Por Patricia
Dávila.
Jesús Orta
Martínez, exsecretario de Seguridad capitalino, es buscado desde el 8 de
agosto por las autoridades federales, acusado de un desvío de 2 mil 500
millones de pesos, que habría realizado junto con otros 18 elementos de la
extinta Policía Federal, entre ellos la exsecretaria general Frida Martínez. Ha
pasado más de un mes y sigue prófugo de la justicia.
En 2019 el
Órgano Interno de Control (OIC) de la Guardia Nacional (GN) descubrió que entre
2013 y 2017, Jorge Carlos Ruiz y Verónica Tlahuitzo, director y subdirectora de
Recursos Financieros de la PF, emitieron 246 cheques por esa suma en favor de
Orta y Martínez.
A su vez,
ambos endosaron los cheques a favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes
acudieron a los bancos para cambiarlos por efectivo.
En la investigación,
el OIC no encontró un solo documento que amparara las salidas de dinero de
la partida 3370, referentes a Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que por
lo general es empleada para pagar viáticos e informes de indagatorias, entre
otros rubros.
“Todos
los cheques fueron endosados en favor de terceras personas para su cobro en
efectivo; sin embargo, a la fecha se desconoce los motivos o conceptos de
dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría, distrayendo así los
recursos destinados a la Seguridad Pública Nacional”, se lee en la orden de aprehensión
librada en contra de los implicados.
En su
edición del pasado 16 de agosto, Proceso publicó que el juez federal libró
las órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios por su presunta
responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de
cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a
casi 2 mil 500 millones de pesos.
La Fiscalía
General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación
contra las 19 personas a partir de una denuncia que presentó la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual detectó un desvío de recursos
y compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en la
administración de Enrique Peña Nieto.
Las
órdenes de detención fueron otorgadas por un juez de control del Centro de
Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano,
en el Estado de México.
Como el
semanario Proceso lo ha publicado de manera puntual desde 2016, Frida
Martínez Zamora fue representante de Osorio Chong ante el Instituto Electoral
cuando éste fue candidato, y cuando se convirtió en gobernador de Hidalgo
fungió como su directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones en la
Oficialía Mayor.
En el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con Osorio Chong al frente de
la Secretaría de Gobernación (Segob), fue titular de la Unidad de
Administración, Finanzas y Desarrollo Humano. Y finalmente, logró colocarla
como secretaria general de la Policía Federal (PF) –como responsable de
cuestiones administrativas–, corporación policiaca que en la pasada
administración dependía de esa dependencia.
Por su
parte, Jesús Orta fue secretario general de la PF entre diciembre de 2012 y
mayo de 2014, y director general de administración en el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015.
Sobre la
orden de captura en su contra, Orta Martínez declaró que se debía a que él
antecedió en el cargo a Frida Martínez, pero que en realidad él no participó en
ningún desvío de recursos.
También
ocupó el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de la Ciudad
de México, y laboró en las secretarías de Educación Pública y Medio Ambiente.
Después de
que se hizo pública la orden de detención, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, informó que Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana,
solicitó su separación del cargo en octubre pasado, por una investigación que
realizaba la Fiscalía General de la República (FGR) por cargos anteriores.
Dentro de
los 19 acusados, se logró la captura de Eleuterio Enrique Pérez Romero,
quien se desempeñó como jefe de Departamento en la Segob y antes en la Policía
Federal Preventiva.
Otros de
los requeridos son: Edgar Ulises Calderón Luna; Federico Emilio Metzger Sánchez
Armas, quien ocupó cargos en la División de Fuerzas Especiales de la Policía
Federal y más tarde en la División de Fuerzas Federales, y Francisco Javier
Cruz Rosas, que formó parte de la División Antidrogas de la Policía Federal y
actualmente está adscrito al primer batallón de transmisiones de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
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