Un ex enlace mexicano de alto nivel
con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) es procesado en Estados Unidos
por pasar información al cártel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva
durante al menos siete años a cambio de millones de dólares.
Iván Reyes Arzate, quien se entregó a
las autoridades estadounidenses en Chicago, era el comandante de una unidad de
inteligencia especial que compartía información tanto con la DEA como con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la acusación revelada el
miércoles por una corte de distrito del Illinois.
Horas antes
de que dicha corte informara del proceso contra Reyes Arzate, el comisionado de
la Policía Federal de México, Manelich Castilla, informó del caso pero sin
especificar el nombre ni cargo del mismo. Castilla
sólo dijo que el “ex policía” fue separado de su cargo en noviembre y que se
entregó recientemente a las autoridades estadounidenses en Chicago.
La acusación
estadounidense va, sin embargo, mucho más allá. Detalla que Reyes Arzate, de 45
años, lideró durante varios años una
unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal y, como jefe de la
misma, era “el principal enlace de información” con las autoridades
estadounidenses.
Según un ex
policía federal que pidió el anonimato porque ya no forma parte de ese cuerpo, Reyes Arzate estaba en el tercer nivel de
mano de dicha corporación.
Sin embargo, trabajó también para el
cártel de los Beltrán Leyva al menos desde 2009, ya que la acusación asegura que
mantuvo encuentros directos con su líder, Arturo Beltrán, y este capo murió
abatido por las fuerzas federales mexicanas en diciembre de ese año.
Las unidades
especiales, llamadas SIU por sus siglas en inglés (Sensitive Investigative
Unit) surgieron en los años 90 para tener grupos de plena confianza con los que
Estados Unidos pudiera intercambiar la información más delicada.
Por ese
motivo, sus mandos eran entrenados e
investigados previamente por los estadounidenses quienes, además, se encargaban
de los controles de confianza y los exámenes del polígrafo. No obstante, según
la acusación, “algunos comandantes senior” de esas unidades quedaron exentos de
tales pruebas. El resultado, al
menos en este caso, fue la infiltración.
Reyes Arzate era un funcionario con
acceso a información confidencial y delicada de la lucha contra el crimen
organizado que supervisó operaciones que conllevaron numerosas detenciones,
“incluidas las de múltiples miembros del Cártel de Sinaloa acusados en este
distrito”, dice la
acusación sin especificar.
Sin embargo,
al mismo tiempo, facilitaba información
a los Beltrán Leyva a cambio de pagos regulares que sumaron millones de dólares
y conspiraba para “obstruir, influir e impedir” cualquier investigación que les
afectara.
“Saben que estás ahí y quieren ver
con quién andas. No hables”, advertía el ex policía a los capos, a quienes
incluso proporcionó fotos de las investigaciones en marcha y les pedía
deshacerse de los teléfonos interceptados.
“Líbrate de todo (…) Ayer llegó un
audio y dijeron que estaban en el segundo nivel (…) No andes con nadie en
público los próximos días” eran el tipo de datos y consejos que daba, según
transcripciones de sus conversaciones incluidas en la acusación y que
comenzaron a ser rastreadas el pasado mes de septiembre.
Más allá de
las escuchas realizadas al funcionario, la acusación ofrece el testimonio de
una fuente anónima que explica cómo el
ex policía mantenía reuniones “mensuales” con Arturo Beltrán Leyva, en las que
también estaban “funcionarios de alto rango del gobierno mexicano y agentes de
seguridad” y en las que todos recibían “millones de dólares” para garantizar su
lealtad y que protegieran los intereses del cártel.
En concreto,
se menciona una cita de 2009 en la que Beltrán informa a los funcionarios de su
preocupación por que creía que su organización estaba infiltrada por un
colombiano que trabajaba como informante de la DEA y que había facilitado la
aprehensión de cargamentos de toneladas de cocaína.
Según esa
misma fuente de la acusación, Reyes
Arzate desveló al capo la identidad de dicha persona por lo que Arturo Beltrán,
delante del ex policía, ordenó secuestrar, torturar y matar al informante.
Posteriormente, pagó a los tres funcionarios presentes tres millones de
dólares.
Según
explicó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, a The
Associated Press, uno de los problemas
de las unidades especiales como la que lideraba Reyes Arzate era precisamente
que sus mandos se negaban a pasar los controles de confianza aunque los agentes
de más bajo nivel sí eran sometidos a ellos, con lo que la información “podía
quedar fácilmente comprometida”.
Vigil cree que muchos de esos mandos “son
corruptos” o “tienen serios problemas de integridad” y que por eso no quieren
someterse a los controles que, si se hicieran a todos, conllevarían tener en
marcha un programa muy eficaz.
El caso suscita muchas interrogantes
sobre cómo una infiltración de este tipo pudo persistir durante tanto tiempo y
no ser detectada, pero no es el único escándalo de corrupción de alto nivel que
se ha descubierto recientemente entre las autoridades mexicanas.
Hace una
semana, el fiscal general del estado de
Nayarit, Edgar Veytia, un funcionario estatal con acceso a las principales
plataformas de información mexicanas, fue arrestado en Estados Unidos por
conspiración para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de
2013 hasta el pasado mes de febrero.
“Aquí hay un patrón”, dijo a AP el analista de seguridad
Alejandro Hope. “En ambos casos, las
capturas se han hecho sin la participación de las autoridades mexicanas, eso es
lo que me llama un poco la atención”.
Tanto el
proceso de Reyes Arzate como el de Veytia podrían contribuir a incrementar las
ya existentes tensiones por otros temas entre México y Estados Unidos.
De ahí que
se lamenten quienes intentaron afianzar la colaboración entre los dos países en
temas de crimen organizado. “Esto daña la relación de trabajo que tanto nos ha
costado construir”, señaló Vigil.
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