Una maniobra para convertir una
inexistente deuda de 50 millones de pesos del gobierno federal al gobierno del
Estado de México, supuestamente contratada en 1997, en un mecanismo para
transferir al menos 3 mil 100 millones de pesos del erario federal al
mexiquense desde la administración de Enrique Peña Nieto, fue documentada y
denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari, defensor de la compañía
Infraiber.
La demanda de
hechos, de 13 cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta delincuencia organizada,
involucra al exgobernador y actual presidente de la República Enrique Peña
Nieto, el exsecretario de Finanzas mexiquense y exsecretario de Hacienda
federal, Luis Videgaray; al exsecretario de Infraestructura estatal y actual
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; al exdirector de Banobras y aspirante
priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo Maza, y al actual gobernador
mexiquense Eruviel Ávila.
La
reconstrucción documentada por Díez Gargari revela que estos funcionarios se coludieron para “crear un mecanismo que les
permitiera canalizar miles de millones de pesos de ‘dinero sucio’ al
financiamiento ilegal de las campañas políticas del Estado de México, a partir
de un reclamo fraudulento y un derecho inexistente que ha generado un quebranto
multimillonario a la hacienda pública federal y ha incrementado el costo fiscal
del rescate carretero”.
La historia
se origina en 1991 cuando el gobierno del Estado de México supuestamente aportó
50 millones de pesos para la liberación del derecho de vía de la autopista
Chamapa-Lechería, que “no quedaron incluidos en el sistema fiscal carretero”.
En 1997, durante el sexenio de
Ernesto Zedillo, fueron considerados como aportaciones “no recuperables” esos
50 millones de pesos, de modo que el gobierno federal no asumió el reembolso de
esa cantidad supuestamente aportada para la liberación de los derechos de vía.
El 29 de
agosto de ese año, la Secretaría de Hacienda designó a Banobras como agente
financiero y mandatario del gobierno federal en relación al rescate carretero. El 31 de agosto de 1997, el gobierno
federal otorgó a Banobras, vía la SCT, “la concesión para operar, explotar,
conservar y mantener las autopistas carreteras”, incluyendo la autopista
Chamapa-Lechería.
Durante el gobierno estatal de
Enrique Peña Nieto, el 21 de marzo de 2007, el entonces secretario de
Comunicaciones e Infraestructura mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, presionó al
gobierno federal de Felipe Calderón para que “de manera fraudulenta”,
recuperaran los 50 millones de pesos.
Mediante el
oficio No. 21100000/08/2009, Ruiz
Esparza informó a la SCT el 21 de abril de 2009 que existía un convenio de
concertación que preveía una aportación de 50 millones de pesos, “pero que, en
realidad, el gobierno del estado habría aportado 125 millones de pesos y que
esa cantidad actualizada a la fecha con una tasa de interés de 10.0 puntos
reales era de 3,671 millones de pesos”.
Es decir, convirtieron una supuesta deuda de 50
millones de pesos en otra de 3 mil 671 millones de pesos del erario federal al
erario mexiquense. Díez Gargari afirma en su demanda que “la tasa de 10
puntos real anual que el gobierno del Estado de México utilizó para llegar a
esa cifra fantástica no tiene soporte legal y/o contractual alguno”.
Actualizado a la inflación sería de
234 millones de pesos al 30 de abril de 2009 o de 344 millones de pesos al 30
de abril de este año, calculó el experto.
La
ilegalidad con EPN en Los Pinos.
Ruiz Esparza
no obtuvo respuesta del gobierno federal de Calderón, pero cuando llegó Enrique
Peña Nieto a Los Pinos, asumió la existencia ficticia de un “convenio de
transacción” que versa de “una obligación inexistente (del gobierno federal) y
un derecho inexistente (del gobierno del Estado de México)”.
Según Díez
Gargari, Peña Nieto, el titular de
Hacienda, Luis Videgaray, Ruiz Esparza en la SCT y Alfredo del Mazo en Banobras
diseñaron un “doloso” plan criminal “para crear un vehículo que les permitiera
canalizar al gobierno del Estado de México miles de millones de pesos.
“Parte o la totalidad de estos
recursos habría podido destinarlos al financiamiento ilegal de las campañas del
Estado de México, incluyendo la de Alfredo del Mazo”, afirma Díez.
El convenio
de transacción obligó a la Secretaría de
Hacienda a pagar 3 mil 600 millones de pesos como reembolso. Tan sólo en 2016
habrían pagado al menos mil 600 millones de pesos y el quebranto, al día de
hoy, sería superior a los 3 mil 100 millones de pesos.
La
documentación aportada por Díez Gargari afirma que utilizaron al Sistema de
Administración del Sistema Carretero del Estado de México (Saascaem). El 30 de
septiembre de 2016 se ve al cierre del ejercicio el saldo de 1 mil 600 millones
de pesos en la cuenta Bancomer 0102614057 del Saascaem.
Estos recursos “no están registrados
ni como ingresos ni como disposición de crédito en los estados financieros del
Saascaem”.
El 31 de
diciembre de 2014 en otra cuenta de Bancomer de Saascaem había 500 millones de
pesos correspondientes al “pago al gobierno del Estado de México del Convenio
de Concertación de Acciones en la liberación del derecho de vía, por la
construcción de la carretera Venta-Lechería, en su tramo Chamapa-Lechería”. Al
año siguiente, al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la misma cuenta Bancomer
era de 0 pesos. Los 500 millones de
pesos desaparecieron sin dejar rastro.
Para Díez Gargari esta justificación
constituye “una auténtica confesión del delito”.
En la Cuenta
Pública Federal del 2016, en el apartado
del ejercicio de egresos de la SCT, no se hace referencia al Convenio de
Concertación ni al Convenio de Transacción. Simplemente se señala que en
“subsidios” se registró un gasto mayor al presupuesto aprobado de 305.9 por
ciento, entre otras cosas, al pago de “compromisos” con el Gobierno del Estado
de México, a través de la SCT.
Díez Gargari
denuncia a los funcionarios involucrados
por ser autores no sólo de “un quebranto multimillonario de la hacienda pública
federal (superior a los 3 mil 100 millones de pesos probablemente)” sino
también de actuar “de manera deliberada y dolosa para incrementar sustancialmente
el costo fiscal del rescate carretero, en perjuicio de todos los mexicanos”.
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