Julio Astillero.
No es sólo
el tema del agua, que puede analizarse desde la perspectiva de las obligaciones
jurídicas internacionales (en este caso, el suministro del líquido a Estados
Unidos en función de un convenio anterior a la actual administración federal) y
de la legítima protesta social ante actos de autoridad que lesionen los
derechos de, en este caso, agricultores y productores.
Más allá de
estos tópicos, en Chihuahua se vive una batalla política y electoral entre los
poderes asentados en Palacio Nacional y en la entidad norteña mencionada o,
extendiendo la mirada, entre diversos grupos, personajes e intereses que
confrontan al obradorismo no sólo en cuanto a la sucesión del panista Javier
Corral Jurado sino, en general, como parte de la acometida de 10 mandatarios
estatales que han dejado la Conferencia Nacional de Gobernadores y de las
estrategias grupales rumbo a los comicios intermedios de 2021, la consulta sobre
la revocación del mandato presidencial en 2022 y los presidenciales de 2024.
El conflicto
por el agua chihuahuense tiene como ingrediente preocupante la confrontación
física entre manifestantes, que han tomado el control de instalaciones
estratégicas, y la Guardia Nacional , ya con saldo de una persona muerta. El
Presidente de México ha hablado de grupos políticos que han incitado a los
grupos de agricultores y que, incluso, los han armado con palos. El
subsecretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, habló
de sobrepolitización en Chihuahua y mencionó los casos de ex gobernadores y
políticos en activo que habrían, según sus palabras, participado en actos de
agitación, revuelta o rebelión (Toma de La Boquilla es un huachicoleo de gran
escala contra el gobierno federal: https://bit.ly/3md2nir).
La elevación
del tono en Palacio Nacional y en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, más el
rechazo de gobernadores al proyecto de restricciones del presupuesto federal
para 2021, con el jalisciense Enrique Alfaro tratando de colocarse a la cabeza,
forman parte del conjunto de movimientos y maniobras que tendrán como desenlace
las urnas en junio.
En Morelos
se ha reactivado la oposición a la termoeléctrica que ayer el Presidente de la
República anunció como proyecto a impulsar en su fase final. La decisión, dada
a conocer en la conferencia matutina de prensa, tomó por sorpresa a los grupos
sociales que en esa entidad se han opuesto al Proyecto Integral Morelos y, en
particular, a la citada termoeléctrica. Sorpresa en el momento, porque el
entonces candidato López Obrador se había comprometido a que ese proyecto no
avanzaría, aunque varios hechos gubernamentales perfilaban la decisión
presidencial de ayer.
Las
comunidades contrarias a la termoeléctrica han señalado que el grueso de los
litigios en curso está sin resolución, a diferencia de lo dicho en Palacio
Nacional, y han advertido que se opondrán físicamente a la reanudación de
trabajos que podrían empezar este mismo año. La confrontación entre la
izquierda electoral, asentada en Palacio Nacional, y la izquierda social,
defensora de recursos naturales y medio ambiente en buena parte del país, puede
agudizarse en momentos en que, además, el Poder Ejecutivo federal libra
batallas con la derecha panista en Chihuahua, con los gobernadores escindidos
de la Conago y con la complicada situación derivada del Covid-19 y de la
agudización de la crisis económica.
Astillas
Resulta
preocupante el avance militar en la toma de posiciones de administración civil.
Es el caso del general de división Jens Pedro Lohmann Iturburu, quien pasó de
ser comandante de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey, Nuevo León,
que además comprende a los candentes Tamaulipas y San Luis Potosí, a la
Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado. Lohmann sustituyó en esa comandancia,
en noviembre de 2018, a Luis Cresencio Sandoval, quien a su vez pasó a ser el
secretario de la Defensa Nacional…
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