Un análisis de Impacto en Derechos Humanos reveló que la minera canadiense Almaden Minerals pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de más de 4 mil pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, mientras las autoridades mexicanas favorecen el interés económico.
“El Gobierno mexicano es servil a los intereses de los capitales y bajo su discurso de desarrollo cree que le hace bien a las comunidades. El discurso es que se combate a la pobreza por la llegada de empleo. El Gobierno facilita la llegada de este tipo de proyectos a las poblaciones”, denunció esta mañana Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, en conferencia de prensa.
De acuerdo con Diana Pérez, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en la actualidad los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud no están garantizados en la zona y la minería a cielo abierto, prevé, causaría daños irreversibles y dispararía la competencia por el agua y la tierra.
Patricia Legarreta del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), informó que la empresa se encuentra en etapa de exploración en un terreno de aproximadamente 13 mil hectáreas, prioritarias para la conservación y donde en algunas se llevaban a cabo actividades de agricultura.
Aunado a ello, la canadiense anunció la cotización de nuevas acciones en las bolsas de Toronto y Nueva York para financiar sus operaciones en el municipio de Ixtacamaxtitlán y señaló que continuará “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró improcedente su solicitud de operaciones hace un par de de meses, por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”.
Los inconformes denunciaron que la empresa ha proporcionado información falsa a sus inversionistas, al Gobierno de México y la población local a fin de continuar la exploración en la región para extraer oro y plata.
Legarreta explicó que Almaden Minerals planea triturar 179 millones de toneladas de roca para obtener apenas 0.76 gramos de oro y 47 gramos de plata por cada tonelada, sin generar ganancias para México y sin pagar impuestos.
La empresa omitió en su informe anual de 2016, a sus inversionistas, que la Semarnat le negó los permisos para continuar explotando y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le realiza una investigación por violar normas al llevar a cabo 236 barrentos más de los autorizados, con una profundidad mayor, y con riesgo de haber perforado un acuífero.
MÚLTIPLES DAÑOS.
Los activistas señalaron que actualmente el estado del agua en el municipio es de buena calidad, sin embargo, es escasa y no todos los pobladores tienen acceso suficiente a ella y la minería en la zona podría empeorar la situación.
En materia de medio ambiente, indicaron, el perímetro cuenta con áreas de conservación y para cultivo, por lo que es vulnerable si se lleva a cabo la minería, además de que existen especies amenazadas y en peligro de extinción.
La salud es otro de los temas que preocupan a los activistas y pobladores, ya que, aseguraron, las principales enfermedades en la región están asociadas a las vías respiratorias y con la minería habría más polvo que las incrementaría.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), al finalizar el año 2012 se registraron “un total de 285 empresas con capital extranjero, operando 853 proyectos en México. Del total de empresas extranjeras, 204 (71.6 por ciento) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 46 (16.1 por ciento) en Estados Unidos, 8 en China (2.8 por ciento) y 5 (1.7 por ciento) en Australia. Además, se tenían 4 del Reino Unido, 4 de Japón, 4 de Corea, 2 de India y con una empresa de Bélgica, España, Brasil, Perú, Luxemburgo, Chile e Italia”.
Asimismo, destacaron que hicieron llegar el reporte de la problemática al Gobierno municipal, a Semarnat, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a Profepa y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no obstante, la respuesta no ha ha sido la esperada.
“Hemos encontrado que las instancias esquivan su responsabilidad porque argumentan que no les corresponde la problemática en su totalidad. [Las autoridades] tienen una actitud esquiva en el cumplimiento de su función. Hemos encontrado desilusión de las comunidades porque todavía confiaban”, dijo Marreros.
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