En un encuentro privado con
integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, el
gobernador Héctor Astudillo Flores evadió el tema sobre la demanda para exhumar
cerca de 800 cuerpos que las autoridades ministeriales depositaron de manera
irregular en un panteón municipal de Acapulco.
En dicha
reunión –realizada la tarde de ayer en la residencia oficial Casa Guerrero–, el
mandatario estatal asumió el compromiso de “analizar” la entrega de becas y
proyectos productivos para mujeres viudas y niños que han quedado huérfanos en
el contexto de la violencia que se vive en la entidad.
También dio un espaldarazo al
presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV),
José Luis Gallegos Peralta, quien asumirá el control total del organismo tras
el conflicto interno que se generó por el manejo del presupuesto, pese a que el
comisionado Javier Morlet Macho lo demandó ante la Fiscalía General del estado
(FGE) por amenazas de muerte.
En diciembre de 2014, Apro dio a
conocer que Gallegos Peralta aparece en calidad de “inculpado” en seis carpetas
de investigación de la FGE por los delitos de robo, fraude, falsificación y
despojo desde 2003.
La reunión.
Fuentes
oficiales consultadas por Apro, que
pidieron el anonimato por a temor a sufrir represalias, informaron que en el
encuentro de ayer estuvieron miembros de los colectivos de familiares de
personas desaparecidas de Acapulco, Chilapa y Chilpancingo.
Los representantes del colectivo de
Chilapa plantearon a Astudillo la necesidad de crear un Centro de Comando,
Control, Comunicación y Cómputo (C4), que supuestamente tendría un costo
aproximado de 20 millones de pesos.
Por su
parte, el grupo de Chilpancingo solicitó
becas y apoyos productivos para mujeres viudas y niños huérfanos, víctimas de
la violencia, mientras que los integrantes del colectivo de Acapulco exigieron
celeridad en los trabajos de perfil genético de los cuerpos que no han sido
identificados y que permanecen en las tres unidades del Servicio Médico Forense
(Semefo) del estado.
También demandaron la creación de un cementerio
forense en el puerto de Acapulco, como el que Astudillo mandó construir en esta
capital en terrenos de su compadre Heriberto Huicochea Vázquez, dirigente
estatal del PRI.
El colectivo de Acapulco exigió la
exhumación de los cuerpos que autoridades ministeriales han depositado desde
2010 –violando el protocolo de tratamiento forense– en una fosa común ubicada
en el panteón de El Palmar, en ese puerto.
Las víctimas
informaron a Astudillo que hasta 2013
había un registro oficial de 27 fosas comunes con 20 cuerpos cada una, o sea
que al menos 547 restos humanos se encuentran en ese panteón, sin registro de
perfil genético ni cadena de custodia. De igual manera, señalaron que a la
fecha la cifra podría alcanzar los 800 cuerpos en estas condiciones.
El gobernador de plano evadió el tema
y se enfocó en señalar que analizará la demanda de otorgar paliativos a niños
huérfanos y mujeres viudas de los colectivos de familiares de personas
desaparecidas.
También se
comprometió a gestionar los recursos para la construcción de un C4 en Chilapa,
donde a la fecha los gobiernos federal y estatal no han cumplido con su promesa
de instalar un cuartel militar para tratar de revertir los efectos de la
confrontación que mantienen bandas criminales.
Luego de que el representante de la
FGE admitió que “no tiene equipo ni peritos suficientes” para analizar las
muestras de ADN y elaborar los perfiles genéticos de los más de 600 cuerpos que
permanecen sin identificar en las unidades del Semefo, Astudillo anunció que
había solicitado ayuda a la PGR para que se encargue de esa labor que compete
al gobierno estatal.
Las fuentes
señalaron que el presidente de la CEEAV,
José Luis Gallegos, sostuvo que ante la falta de recursos económicos, equipo y
personal capacitado, solicitará a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas
que entreguen al gobierno de Guerrero al menos 150 millones de pesos para
cumplir con las demandas de los colectivos en la entidad.
La noche de
ayer el gobierno de Astudillo se limitó a difundir una fotografía grupal donde
el gobernador aparece flanqueado por sus colaboradores y representantes de los
colectivos de víctimas, y únicamente informó que se habían tomado “acuerdos
importantes”.
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