El Canal Centenario iba a ser la gran
obra del siglo en materia de infraestructura en Nayarit: 58 kilómetros del
canal central y 319 kilómetros de los secundarios que regarían 43 mil hectáreas
de tierra agrícola en beneficio de cuatro municipios.
La propaganda del gobierno de Roberto
Sandoval Castañeda señaló que esa obra “cambiará la pobreza por la riqueza”,
pues convertirá a los campesinos nayaritas en “verdaderos empresarios
agrícolas” y de la tierra saldrían “hasta dos cosechas por año”.
Debía entrar
en operación a finales de 2017. Pero a
escasos siete meses de que se cumpla ese plazo, la construcción se encuentra
abandonada con un avance de sólo 10.97%.
Una
investigación realizada por la Alianza Méxicoleaks –de la cual Proceso forma
parte– revela que la administración de Enrique
Peña Nieto escamoteó los recursos para esta obra: de los 7 mil 574 millones de
pesos prometidos para su construcción, apenas entregó la sexta parte.
Luego, la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) pagó con retraso a las empresas
contratistas, llevó a cabo los procesos
de licitación pública de manera discrecional y otorgó un contrato a una filial
del polémico Grupo Tradeco –que enfrenta juicios y sanciones por
incumplimientos y fraudes–, la cual abandonó las obras en mayo de 2016.
El gobierno de Nayarit, por su parte,
tuvo que rehacer tres veces la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se
demoró en tramitar los cambios de uso de suelo.
A sólo 10 días de que se lleven a
cabo las elecciones estatales en Nayarit, programadas para el 4 de junio, el
gobierno de la entidad ya no presume la obra como un gran logro e incluso se
deslinda del proyecto: el pasado jueves 25, Lule Ricardo Guzmán, director de Comunicación
Social de Sandoval Castañeda, no atendió una solicitud de entrevista e insistió
en que el Canal Centenario es “obra 100% federal, de Conagua”.
Al cierre de
esta edición, Conagua aún revisaba un cuestionario sobre las irregularidades en
la realización de las obras.
Hugo
Villagrán Bernal, quien elaboró el documento técnico de la construcción del
Canal Centenario y administró durante tres años el proyecto como delegado de la
Conagua en Nayarit –cargo que ejerció entre marzo de 2013 y junio de 2016–, aseveró por su parte que “le perdió la
pista” al canal y sostuvo que no le “tocó” ejecutar la obra.
Villagrán, quien aspira a una diputación por el PRI en
el XVI distrito de Nayarit, dijo al reportero en entrevista telefónica: “Yo no
sé si va a usar esta información para perjudicarme”.
De gira en
Nayarit el 4 de noviembre de 2013, Peña Nieto realizó un mitin. Ataviado con
una camisa rayada y un sombrero texano, el mandatario anunció la construcción
del Canal Centenario, que aportaría bonanza económica a miles de agricultores
de la región. Alentada por el gobernador Sandoval, la audiencia recibió la
noticia con un trueno de aplausos.
El canal principal de 58.63
kilómetros y los secundarios de 319 atravesarían los municipios de Rosamorada,
Ruiz, Tuxpan y Santiago Ixcuintla, regando 43 mil 105 hectáreas con agua
desviada del río Santiago y retenida en la presa Amado Nervo El Jileño.
Para ello, el gobierno federal planeó
un ambicioso programa presupuestario de 7 mil 574 millones de pesos, repartidos entre 2014 y 2017: mil
825 millones de pesos se destinarían a la ampliación del canal principal, 3 mil
millones de pesos servirían para excavar los canales segundarios, otros mil 324
millones de pesos se emplearían para el sistema de drenaje y el resto se
invertiría en caminos.
El 7 de julio de 2014 Sandoval firmó
un convenio de coordinación con la Conagua, entonces a cargo de David Korenfeld
Federman, y el 22 de ese mes el gobernador priista dio el banderazo de inicio
de la obra.
En el plan
inicial, la primera etapa, consistente
en la sobreelevación de la presa derivadora Amado Nervo y la construcción del
canal principal, debía concluirse en diciembre de 2015, mientras los canales
secundarios y de riego, así como el sistema de drenaje, entrarían en operación
a mediados de 2017.
En realidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) asignó, a cuentagotas, mil 243 millones de pesos para el
proyecto –la sexta parte de lo previsto– y la Conagua pospuso dos veces la
fecha de conclusión de las obras de la primera etapa, hasta fijarla para mayo
de 2016.
En octubre
de 2015, durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Luis Videgaray,
entonces secretario de Hacienda, mencionó el Canal Centenario entre los grandes
proyectos de infraestructura que lanzó la administración de Peña Nieto e
insistió en que “las obras están ahí y se están construyendo, pero son obras
que están en proceso, como es natural, cuando se trata precisamente de obras de
gran calado”.
El abandono
de la obra.
Mientras
Videgaray alababa los logros de la administración peñanietista, los problemas
se multiplicaban en Nayarit.
En lugar de
adjudicar la obra a una sola empresa, la Conagua segmentó el canal principal en
cinco tramos y elaboró un contrato por cada uno, que sometió a procesos de
licitación pública.
En noviembre de 2014 la dependencia
otorgó el contrato del tercer tramo del canal, que abarca los kilómetros 20 a
28 y atraviesa los municipios de Santiago Ixcuincla y Ruiz, a la empresa
Innovaciones Técnicas en Cimentación (Itecsa), en asociación con la empresa
Urba Infraestructura. El monto del contrato fue de 173 millones de pesos.
Itecsa es una filial del polémico
Grupo Tradeco, una de las constructoras más beneficiadas con contratos de obra
pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex durante
las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Según la
bitácora de obras del Canal Centenario, elaborada por la Conagua, Itecsa se retrasó en múltiples ocasiones y
parte del dinero que obtuvo de la dependencia no lo utilizó en la obra. El 22
de febrero abandonó los trabajos, lo que detonó una serie de quejas de la
Conagua.
El 15 de abril, por ejemplo, ésta
deploró que la obra se encontrara “en total abandono sin actividad (sic), sin
manifestar avance físico alguno” pese a que ya se le habían pagado más de 48
millones de pesos. La empresa dejó en el lugar dos excavadoras, un tractor y
dos retroexcavadoras.
La
dependencia no puede alegar que ignoraba los antecedentes de esta compañía: en la última década Tradeco ha enfrentado
decenas de juicios y demandas laborales en México, Estados Unidos y Nicaragua
por incumplimientos de contratos, retrasos en obras y faltas de pago a
proveedores.
El pasado 5
de septiembre la Secretaría de la
Función Pública (SFP) inhabilitó a Tradeco Infraestructura –su filial
principal– para participar en licitaciones públicas hasta marzo de 2019, lo que
frustró suspretensiones de ganar licitaciones del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Su
vicepresidente y cofundador, Sergio Toscano del Olmo, incluso pasó dos días en
la cárcel en diciembre pasado acusado de un fraude de 2.2 millones de pesos en
agravio de Teccisma, otra empresa del sector de la construcción.
Consultado
para este reportaje, Grupo Tradeco se
deslindó de cualquier irregularidad en la construcción del canal. Por teléfono
una vocera de la firma aseveró: “Nosotros no abandonamos obras”. Y aconsejó que
se buscaran las explicaciones con “el dueño de la obra, que es Conagua”.
En un correo
posterior, la misma vocera dijo que “se
otorgó una terminación anticipada del contrato, (pero) no por incumplimiento”.
Y añadió: “No había las condiciones adecuadas para la continuación del proyecto
por parte nuestra”.
El contrato
para la construcción de los kilómetros 13 a 20 del canal fue otorgado a la
trasnacional de origen español Acciona, junto a Tomsa Construcciones y
Constructora Virgo. La primera tiene una fuerte presencia en México. Uno de los miembros del consejo de
administración de Acciona es el financiero Jerónimo Marcos Gerard Rivero,
cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En la última
nota que la Conagua integró a la bitácora de la obra (la número 754, fechada el
31 de julio de 2016), indicó que la construcción del consorcio integrado por
Acciona seguía en curso, pese a que el trabajo debía concluir dos meses antes.
La empresa no quiso hacer comentarios
sobre el retraso. Alegó que se encontraba imposibilitada para dar información
debido a una cláusula de confidencialidad en el contrato.
Otros dos
contratos, para la elevación de la presa y los primeros 13 kilómetros, fueron
otorgados a la jalisciense Supercate y a Operadora de Contratos
Internacionales, que ya realizaron las obras correspondientes.
Licitaciones
opacas.
El año
pasado, al revisar los contratos del Canal Centenario en la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) se percató de que la Conagua aplicó criterios discrecionales en los
procesos de licitación, en particular el que ganó Itecsa.
Observó que la dependencia aceptó la propuesta
económica de la filial de Grupo Tradeco a pesar de que era claramente
“insolvente”, pues el monto ofertado era inferior en 46% al presupuesto que la
propia dependencia había evaluado en su proyecto ejecutivo.
El órgano
fiscalizador también descubrió que la propuesta de Itecsa incluía precios hasta
388% inferiores a los que propuso Acciona en la licitación que ganó; es decir, Conagua otorgó a cada empresa
contratos con una abismal diferencia de costos para realizar trabajos
idénticos. La ASF pidió a la Conagua una explicación al respecto.
Y no sólo
esto: los fallos de las licitaciones muestran que en otra licitación del Canal Centenario la Conagua descartó una
propuesta de Itecsa porque consideró que la empresa no contaba con la
experiencia suficiente en materia de “revestimiento de concreto en canales para
un área hidráulica igual o superior a 15 metros cuadrados”.
Esto no hace
sentido: en la licitación que ganó
Itecsa, la Conagua aplicó supuestamente los mismos criterios y exigencias en
materia de experiencia. El detalle no escapó a los expertos de la ASF, la cual
pidió de nuevo un esclarecimiento a la dependencia.
La Conagua trató de justificar las
observaciones mediante memorandos redactados en jerga técnica, pero éstos no
convencieron a la ASF: el órgano fiscalizador confirmó sus observaciones y los
pasados 26 y 27 de septiembre la Conagua se vio obligada a iniciar
investigaciones internas “a fin de determinar la existencia o no de
responsabilidad administrativa”.
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