Por Jesús
Esquivel.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el pasado 19 de agosto a la
corte federal en Brooklyn, Nueva York, nuevas evidencias (grabaciones) para el caso
contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
En un
documento de dos páginas entregado al juez federal Brian Cogan, y con copia al
abogado de García Luna, los fiscales federales entregaron 17 grabaciones
(conversaciones telefónicas) interceptadas al exasesor, mano derecha y
confidente del expresidente Felipe Calderón.
Además de
las “grabaciones interceptadas” el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
presentó también dos expedientes que contienen información correspondiente al
historial financiero del también exjefe de la desaparecida Agencia Federal de
Investigaciones (AFI).
Sin dar a
conocer el contenido de las grabaciones interceptadas y los documentos con la
información financiera, el fiscal federal Richard P. Donoghue, anota que
estas nuevas evidencias serán revisadas porque se suman a miles de pruebas que
la parte acusadora ha acumulado.
García Luna
está acusado de narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos por lo
que fue detenido en el estado de Texas, el pasado mes de diciembre, y
posteriormente extraditado a Nueva York, donde se llevan a cabo las audiencias
preparatorias del juicio.
El
exprincipal asesor de la guerra militarizada contra el narcotráfico que lanzó
Calderón, a través de su abogado de oficio César de Castro, negocia un acuerdo
con el Departamento de Justicia para evitar ser enjuiciado y convertirse en
testigo cooperante.
En un juicio
y de ser declarado culpable, la mano derecha del expresidente Calderón en el
llamado sexenio de la muerte, sería sentenciado a cadena perpetua como pena
máxima, y recibiría una condena de 10 años de prisión como castigo mínimo.
Si llega
a un acuerdo para transformarse en testigo cooperante, García Luna se
presentaría como testigo del gobierno de Estados Unidos en procesos judiciales
en contra de personas acusadas en el trasiego de drogas y lavado de dinero
procedente de la venta de los narcóticos.
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