Por Daniela Barragán.
Son seis
las entidades que conforman la banca de desarrollo mexicana y la mayoría de
ellas acumula en el registro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
diversas anomalías en su funcionamiento, incluso en casos sensibles, por ejemplo, en el caso del dinero
para las víctimas de los sismos de 2017.
La semana
pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se auditará a
esos organismos por su participación en presuntos casos de corrupción. El tema
salió por el financiamiento que recibió un diario nacional en 2014.
“Por
primera vez se va a llevar a cabo una auditoría a toda la banca de desarrollo,
porque en todo esto de Odebrecht, en lo de los fertilizantes, en todo, se
utilizó a la banca de desarrollo de manera muy irregular, discrecional, se
ordenaba de arriba dar los créditos; también en la Financiera Rural, lo que era
antes Banrural. Entonces, vamos a hacer una auditoría”, comentó en su conferencia matutina
del 9 de septiembre.
El
Presidente agregó que de esas entidades financieras salieron los créditos
para la planta de Odebrecht de Etileno XXI, “y antes de que empezaran a operar
la planta ya les estaban devolviendo IVA, y con la devolución del IVA pagaron
el crédito. Muy extraño. Cuando pedí que se investigara, resultó que era legal.
No, los tecnócratas era magos, se suponía que era un estímulo a la inversión”.
Por el
“influyentismo”, dijo, esos créditos no llegaron a las pymes o a una pequeña o
mediana empresa.
La ASF tiene
observaciones de los últimos 10 años de Nacional Financiera (Nafin), Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
y del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).
De acuerdo
con una revisión hecha por SinEmbargo, son esas las dependencias que
acumulan más anomalías, principalmente deficiencias de información, reembolsos
perdidos, supervisiones deficientes y el otorgamiento de créditos sin
expedientes legales que los sustentaran.
Estos son
algunos ejemplos relacionados con el otorgamiento de financiamiento.
En primer
lugar, Bansefi en la asignación y recuperación de créditos, otorgó 21
créditos que no contaron con un expediente, además de que la ASF no encontró
evidencia de la entrega del expediente de otros 103 créditos, por 3 millones
927 mil pesos, que rebasaron los 90 días naturales de vencidos. Esto en 2015.
El caso
más polémico de Bansefi, relatado por la ASF es sobre los apoyos para los damnificados por
los Sismos del 7 y 19 de Septiembre de 2017, actividad que le fue encomendada
junto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de
Rosario Robles.
El manejo
de los créditos por parte de ambas dependencias provocó que no se contara con
un número definitivo de damnificados por los sismos, por lo que tampoco se pudo
programar y priorizar los apoyos para la reconstrucción de las viviendas
afectadas.
“Al 31 de
diciembre, el Bansefi había dispersado el 92.4 por ciento (5 mil 917
millones 815 mil pesos) del monto en 238 mil 311 tarjetas FONDEN monetario y de
Vivienda, sin que ello significara que el monto y las tarjetas hubieran sido
entregados al beneficiario […] los damnificados no accedieron de forma
eficiente, oportuna y completa a los recursos del FONDEN, ministrados por el
Bansefi para reconstruir los daños parciales o totales causados a sus
viviendas, debido a la ausencia de disposiciones normativas para regular el
servicio de dispersión de recursos”, concluyó la ASF.
No solo fue
eso, en cuanto a la fabricación de tarjetas, en 2017, Bansefi dispuso de 341
mil 794 tarjetas, de las cuales el banco encargado de manejarlas recibió 500
solicitudes de aclaraciones por cargos no reconocidos, por un monto de 3
millones 726 mil pesos.
En el caso
de Banobras, lo que encontró la ASF fue con relación al dinero de los
fideicomisos para infraestructura. Banobras, como fiduciario del Fondo Nacional
de Infraestructura (Fonadin), no realizó un seguimiento de la rentabilidad
monetaria obtenida de los proyectos y fondos de inversión.
Además, se
encontró que las decisiones del ejercicio de los recursos reposan únicamente en
los integrantes de su Comité Técnico, que no están bajo ninguna regulación
gubernamental, por lo que se tienen anomalías en los aprovechamientos, sobre
todo por la explotación de las concesiones carreteras, que es dinero que
debería recibir el Gobierno federal.
En 2017,
el Fonadin presentó un déficit patrimonial de 117 millones 592 mil pesos. Ese
mismo año la ASF detectó que realizó indebidamente pagos al prestador de
servicios de personal por outsourcing, por un monto de 1 millón 679 mil pesos,
por concepto de liquidaciones, aun cuando dicha obligación estaba a cargo de la
empresa contratada.
En lo que
respecta a Nafin, de acuerdo con la ASF, ésta no contó con metas y objetivos
para evaluar el desempeño de sus propias inversiones y en 2019 modificó sus
indicadores para sus metas en la Agenda 2030; de la validación de la
documentación comprobatoria de los reembolsos, únicamente se verificó el
destino del crédito en 85 por ciento de los casos y además, carece de la
definición de criterios y requisitos que deben cumplir los acreditados para ser
sujetos de periodos de gracia, renovaciones o reestructuras.
Bancomext
otorgó créditos durante 2017 por un monto de 185 millones 959 mil pesos, sin
tener la evidencia suficiente de que fueron autorizadas por los comités
facultados, ya que las actas de las sesiones de estas instancias de decisión no
tenían las firmas requeridas.
Para 2017,
el banco de comercio exterior carecía de una política o procedimiento
específico para la identificación y la gestión de riesgos de corrupción de sus
procesos sustantivos.
Finalmente,
en lo que respecta a Banjército, la ASF encontró que apenas en 2018, en dos
créditos de cartera vencida, por 3 mil 801 millones 053 mil pesos no se
identificaron que las disposiciones realizadas por las acreditadas implicaban
un riesgo en la recuperación de los recursos en 2017.
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