Por 84 votos a favor el pleno del
Senado ratificó el nombramiento de Arturo Robles como nuevo comisionado del
Instituto Federal de Telecomunicaciones por un periodo de nueve años, en tanto en San Lázaro se frustró hoy el intento de aprobar fast
track la llamada Ley Televisa-Döring, que pretende restarle facultades al IFT
en el terreno de la defensa de los derechos de las audiencias y la regulación a
los medios de comunicación.
Robles
Rovalo se desempeñaba como director general adjunto de análisis prospectivo en
el seno del IFT, de junio 2015 a la fecha. Según su perfil laboral y académico,
es ingeniero con dos maestrías y un doctorado en telecomunicaciones; fue
consultor privado, asesor especializado, investigador, profesor asistente, y ha
laborado tanto en el ITAM como en la organización Transparencia Mexicana.
El dictamen del Senado consideró que
sustentó su capacidad y experiencia en las materias del instituto y se
comprometió a garantizar los derechos de las audiencias y la legalidad en las
decisiones que toma el IFT.
A la par, en
la Cámara de Diputados la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó de
última hora incluir el dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con
modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es
considerada como una contrarreforma al quitarle facultades al IFT y beneficiar
los reclamos de los concesionarios.
Hasta el momento las bancadas de PRD,
Morena, PT y MC han expresado su oposición a que se apruebe esta reforma
conocida como Ley Televisa-Döring, en referencia al diputado federal panista
Federico Döring, quien presentó la iniciativa para reformar distintos artículos
que se refieren a las facultades del IFT en materia de derechos de las
audiencias.
La bancada
del PAN en la Cámara de Diputados se encuentra dividida frente a esta
iniciativa, mientras que el PRI y el
Partido Verde la han respaldado.
El
coordinador de la bancada del MC, Clemente Castañeda, presentó una moción
suspensiva a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, argumentando que el
dictamen “prácticamente pretende derogar
la atribución que la propia Constitución en su artículo sexto mandata al IFT
como organismo constitucional autónomo para tutelar los derechos de las
audiencias y establecer los mecanismos para su protección”.
La moción suspensiva critica la
“apresurada aprobación” del dictamen y destaca “el intenso debate público sobre
los alcances y el posible impacto negativo de dicha reforma”.
“El dictamen en cuestión elimina de
facto los mecanismos que hacen posible proteger los derechos de las audiencias,
lo que vulnera lo establecido en la fracción VI del apartado B del artículo
sexto de nuestra Constitución”, indica la moción suspensiva.
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