Redacción el
financiero.
Los
integrantes de la Sala Administrativa del Tribunal de Justicia del Estado de
Aguascalientes filtraron al gobierno estatal, encabezado por Martín Orozco, una
demanda que ni siquiera estaba admitida formalmente, y cuya acción permitiría
que el gobierno estatal pudiera preparar su respuesta.
La
empresa Grupo Profrezac y Operadora de Autopistas del Altiplano, que
concursaron por un libramiento carretero, impugnaron ante el Poder Judicial del
estado, por conducto de la Sala Administrativa, el fallo que resolvió la
licitación.
El fallo
de dicha licitación favoreció a la Red de Carreteras de Occidente (RCO), cuya
dirección general está en manos de Demetrio Javier Sodi Cortés. Cabe destacar
que el consorcio de RCO opera hoy en día cinco concesiones de carreteras y
autopistas que suman en conjunto 876 kilómetros en la región centro-occidente
del país y en el Bajío, además de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).
Asimismo,
recientemente se dio a conocer que la firma española Abertis y el fondo
soberano de Singapur GIC adquirieron el 70 por ciento de las acciones de RCO.
Sorpresivamente,
sin que estuviera admitida la demanda, o sea, de manera anticipadamente
ilegal, ésta fue filtrada al gobierno del estado, el cual, por conducto del
director jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, expuso el expediente
formalmente, siendo que aún no estaba emplazado a juicio.
En un
hecho violatorio de ley –no debiera aún estar enterado de la demanda el
gobierno del estado–, porque incluso las empresas concursantes aún no
terminaban de integrar su demanda para el juicio, el gobierno estatal
compareció por escrito manifestando tener conocimiento de la demanda e incluso
expresó varios argumentos en su defensa.
Lo anterior significa
que la demanda fue indebidamente dada a conocer al gobierno de Martín Orozco,
lo que, para los expertos en materia jurídica, la acción dejaría claridad de
que el Poder Judicial local mostró depender del gobernador y obedecer a sus
intereses políticos.
Actualmente,
la Sala Administrativa está encabezada por el magistrado Rigoberto Alonso
Delgado, así como Enrique Franco Muñoz y Alfonso Román Quiroz.
Fuentes
judiciales señalan que la cercanía de este último con el gobernador Martín
Orozco, de Acción Nacional, lo convierte en el principal sospechoso de haber
filtrado el documento.
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