EL ESTADO DE MÉXICO FUE LA ENTIDAD EN
TODO EL PAÍS DONDE MÁS DINERO SE “EXTRAVIÓ” EN 2015, POR ENCIMA DE VERACRUZ, cuyo ex Gobernador, Javier Duarte
de Ochoa, está preso, aseguró el investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), Leonardo Núñez González, con base en la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) de ese año.
De 2011 a 2015, periodo administrado
por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, el estado ocupó el tercer lugar en
irregularidades en el presupuesto a nivel nacional sólo por debajo de Veracruz
y Michoacán.
De los 64
mil 716 millones que se desviaron en los estados del país durante 2015, en el Estado de México, donde habrá
elecciones el cuatro de junio, no se comprobó el uso de 8 mil 098 millones de
pesos frente a los 7 mil 704 millones de pesos desviados en Veracruz ese mismo
año.
En marzo,
Ávila Villegas dijo a la prensa que su administración estaba dispuesta a
explicar al Congreso mexiquense las observaciones de la ASF porque “todo lo que
se hace en el Estado de México es con plena transparencia”. Días después José
Manzur Quiroga y Joaquín Castillo Torres, secretarios general de Gobierno y de
Finanzas del Estado de México, respectivamente, comparecieron ante las
comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Congreso
estatal.
En el acumulado de cinco años
(2011-2015) la cifra en el Estado de México es por 20 mil 190 millones de pesos
de los 216 mil
millones de pesos perdidos en todos los estados, documentó el analista
político. En Veracruz se extraviaron 34
mil millones de pesos y en Michoacán 26 mil millones.
En
entrevista, expuso que el gasto federalizado se divide en fondos. Entre lo más
representativo, el Estado de México no
demostró el ejercicio de 869 millones de pesos recibidos para el Fondo de
Aportaciones Múltiples (infraestructura y desarrollo social).
En un estado
donde los índices delictivos son altos y es el primer lugar en feminicidios y
que se mantiene entre los primeros lugares en robo de autos y en homicidios
dolosos, es incierto el destino de los
116 millones de pesos para el Fondo de Seguridad Pública.
Tampoco se sabe en qué se emplearon
35 millones 118 mil para el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior.
Además, no se comprobó el uso de 128 millones de pesos correspondientes al
Fondo de Cultura; el de 74 millones para el Fondo de Infraestructura Deportiva
ni el de 198 millones para carreteras federales.
Esto se da
por un problema administrativo, afirmó Nuñez González, maestro en
administración y políticas públicas. El
dinero se entrega a los gobiernos estatales y el Congreso local debe aprobarle
su uso, pero la mayoría de ellos, como Poder Legislativo, no lo revisa ni
vigila.
“Eso permite erogar recursos de los
fondos sin comprobarlos; los gobiernos gastan de manera arbitraria. El dinero
se entrega a las Tesorerías de los estados, los cuales lo ejercen sin comprobar
su ejercicio. El
control sobre el uso de los recursos se hace de manera divergente”, aseguró.
Aunque hay autoridades que deben
actuar frente a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, “son
omisas”.
La ASF detecta que hay desvíos de
recursos, hace un pliego de observaciones, se envía a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y si no hay una respuesta, se manda a la Procuraduría
General de la República (PGR) para una denuncia penal.
Sin embargo,
en esas dos instancias –dirigidas por
Arely Gómez y Raúl Cervantes– es donde “se atoran” las observaciones de
irregularidades en el gasto de recursos públicos.
“De las 740 denuncias que se han
hecho ante la PGR desde 1999 a raíz de las auditorías, solo 30 se han resuelto.
El 96 por ciento están atoradas”, dijo el investigador del CIDE.
Ante ello, enfatizó la importancia de un Consejo
Fiscal Independiente como lo ha recomendado para México el Fondo Monetario
Internacional (FMI) desde 2016 y que reiteró en abril. Sin embargo, la Secretaría
de Hacienda (SHCP) NO lo considera necesario al argumentar que se está
trabajando “con solidez técnica”, según palabras de la subsecretaria
Vanessa Rubio.
“Un Consejo Fiscal es necesario
porque tendría la función de un organismo autónomo e independiente encargado de
vigilar el gasto, nivel de deuda y presupuestos”, expuso Leonardo Núñez.
GASTO
ADICIONAL EN 2016, EL MAYOR EN 16 AÑOS.
Respecto a
2016, a nivel del gobierno federal se gastó más dinero de lo aprobado por el
Congreso de la Unión si se compara el Presupuesto de Egresos de la Federación
(4.7 billones de pesos) con la Cuenta Pública (5.3 billones de pesos) publicada
el 30 de abril. En 2016 el gasto
adicional fue de 613 mil 900 millones de pesos, el más grande en los últimos 16
años, documentó el investigador del CIDE, Leonardo Núñez González.
Del total
del gasto excedente, el 71 por ciento se hizo en el último trimestre del año
pasado. Pero ante la falta de
transparencia, el 54 por ciento de ello no se sabe dónde está.
Sin embargo,
dijo, en la Cámara de Diputados y la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “no hay trabajo legislativo” porque no
reaccionan ante la cuenta pública. Han ignorado las nueve últimas entregadas
por la Secretaría de Hacienda. Además, el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas de la Cámara de Diputadas debería dar información, “pero está
capturada políticamente”.
En 2015, destacó el investigador, el Gobierno federal asignó para
Comunicación Social dos mil 695 millones de pesos, pero el gasto real se
disparó a siete mil 618 millones, es decir, casi se triplicó.
En 2016 volvió a pasar. Para ese
rubro se presupuestó 2 mil 400 millones de pesos, pero se gastaron 8 mil 591
millones de pesos, 356 por ciento más.
Una de las partes principales del
problema, reflexionó el analista, es que hay reglas “muy laxas” en la
comprobación fiscal.
La Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), expuso el
politólogo en un texto de la revista Nexos, permite con la figura de
“adecuaciones presupuestarias” mover recursos entre oficinas o programas.
La mayoría
de estos cambios, según la ley, requiere la autorización de la Secretaría de
Hacienda. Pero en cualquier caso, “todas las modificaciones son decididas de
manera unilateral por las mismas instituciones que gastan, ya que el Poder
Legislativo no forma parte del proceso de decisión en ningún momento”.
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