Régimen concursal de emergencia para evitar quiebras generalizadas.

Darío Celis.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está tendiendo la cama para la quiebra generalizada de negocios, al negarse a implementar planes de apoyo y facilidades para el sector empresarial.

Tan solo cientos de unidades productivas ligadas a la industria turística, en subsectores claves como la aviación, hotelería y restaurantes, por ejemplo, no podrán recuperarse una vez que se levante la cuarentena.

En esa tesitura se inscribe el proyecto de iniciativa de ley que desde la Barra Mexicana, Colegio de Abogados preparan algunos profesionales para introducir algunos ajustes a la Ley de Concursos Mercantiles.

Una vez superada la crisis sanitaria del Covid-19, la otra crisis vendrá de la bancarrota de empresas. El Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantiles (Ifecom) ya empezó a detectar las señales.

Lo que el gremio que preside Héctor Herrera está proponiendo es que el instituto a cargo de Edgar Bonilla implemente como mecanismo de protección a las empresas un Régimen Concursal de Emergencia.

Se parte de que la marcha de los negocios será totalmente inusual, con industrias y sectores de la economía que llevan semanas prácticamente paralizados y con profundas afectaciones financieras.

Este régimen se pone a disposición de los comerciantes que enfrentan la dificultad de realizar el pago de sus obligaciones con bancos y proveedores en la medida que éstas se van venciendo y presentando.

La empresa deberá formular una solicitud bajo protesta de decir verdad, utilizando un formato sencillo diseñado por el Ifecom en el que declare que se encuentra en alguno de los supuestos de la ley.

No tendrá que probar que se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones y el juez deberá atender de inmediato la solicitud y emitir automáticamente la declaración de concurso mercantil.

El Ifecom contará con un plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la declaración del concurso mercantil para hacer la designación del conciliador.

El conciliador contará con un plazo de 15 días hábiles para elaborar la lista de créditos que presentará al juez para que éste formule la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.

En un plazo de 5 días hábiles el juez emitirá la sentencia y el recurso de apelación deberá interponerse por los acreedores nacionales dentro de los 5 días hábiles siguientes y por extranjeros dentro de 10.

La sentencia llevará el otorgamiento de medidas precautorias para mantener la operación y viabilidad del negocio, evitar la desmembración de sus activos y la preservación de las fuentes de empleos.

Los trámites podrán ser llevados en su totalidad usando los medios digitales sin necesidad de conservar un expediente físico.

Los trabajadores especialmente afectados en su trabajo y en su economía por una situación de emergencia se les ha protegido, conservando sus derechos constitucionales.

Inmediatamente después de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, se inicia el plazo para que el conciliador lleve al deudor y a sus acreedores a un convenio concursal.

En esta situación de emergencia se exhorta al SAT, de Raquel Buenrostro, a que contribuya auxiliando la reestructuración con un tratamiento ordinario como acreedor.

JUSTO YA EN el pico de la pandemia, muy lento avanza el procedimiento de adquisición de insumos para la reconversión de 19 hospitales militares que atenderán a pacientes afectados por el Covid-19, para lo cual se etiquetaron recursos de emergencia por unos 4 mil millones de pesos. Hablamos quizá de la mayor inversión en materia de infraestructura de salud que se va a destinar exclusivamente a la contención de los contagios que se ejercerá desde una secretaría de Estado, en este caso la Defensa Nacional que comanda Luis Cresencio Sandoval. La idea de que el Ejército, como parte del Plan DNIII, atienda en estas instalaciones a civiles fue anunciada apenas este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. Pero las solicitudes de cotización se habían enviado mucho antes, ya desde hace un par de semanas, para adjudicar de manera directa unas 80 partidas de insumos de sanidad, 55 partidas para medicamentos y 3 partidas para equipo de protección para el personal médico militar.

¿SE ACUERDA DEL pleito de los herederos de Roberto Garza Sada, accionista del Grupo Alfa? Las hijas, María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado denuncian a su hermano, Roberto, de apropiarse indebidamente de la mayoría de las acciones que quedaron en un fideicomiso del banco Santander. Aquéllas acusan a éste de haberse valido de su posición de consejero del banco cuando lo dirigía Marcos Martínez para que a la muerte de su padre la institución le transfiera el patrimonio. Las agraviadas afirman que fue mediante cartas de instrucción falsas, sin haber verificado la autenticidad de la firma, ni haber realizado una confirmación telefónica o por vía electrónica con el titular. Garza Sada había determinado que la herencia se dividiera en partes iguales entre sus cuatro hijos. El Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito está por resolver el amparo que se interpuso contra el banco que ahora dirige Héctor Grisi por negligencia. El magistrado proyectista es Edgar Gaytán Galván.

ESTE LUNES FUE el primero de 4 sondeos de mercado que el Metro va a realizar previo al lanzamiento de la convocatoria para modernizar la Línea 1, que incluye trenes, sistemas de control, vías y subestaciones. Los siguientes son el 7, 11 y 14 de mayo. Se trata de reuniones virtuales que el organismo dirigido por Florencia Serranía realiza a través de la aplicación Google Meet. Le decía que el contrato andará por los 35 mil millones de pesos. Alstom de Rodelmar Ocampo, CAF de Max Zurita, Siemens, de Alejandro Preinfalk, Bombardier de Carlos Robles y el China Railway Corporation, son los tiradores naturales en este proceso.

A PROPÓSITO, TRAS haberse adjudicado el Tramo 1 del Tren Maya la gran incógnita es si el China Communications Construction (CCC), que preside Song Hailiang, será vetado por el gobierno de Estados Unidos. En el T-MEC, el régimen de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a favorecer a sus socios comerciales y el gobierno de Donald Trump le pidió específicamente rechazar capital de ese país. Habrá que ver si no ocurre lo mismo que le pasó a Enrique Peña cuando le asignó el tren México-Querétaro al China Railway y lo terminó bajando Barack Obama. El CCC ganó con Mota Engil, que preside José Miguel.

AL FINAL LAS principales firmas de auditoría global se empezaron a desmarcar de sus grandes clientes. KPMG, de Víctor Esquivel, informó a Pemex, de Octavio Romero, que dudaba de su viabilidad financiera y que en los estados financieros que envió a la SEC incluyó una nota explicativa. Axis Asset Management, el vehículo financiero de José Antonio Cañedo White y Gonzalo Gil, acaba de informar que Deloitte decidió no seguir siendo su auditor externo por eventos relacionados con Oro Negro. De su manejo que dio lugar al concurso mercantil y demandas penales mejor pintaron su raya los auditores que encabeza Francisco Pérez Cisneros.