El
representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio
Duarte Olivares, presentó una queja y
una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) contra 39 funcionarios públicos por “proporcionar
apoyos y prestar servicios” al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su
candidato a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Desde la
Presidencia de la República se han atribuido responsabilidades fuera de sus
funciones a secretarios del gabinete federal y diversos funcionarios de esta
administración, a fin de que actúen en calidad de operadores electorales para
el PRI durante el citado proceso electoral en dicha entidad, explicó en sus
demandas, Horacio Duarte.
Presentó, entre otras pruebas, el
documento Activación de lugares prioritarios, Edomex-8 Mayo 2017, elaborado por
una de las entidades del consultor político Jordi Segarra, denominada “El
Pentágono”.
Dicho texto, que fuese dado a conocer
en su momento por el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, en las redes sociales, detalla la estrategia electoral del PRI para
llevar a cabo la compra y coacción del voto antes y durante la jornada
electoral del próximo 4 de junio del presente año.
La
estrategia, conforme al texto, divide al estado por zonas, municipios y
distritos, además desarrolla para cada uno una táctica específica, designa
tareas y señala con claridad a los responsables de cada una para neutralizar a
los contendientes que estiman con mayor o mejor posibilidad en cada zona.
“Existe, sin lugar a duda, la
utilización de los recursos públicos no solamente en términos de los gastos que
originen el trabajo de los servidores públicos que se señalan como responsables
y enlaces, incluyendo el propio pago de sus salarios atendiendo cuestiones
ajenas a sus funciones, sino también las erogaciones necesarias para llevar a cabo
cada táctica”,
explicó Duarte Olivares.
Entre estas
erogaciones, mencionó la operación de
“call center” para desactivar el voto; la movilización el día de la elección;
la operación del contacto directo con el candidato; el pago de voceros de
campaña; la promoción de la abstención y desmovilización; la comunicación del
riesgo de tener un gobierno de Morena, así como la organización y operación de
varias activistas mujeres.
La apropiación y canalización de
programas públicos, denunciados previamente también por Morena, continuará a
través del manejo que hagan los mandos superiores en el Estado de México, señaló el también dirigente del
partido en dicha entidad.
Con esta
operación electoral, afirmó Duarte, se
viola la Constitución, ya que establece la obligación de garantizar a los
partidos políticos condiciones equitativas en las elecciones, evitando
cualquier influencia externa que pueda alterar la competencia
La queja y
la denuncia.
En ambas,
Morena solicita a las dependencias que investiguen y sanciones a los presuntos
responsables de los hechos denunciados. Recordó que durante el proceso de
campaña electoral para el Estado de México, Morena ha denunciado violencia
política de género contra su candidata a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez.
Además, el rebase de topes de campaña, difusión y
distribución de propaganda negativa y campaña sucia contra la candidata de
Morena; empleo de videos e imágenes idénticas a las usadas por Eruviel Ávila en
su campaña del 2011 y ahora recicladas para la candidatura de del Mazo, y el
empleo de programas sociales como política pública que se siguen promocionando
pese a que esta acción viola la Constitución local y la ley electoral.
Destacó el
cuadernillo de 154 fojas llamado “Activación de Lugares Prioritarios”, fechado
el 8 de mayo pasado, confeccionado por el equipo de campaña del consultor
político Jordi Segarra, empleado por el
PRI, para realizar un análisis detallado de los 45 distritos electorales
locales del Estado de México que demuestran la intervención del gobierno
federal y del estado de México en la elección mexiquense, misma que se está
realizando a través de los servidores públicos y mandos medios y superiores que
a continuación de enlistan:
Los funcionarios pertenecen a la
Comisión Nacional Forestal (Conafor); a la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas; la Dirección General del Consejo Nacional de Fomento
Educativo; la Secretaría de Educación Pública, incluyendo a su titular Aurelio
Nuño; al director general del Instituto de Seguridad Social y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas, y
funcionarios de esta dependencia, así como al director del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Mikel Andoni Arriola Peñalosa.
Además, a delegados, funcionarios de
Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
que encabeza Rosario Robles Berlanga; el secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, y funcionarios de la
dependencia, así como la coordinadora nacional Prospera Programa Inclusión
Social, Paula Angélica Hernández Olmos y subalternos; la subsecretaria de
Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Flora Patricia Martínez Cranss y servidores públicos de la dependencia.
Asimismo, el secretario de Turismo,
Enrique Octavio de la Madrid Cordero y subalternos; el titular de la Unidad de
Utilización del Suelo para proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los
fondos Mineros de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, José Ricardo López Pescador; el
secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y subalternos;
el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la
Parra y subordinados.
Y la lista sigue: el director general
del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
David Penchyna Grub y subalternos; el secretario de Desarrollo Social, Luis
Enrique Miranda Nava; el subsecretario de Planeación de la Secretaría de
Desarrollo Social, Francisco Javier García Bejos; el director general de Seguro
de Vida para Jefas de Familia; el subsecretario de Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Mely Romero Celis; el jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación
de Entidades Federativas, Sergio Alejandro Ozuna Rivero; el subsecretario de
Desarrollo Social y Humano de Sedesol, Eviel Pérez Magaña, y el director
general de Coordinaciones Delegacionales de la Unidad de enlace Federal y
Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Gobierno,
Secretaría de Gobernación, Alberto Ponce de León Cota.
“En
consecuencia y analizando cada uno de los documentos, se colige que es
indiscutible la injerencia, colaboración, participación y asistencia de los
diversos funcionarios públicos en la elección por la cual se renueva al titular
del Poder Ejecutivo del Estado de México, toda vez que servidores públicos en
funciones dentro de la administración Pública federal y local y aparecer como
coordinadores y enlaces regionales dentro de la estructura electoral que el
Partido Revolucionario Institucional emplea en el proceso electoral ordinario
2016-2017 del Estado de México, violentan la Ley General en Materia de Delitos
Electorales”, añadió.
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