteo, a través de portales y sitios abiertos ex profeso en Internet para enderezar campañas y así denostar a los enemigos de su jefe.

Debido a esas tareas, el director de Comunicación Social, Moisés Márquez, le asignó un nutrido equipo electrónico: lentes para su cámara, memorias, un escritorio con silla, una computadora Apple, un Ifone y memoria externa, los cuales no regresó al término de la gestión de Gastélum Buenrostro, por lo que ahora está acusado de sustraer bienes propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, además de los presuntos fraudes con los contratos para el manejo de la publicidad.

Conocido como “El Tigrito”, las investigaciones realizadas por la Sindicatura Procuradora indican que el despojo se instrumentó a través de la Dirección de Comunicación Social, en donde también se investigan varios contratos, presuntamente irregulares, que fueron asignados a empresas sin antigüedad, experiencia ni infraestructura –posiblemente fantasmas –en las que se habrían desviado unos 23 millones de pesos por trabajos cuyas evidencias no existen, según las denuncias.

En concreto son cuatro los contratos presuntamente amañados en los que está implicado el llamado “Tigrito”, pues se ha descubierto que las empresas beneficiadas en realidad no estaban capacitadas para prestar los servicios de consultoría y/o campañas publicitarias.

Una de las empresas investigadas es “Mexikna”, S de RL de C.V, operada nada menos y nada más que por Juan Manuel Gastélum Rivera, “El Patitas” — hijo del ex Alcalde panista –y Víctor Laguna Peñaloza.

Los representantes legales de la empresa son Dian Mercedes Gutiérrez Ponce de León y Grecia Rodríguez Valencia, exempleadas del XXll Ayuntamiento de Tijuana. Esta empresa y sus operadores están acusados de daño patrimonial por 3 millones 068 mil pesos. Al momento de adjudicarle el contrato la compañía tenía cuatro meses de haber sido constituida.

La empresa Mexikna se encargó de videograbar todas las actividades del entonces presidente Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Otra empresa bajo investigación, por presuntas operaciones fraudulentas, es “Five Star Promotions S.A de C.V.” Como accionistas fungían Noemí Mejía y Alexa Isabel Acevedo Fonseca. Se le adjudicó un contrato, sin licitación, por dos millones 050 mil pesos para la promoción de imagen en redes sociales –principalmente en Facebook –de las actividades del Alcalde Gastélum Buenrostro.

Unos meses antes de que concluyera la administración panista, la empresa fue disuelta en Zapopan, Jalisco. Las indagaciones ahora señalan que esta empresa era utilizada por Víctor Laguna para realizar trabajos, presuntamente sucios, de la administración panista.

Otra de las compañías bajo investigación por presunto fraude es Grupo Consultores de Mercado, SC. Sin tener una antigüedad superior a los cinco años ni infraestructura instalada –su capital era de 3 mil pesos –esta empresa recibió del gobierno de Gastélum cinco contratos por adjudicación directa por 12 millones 404 mil pesos para la prestación de servicios profesionales que consistían en videograbaciones, conteos vehiculares y peatonales, entre otros, cuyos registros de trabajo no existen, según establecen las investigaciones realizadas.

La otra empresa bajo investigación, presuntamente ligada a Víctor Hugo Laguna Peñaloza es “Dandys Creativo Sociedad para Acciones Simplificadas” (SAS). Según las investigaciones, no existen registros ni constancias del trabajo realizado por esta empresa –difusión, asesoría, grabaciones, estudios de mercado y evaluación –pero ganó 5 millones 619 mil pesos mediante contratos adjudicados sin licitación.

En realidad, existe la sospecha de que tanto Gastélum Rivera como Laguna Peñaloza se asociaron para saquear recursos públicos a través de dichas empresas fantasmas, pues es bastante extraño que no haya registro de los trabajos realizados, pero sí de los pagos millonarios que recibieron.

En realidad, Laguna Peñaloza fue duramente cuestionado durante el gobierno de Gastélum Buenrostro porque operada todo lo relacionado con la comunicación social sin tener un cargo en el Ayuntamiento.

Tan absurda era su función que la entonces regidora del PES, Mónica Vega, lo denunció por usurpación de funciones. Según la denuncia, Laguna Peñaloza no tiene contrato para prestar servicios ni es funcionario, pero sí utilizaba recursos públicos “y mangoneaba a placer” a los empleados de Comunicación Social.

Ahora que el Alcalde de Morena, Arturo González Cruz, inició las investigaciones por corrupción en contra del ex Alcalde Juan Manuel Gastélum y funcionarios de la pasada administración, Víctor Laguna Peñaloza dice ser perseguido y estar amenazado.

Por ello, ha dicho que se acogerá al mecanismo de protección de periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación. Tras conocerse la medida que tomará, un grupo de periodistas, agrupados en la organización “Yo sí soy periodista”, hicieron pública una carta, dirigida al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en la que lo alertan de la posible acción de Laguna Peñaloza, a quien desconocen como periodista, lo señalan como usurpador de funciones que actualmente investigado por presuntos actos de corrupción.

“Por este medio, quienes integramos el colectivo “Yo sí soy periodista” de Baja California, que entre sus intereses prioritarios busca apoyar el mejoramiento del funcionamiento del “Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, queremos alertar sobre la intención de un personaje que se presenta como comunicador, sin tener a trayectoria ni los merecimientos correspondientes y, que ahora, bajo ese perfil, pretende alcanzar los beneficios de este programa, argumentando ser un “periodista” perseguido por el Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana.

…”El señor Víctor Laguna Peñaloza, alias “El Tigrito”, que es el caso que hoy nos ocupa, hijo de políticos de las pasadas administraciones, se incrustó en la pasada administración municipal en la que en un caso abierto de “usurpación de funciones”, porque nunca se le dio un cargo oficial, operó de hecho como director de facto de comunicación social del gobierno de Tijuana; utilizó los recursos públicos que para eso habían; se canalizó recursos para su propia empresa y la del hijo del ex presidente municipal y realizó “campañas negras” con dineros oficiales, beneficiando a algunos comunicadores…

“Al término de esa administración y para evitar averiguaciones que ya anunciaron en su contra, hoy se presenta como director de lo que se llama un medio de comunicación y que es una cuenta en redes sociales (Facebook), que inició hace cuatro meses y que se llama “TJ Comunica”, desde donde emite opiniones supuestamente críticas y, por eso, se dice “amenazado”, por lo que ha anunciado que recurrirá a los Mecanismos de Protección a Periodistas”, tanto estatales como a nivel nacional, ya que en breve debe responder a citatorios que le han girado autoridades derivado de las investigaciones que se siguen por el posible desvío de recursos públicos registrados en la pasada administración municipal, donde él fungió como un prestador de servicios”.

La carta enviada a Alejandro Encinas está firmada por 51 periodistas del colectivo “yo sí soy periodista”.

Según datos consultados, el Alcalde Arturo González Cruz está dispuesto a ir a fondo con las investigaciones por presuntos actos de corrupción y no se descarta que pronto haya algunos encarcelados como consecuencia de los abusos cometidos durante el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien en Tijuana encabezó un verdadero clan que se enriqueció a costa del erario público.