De manera fast track y sin
deliberación pública, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de
Diputados aprobó y dictaminó dos iniciativas para reformar la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de eliminar la distinción
entre “opinión” e “información” en las transmisiones mediáticas, así como
quitarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia
de defensa de los derechos de las audiencias.
Las iniciativas fueron presentadas
simultáneamente por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento
Ciudadano, y por el panista Federico Döring y tienen una clara coincidencia con
las controversias interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el
Senado, además de la campaña de la Cámara Nacional de la
Industria de la Radio y Televisión (CIRT) contra los lineamientos de defensa de
los derechos de audiencias emitidos por el IFT.
En el primer
caso, la iniciativa del diputado del MC
propone derogar la fracción III del artículo 256 de la ley para eliminar la
distinción entre “opinión” e “información” ya que considera que esta distinción
es “arbitraria” al limitar la forma natural de expresarse de las personas.
En el
segundo caso, Döring propone derogar
varias atribuciones del IFT, incluidas figuras como “suspensión precautoria de
transmisiones”, ya que es considerado “un acto de censura previa prohibida por
la Constitución” y se refrenda el “principio de autorregulación” en materia de
derechos de las audiencias, tal y como han demandado los concesionarios.
La iniciativa del panista también
limita las atribuciones del IFT para la imposición de sanciones en materia de
derechos de las audiencias, “a fin de que no haya infracciones sin sustento legal que pueda
constituir un régimen de amenaza para la libertad de expresión de personas y de
los medios de comunicación”.
“Contrarreforma
Legislativa”: AMEDI
Ante este
dictamen aprobado en la comisión de la Cámara de Diputados, la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
afirmó que se trata de una “contrarreforma” a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque “atenta
contra los derechos de las audiencias” y “suprime la atribución constitucional
y reglamentaria del IFT de regular, vigilar y sancionar” en esta materia.
Para la
AMEDI, ambas iniciativas “hacen eco de
la campaña mediática y los intereses de la industria de la radiodifusión de
regatear y burlar los derechos de las audiencias y derogar algunas facultades
del IFT en la materia, a pesar de ser un logro social”.
El
comunicado de esta organización, firmado por su presidente Jorge Fernando
Negrete y el consejo, denuncia “este
intento de contrarreforma legislativa, de componenda política y el atropello
que se busca ocasionar a los derechos de las audiencias a cambio de favores
políticos y el engaño publicitario”.
El pasado 31
de enero, el Ejecutivo Federal informó
públicamente que presentó una controversia constitucional contra ocho artículos
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en relación con los
derechos de las audiencias que han sido criticados por los concesionarios de
radio y televisión.
Ese mismo día, el Senado de la
República interpuso otra controversia en relación con los lineamientos emitidos
por el IFT.
Para el
miércoles 1 de febrero, por cuatro votos contra tres, el pleno del IFT decidió
posponer la vigencia de los lineamientos que debían entrar en vigor el 16 de
febrero.
Entre los comisionados que votaron
por posponer estos lineamientos estuvo el presidente del IFT, Gabriel
Contreras, quien también trabajó en la Conserjería Jurídica con Humberto
Castillejos, su principal impulsor para participar en este organismo autónomo.
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