Declaraciones imprecisas o ambiguas
han generado suspicacias de que el Gobierno de México ha claudicado en su
declarada intención de lograr la extradición del ex Gobernador Tomás
Yarrington, detenido en Italia, para atajar los escándalos de corrupción que
asedian la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Los equívocos
se iniciaron el 9 de abril, cuando la Procuraduría General de la República
(PGR, fiscalía) anunció en un boletín que Yarrington, Gobernador del estado de
Tamaulipas entre 1999 y 2004, había sido detenido en Italia.
De acuerdo con el texto, el arresto
se logró “gracias a la colaboración” de la Procuraduría con las autoridades
italianas.
También aseveró que la detención obedeció a la
ficha roja solicitada a Interpol por existir una orden de aprehensión emitida
por un tribunal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita, entre otros.
“Se espera que en los próximos días
sea repatriado a nuestro país por esta Procuraduría, en coordinación las
autoridades del Gobierno de Italia”, acotó.
Sin embargo,
un comunicado emitido un día después por la Policía de Italia señaló que la detención se efectuó por ser Yarrington
“objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial
estadounidense”.
También
indicó que el ex Gobernador fue
localizado “en seguimiento a los informes del organismo estadounidense
colateral”, presumiblemente la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y que en la operación participaron
“funcionarios de Interpol y del Departamento de Seguridad Nacional
estadounidense”.
Ese mismo 10
de abril, el subprocurador Jurídico y de
Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, reconoció que Yarrington
también es requerido por Estados Unidos, por lo que las autoridades italianas
deberán decidir a qué país extraditarlo.
En contraste
con el pronunciamiento original de que se esperaba la repatriación “en los
próximos días”, refirió que el Gobierno deberá
presentar formalmente la solicitud de extradición “dentro de los 60 días
hábiles siguientes”.
Indicó que
al tomar la decisión de a qué país entregarlo, Italia “tendrá que tomar en
consideración las particularidades del caso”, incluyendo la gravedad de los
delitos que se le atribuyen.
De inmediato pareció conceder
prioridad a Estados Unidos al declarar: “Es importante mencionar que la
solicitud de México es de 20 años de prisión y la de los Estados Unidos es de
dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión”.
Señaló que
el país europeo también deberá considerar el tiempo y lugar de los delitos, la
nacionalidad y el lugar de residencia habitual del sospechoso y las fechas de
presentación de las respectivas solicitudes de captura, entre otros factores.
Con todo, el
funcionario se rehusó a especular qué elemento tendrá mayor peso en las
consideraciones del Gobierno italiano.
Al ser
presionado por un reportero quien señaló que la balanza parece inclinarse a
Estados Unidos, replicó que el interés del Gobierno es que se sancione
cualquier acto de corrupción pública, “en México o en cualquier parte del
mundo”.
Las declaraciones de Elías Beltrán y
las inconsistencias entre el anuncio inicial de la PGR y el reporte de la
Policía de Italia llevaron a algunos medios a especular que el Gobierno no
quiere traer al país y someter a juicio a uno de los suyos, pese a que
Yarrington fue expulsado del gobernante Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en diciembre pasado.
En un aparente intento de salir al
paso de las especulaciones, la PGR afirmó este miércoles que está trabajando
“conjuntamente” con el Departamento de Justicia estadounidense para que el ex
Gobernador “enfrente a la justicia de ambos países”.
En un comunicado
posterior, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que el
Gobierno “procedió a presentar vía
diplomática la solicitud de detención provisional con fines de extradición” a
Italia el 11 de abril.
Este anuncio
condujo a algunos medios a afirmar que México ya había solicitado a Italia la
entrega del detenido. Sin embargo,
fuentes de la PGR aclararon a Efe que esta petición no equivale aún a una
solicitud formal de extradición.
La PGR
contaba con una orden de aprehensión contra Yarrington desde 2012, y en
noviembre pasado ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos 800 mil
dólares) a quien diera información que llevara a su captura.
A menos de
dos meses de unas importantes elecciones estatales programadas para el 4 de
junio que se perfilan como barómetro de las presidenciales de 2018, la detención de Yarrington ha puesto de
nuevo en el foco los problemas con la justicia que afrontan varios ex
gobernadores.
Entre los
casos más mediáticos están los de los prófugos Javier Duarte y César Duarte, ex
gobernadores de Veracruz y Chihuahua respectivamente, el primero expulsado del
PRI en octubre pasado y el otro en vías de ser echado del mismo partido por las
acusaciones de corrupción durante sus mandatos, ambos de 2010 a 2016.
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