Raymundo
Riva Palacio.
Alonso
Ancira, presidente de Altos Hornos de México, detenido en España en mayo del
año pasado por varios presuntos delitos, entre ellos la venta de
Agronitrogenados a Pemex, acaba de iniciar un proceso judicial que hará
historia por dos razones: demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador por
haber violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno
más de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exigió que se pronuncie
el Poder Judicial sobre las mañaneras. El alcance de la demanda trasciende el
caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los
agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las
mañaneras.
Las
mañaneras son un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce
la gobernanza, difunde las acciones de su gobierno, hace propaganda y responde
preguntas de periodistas paleros, para reorientar o desviar temas candentes, y
de grupos de interés o gestores que llevan sus propias quejas, denuncias o
demandas al Presidente. En sus respuestas suele acusar sin pruebas, mentir o
difamar individuos, grupos, empresas o instituciones. En el caso específico de
Ancira, de acuerdo con el pliego, “ha sido sometido a una acusación y
linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”.
La demanda
de amparo indirecto que fue presentada el miércoles en los Juzgados de Distrito
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se refiere a las afirmaciones
que hizo López Obrador en las mañaneras, lo que al mismo tiempo coloca ese
instrumento de poder en el banquillo de acusados. “El poder que detenta el Presidente
de la República tiene un alcance de enorme magnitud y las declaraciones que ha
realizado implican un amedrentamiento a los Juzgadores nacionales”, apunta la
demanda de amparo de Ancira. “Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente
la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad
y eficacia”.
A lo que se
refiere es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra
de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General por el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos
que se le imputaban habían prescrito. La reacción de López Obrador fue casi
inmediata. Tras el fallo del juez, indica la demanda, entre el 20 de agosto y
al menos el 4 de septiembre, el Presidente se empezó a referir a Ancira “como
culpable de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo
que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”.
El litigio
de Ancira está corriendo en los tribunales mexicanos, pero ante la forma como
López Obrador se ha expresado en las mañaneras, aduce, se altera el debido
proceso, como quedó plasmado en la doctrina del 'efecto corruptor' que elaboró
el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso Cassez.
“Los actos
que se reclaman”, dice la demanda, “son precisamente las manifestaciones
públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando
dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que
enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los
derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso
información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de
inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.
Pero la
dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde
piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que
reclamaron, dé respuesta a las interrogantes que envuelven los problemas
jurídicos que se enfrentan:
1.- ¿Cuáles
son las vertientes del principio de independencia judicial?
2.- ¿Qué
tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?
3.- ¿Qué
actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?
4.- ¿Puede
considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente
manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?
5.- ¿Qué autoridad
del Estado Mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando
hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?
6.- ¿Cuál es
el límite a la libertad de expresión del Presidente?
7.- ¿Cuál es
el alcance del principio de división de poderes?
8.- ¿Qué
autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder
Judicial?
9.- El
principio de división de poderes ¿protege las facultades de los órganos
constitucionales autónomos?
10.- ¿Cuáles
son las vertientes del principio de presunción de inocencia?
11.- ¿Puede
violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del
proceso?
12.- ¿Puede
violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que
no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?
13.- La
exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una
violación al principio de presunción de inocencia?
14.- ¿Qué
naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?
15.- ¿Qué
implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma
reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que
el mismo sea condenado por un Tribunal competente?
16.- ¿Qué
implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un
imputado que repare el daño de un delito?
17.- ¿Cómo
deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando
se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le
exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que
aun no ha sido juzgado?
Todas estas
preguntas son una radiografía de las declaraciones del Presidente en las
mañaneras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la ley, que
será tarea del juez determinar si lo son.
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