A puerta cerrada, sin previo aviso,
con sólo 19 de los 26 diputados que integran la Comisión de Radio y Televisión
de la Cámara de Diputados y con la Diputada priista Carmen Salinas durmiendo,
Federico Döring Casar y Clemente Castañeda Hoeflich, presentaron para su
aprobación una serie de iniciativas que dejan a las audiencias sin un órgano
que pueda defenderlas ante los concesionarios.
El dictamen
fue propuesto por los diputados de Movimiento Ciudadano [Castañeda Hoeflich] y
el Partido Acción Nacional [Döring Casar]. El legislador Castañeda propone
derogar la distinción entre información y opinión, en tanto que el Diputado
Döring planteó el resto de las modificaciones que atentan contra las facultades
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los derechos de las
audiencias.
El IFT ahora ya no podrá suspender
las transmisiones de los concesionarios por violar los derechos de las
audiencias y queda sólo como un ente encargado de la autorregulación de los
concesionarios. Además,
quita la obligación a los concesionarios de radio y televisión de incluir en
sus programas una distinción explícita entre opinión e información, tema que se
enmarca dentro del proceso electoral de 2018.
PAN, PRI y Partido Verde votaron a
favor; el PRD se abstuvo. Así pasarán las modificaciones al Pleno para que sean
aprobadas. Los diputados actuaron rápido, incluso más que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que está por atender “el exceso de facultades” del
IFT que reclamó Presidencia en los primeros días de febrero.
Aleida
Calleja Gutiérrez, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de
Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), el modo de actuar de la Cámara de Diputados, muestra claramente que en
México los poderes institucionales están al servicio de los intereses de
poderes fácticos particulares.
“Todo se hizo so pretexto a la
defensa de la libertad de expresión, porque apelaban a una autorregulación de
la que tenemos todas las evidencias de que nunca sirvió y justo por eso se
planteó una regulación”, explicó la experta.
Para Mony de
Swaan Addati, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel) y socio de CEIAP, resulta
preocupante esa costumbre o tradición de las formas con las que “nuestros
supuestos representantes reforman las leyes”.
“Vemos cómo un grupo de legisladores
se sientan a puerta cerrada a modificar leyes, derechos y facultades que nos
competen a todos los mexicanos. Son incapaces de siquiera abrir la mesa a un
debate, incapaces de escuchar a todas las partes y básicamente regulan a favor
de quienes no representan”, sostuvo De Swaan Addati en entrevista con SinEmbargo.
El inicio
del problema se remonta a los lineamientos de derechos de las audiencias que
fueron emitidos por el IFT, a inicios de este año.
La Reforma
de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2014 y que forma parte del
paquete de Reformas Estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto, promulgó
los lineamientos de derechos de las audiencias, pero a los pocos días de que
éstos entraran en vigor, el Senado de la
República se lanzó contra la Ley, al considerar que ésta establecía una
“censura previa”.
Por su
parte, Presidencia se lanzó contra el
IFT, al señalar que éste no tiene las facultades para determinar los derechos
de las audiencias y también reclamó al Senado haber aprobado esas atribuciones.
Dos meses
después, el diputado panista, Federico
Döring, presentó la iniciativa que busca derogar las atribuciones del IFT.
El documento
que presentó el legislador propone la suspensión precautoria de transmisiones,
por considerar “actos de censura previa que está prohibida por la
Constitución”, argumento también ha sido utilizado por los concesionarios;
limita al Instituto sus facultades para emitir sanciones y refrendó “el
principio de autorregulación” en materia de derecho de las audiencias.
Todo esto, de acuerdo con los
especialistas, es claramente un gran retroceso.
ATROPELLO A
LOS DERECHOS.
La
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) también se pronunció en contra de lo hecho por los diputados y
consideró que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados,
presidida por la Diputada del Partido Verde, Lía Limón García, aprobó un
dictamen regresivo y contradictorio que “desmonta la noción de servicio
público, debilita las atribuciones del IFT y desprecia los derechos de las
audiencias”.
La Asociación criticó que la
discusión se haya realizado de manera improvisada y a espaldas de las
organizaciones de la sociedad civil, “como siempre que los
legisladores quieren congraciarse con la industria de la radiodifusión, la
deliberación del dictamen fue atropellada, expedita, apabullante y colmada de
falacias pero eficaz en sus objetivos de agradar a los concesionarios”.
De acuerdo
con Calleja Gutiérrez, de lo que resulta
más preocupante es que las facultades que se le restaron al IFT, pasen a manos
de la Secretaría de Gobernación, cuando fue claro durante muchas décadas de que
se trata de una instancia “inútil” para atender el tema de los servicios
audiovisuales para la población.
Aunado a
eso, regresarle el tema de contenidos al órgano político, a nivel mundial
siempre es un tema de escándalo, porque no
es posible que un órgano político sea el que regule contenidos en
radiodifusión.
“Lo que se pretende es desmontar lo
ya logrado para regresar al modelo que teníamos antes, donde el Ejecutivo
federal decidía en el sector y donde había un control y un manejo discrecional,
político, de todo el sector”, agregó. Calleja Gutiérrez
“Lo que
tienes claramente son poderes institucionales al servicio de los intereses de
poderes fácticos particulares. Incluso el dictamen que Movimiento Ciudadano
defiende que era el menos grave, que es la diferenciación entre opinión e
información, en realidad es un mecanismo de protección de la publicidad
encubierta. Esto en época electoral. Lo
más grave de todo esto es la utilización de las instituciones del Estado, al
servicio de unos cuantos particulares. Esa es la vergüenza”, aseguró
Calleja.
Al respecto,
Mony de Swaan insistió en que lo preocupante, más allá de lo que se quiere
reformar, son las formas en que se hace y que no se debe seguir aceptando en un
país supuestamente democrático.
“Y ya basta. Lo hicieron en 2006, en
2011, en la Ley Secundaria en 2013 y ahora de nueva cuenta en 2017. Es una
costumbre por parte del Congreso tramitar leyes a escondidas, días
antes de semana santa. Es una copia de lo que pasó con la Ley Televisa, en
cuanto a procedimiento”, comentó.
EL DÉBIL IFT.
De Swaan
también abordó el papel del regulador, el IFT. El ex presidente de Cofetel,
considera que es notorio que este pleno
del IFT, nunca tuvo la necesidad de luchar por facultades, razón por la que han
dejado que les arrebaten mucho, al considerar que tienen otras, que son
demasiadas o que no les gustan.
Para De
Swaan, el comunicado del IFT “es una
vergüenza institucional de magnitudes desproporcionales, básicamente le dicen
al Congreso que ahí les dejan la tarea, que hagan lo que quieran y que confían
en su prudencia.
No hay una sola mención a favor de la
ciudadanía, del consumidor, de las audiencias”.
“Es un órgano timorato, compuesto por
comisionados y comisionadas que han tenido la vida fácil. Se les dieron una
serie de facultades que han dejado ir graciosamente hacía el Congreso para
impedir no enfrentarse con otros poderes”, destacó.
La
Amedi refirió que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión le
otorgó al IFT la facultad de regular, promover y supervisar la prestación de
los servicios de radiodifusión. En función de ello, la ley secundaria le ordena
vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias y
emitir los lineamientos correspondientes.
Entonces, el
dictamen contradice todo ello: le retira
al IFT la facultad de sancionar el incumplimiento de los Lineamientos Generales
de Defensa de las Audiencias, “o sea, a los concesionarios muy poco les importa
los derechos de las audiencias y no quieren ser sancionados por pasar encima de
ellos y de los lineamientos que los norman.
Finalmente,
Calleja Gutiérrez explicó que el IFT puede imponer controversia por evasión de
facultades, pero no lo quisieron hacer cuando fue la promulgación de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y ve poco probable que lo hagan
ahora, “ojalá me equivoque, pero no veo el talante del regulador para defender
sus propias facultades”.
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