Por Jesusa
Cervantes
Favorecida
por Pemex con un contrato de ensueño para su proyecto Etileno XXI, la empresa
Braskem, filial de Odebrecht, reclama el cumplimiento de las condiciones
aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón: el cuantioso pago de penalizaciones por no recibir de
la petrolera la cantidad establecida de etano. Pero además, en un informe
ante el regulador del mercado de valores estadunidense, se queja de que el
contrato está en peligro y amaga con exigir en tribunales la aplicación de otra
cláusula, que obligaría a Pemex a comprar la fallida planta y sus deudas.
La
inversión más grande en un sexenio, de la cual se ufana el expresidente Felipe
Calderón Hinojosa, correspondiente al complejo Etileno XXI, tiene en jaque a
Pemex, acusada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados
Unidos (SEC) por incumplimiento de contrato y con la amenaza de obligarla a adquirir
esa planta.
En su
reporte ante la SEC, la empresa Braskem –filial de Odebrecht– advierte que
podría iniciar acciones legales contra Pemex, pero también alerta sobre una
posible expropiación o nacionalización por parte de la administración de Andrés
Manuel López Obrador.
El 19 de
febrero de 2010 el gobierno de Felipe Calderón firmó un contrato de venta de
etano por 20 años para suministrar diariamente 66 mil barriles a Braskem, la
cual se alió con la mexicana Idesa; ambas formaron Etileno XXI para procesar
polietileno.
Las
multas que hoy le imputa Braskem a Pemex por la disminución de la cuota diaria
que está obligada a entregar sumaron durante el año pasado 39 millones de
dólares. Al tipo de cambio de hoy (21.27 pesos por dólar) representan 829
millones 530 mil pesos.
Desde que
Etileno XXI entró en funcionamiento (julio de 2016) Pemex no pudo cumplir con la cuota total
de etano a la que se comprometió la administración de Calderón. Sin embargo, el
gobierno de Enrique Peña Nieto pagó puntualmente las multas, que hasta 2018
sumaron cerca de 3 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la
Federación.
El
gobierno actual se ha negado a entregar las notas de crédito que respaldan la
multa de 39 millones de dólares, por considerarlo “un contrato leonino”. Eso
basta para que Braskem demande que se cumpla otra cláusula del contrato,
mediante la cual se obliga a Pemex a adquirir el complejo petroquímico.
Si
Odebrecht se va a los tribunales, México tendría que pagarle en el presente año
MIL 211 MILLONES DE DÓLARES (26 mil 302 millones 920 mil pesos), según el anexo
IX del contrato y su tabla 1 de valores de capital.
Pero además el
contrato obliga a la petrolera mexicana a “pagar las deudas” que Braskem tenga
en el momento de la demanda y las de “sus filiales”. Tiene cuatro en el país.
Durante
la firma de ese contrato desventajoso para el país, la secretaria de Energía era
Georgina Kessel; el de Hacienda, Agustín Carstens; dirigía Pemex Petroquímica
–la filial que firmó el contrato– Jordi Herrera, y el director general era Juan
José Suárez Coppel. Héctor Rangel Domene, quien estaba a la cabeza de Nafin y
Bancomext, autorizó un préstamo de 400 millones de dólares para el consorcio
brasileño.
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