El fiscal
general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, ratificó que el desvío financiero en el gobierno priista de Andrés
Granier Melo supera los 10 mil 600 millones de pesos y que desde hace tres años
el gobierno de Estado Unidos notificó al de Tabasco las investigaciones en
contra del extesorero José Manuel Sainz Pineda.
Así como de su esposa Beatriz Pérez
Ceballos arrestada el pasado miércoles 24 en Texas, y su socio Martín Alberto
Medina Sonda, por lavado de dinero y fraude bancario.
En rueda de
prensa, el funcionario informó que a finales de 2014 la Fiscalía inició
colaboración con el gobierno estadunidense, que mostró interés en la
investigación por denuncias en medios nacionales e internacionales sobre
desvíos de recursos en la entidad.
Producto de
ese trabajo y luego de distintas reuniones, el pasado jueves 25 el agente responsable de la investigación en la
Unidad contra Lavado de Dinero, Joseph Arabit, reportó la detención de Beatriz
Pérez Ceballos en Houston, Texas, esposa de Sainz Pineda, secretario de
Planeación y Finanzas de 2007 a 2012, en el sexenio de Andrés Granier Melo.
Además, el funcionario estadunidense avisó de la
confiscación de siete bienes inmuebles en Nueva York, Miami, Los Ángeles y
Texas, seis cuentas bancarias y tres vehículos, cuyo valor fue estimado en 50
millones de dólares.
Valenzuela
Penas anunció que en su oportunidad la
embajada de ese país, a través de las instancias competentes, notificará al
gobierno de Tabasco el inicio del juicio civil en el supuesto de quedar firme
la confiscación de los bienes y cuentas referidas, “a fin de que sea parte de
dicho proceso para su reclamo”.
Fideicomisos
en EU, Canadá, Irlanda, Dublín…
Añadió que en paralelo se lograron
conocer distintos fideicomisos localizados en bancos de Nueva York, Estados
Unidos; Toronto, Canadá; Dublín, Irlanda y Nueva Zelanda, abiertos entre 2007 y
2012, justo en el periodo de la pasada administración estatal.
Ante ello, se solicitó la colaboración de la Unidad
Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República
(PGR), “para los inmediatos aseguramientos de estos fondos”.
“Prueba de ello es que recientemente
fueron remitidas a sus oficinas centrales (de PGR) casi 100 mil copias de una
sola averiguación previa, la cual contiene información financiera relevante”, resaltó el fiscal.
Recordó que
pese a la ausencia de documental probatoria de los desvíos en efectivo, la
Fiscalía estima un faltante superior a los 10 mil 600 millones de pesos en todo
el periodo de la administración anterior, y sentenció que se trabaja de manera
ardua por recuperarlos y hacer justicia.
Señaló que las indagatorias y los
procesos legales siguen su curso, entrando a una nueva etapa en la que se
solicitará la recuperación del recurso perteneciente a las arcas estatales.
Dijo que así
quedó probado el pasado 11 abril cuando se obtuvo sentencia condenatoria de 12
años y seis meses contra Martín Medina Sonda, socio de Sainz Pineda, por lavado
de dinero.
Valenzuela
Pernas reiteró que el desvío de recursos públicos por parte de la pasada
administración, documentado y denunciado ante la Fiscalía, no quedará impune y
se llegará a fondo.
“No habrá impunidad porque la gran
víctima es el pueblo de Tabasco”, sostuvo y agregó que los recursos que se
investigan, “desaparecieron de las arcas estatales y estarían apareciendo en
casas en Estados Unidos, en vehículos, en cuentas bancarias, en inversiones y
en propiedades en otros países”.
Sainz Pineda
y Medina Sonda se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social del
Estado (Creset) desde 2013 y 2015, respectivamente. Granier Melo se encuentra
en el Centro Médico del Reclusorio Femenil Tepepan de la Ciudad de México desde
2013, por problemas cardiacos, luego de una corta estancia en el Reclusorio
Oriente.
De acuerdo
con el expediente de acusación C-17-245, abierto en la Corte de División de
Corpus Christi, en Texas, revelado por la agencia Apro, a partir del año 2006
Sainz Pineda, su esposa Beatriz y su socio Medina Sonda transfirieron a Estados
Unidos grandes cantidades de dinero procedentes del “erario público”, “fraudes
bancarios”, “fondos robados” y “sobornos” que lavaron a través de los bancos
Morgan Stanley Smith Barnet, Royal Bank of Canada y J.P. Morgan Chase.
En 2008
compraron el departamento 28B del exclusivo condominio ubicado en el 255 de la
74th East Street, en pleno centro del barrio de Manhattan, en Nueva York, a
cinco cuadras de Central Park.
El año
siguiente, adquirieron las unidades 2708 y 4803 del condominio Jade Ocean y un
departamento en una torre ejecutiva situada en la ciudad de Sunny Isles Beach,
que se encuentra en la periferia de Miami, Florida.
También el
departamento 23B en el condominio 1 West Century Drive en Los Ángeles –cuyo
precio está estimado en dos millones 586 mil dólares–, una propiedad en el
lujoso barrio de The Woodland, en Texas, y otra en Sugarland, también en Texas
Además,
abrieron seis cuentas bancarias –a nombre de Pérez Caballos y de “empresas de
papel”–, e incorporaron una sociedad en el paraíso fiscal de las Bermudas.
La justicia
estadunidense acusa a los implicados de lavado de dinero y fraude bancario,
delitos por los cuales enfrentarían penas de hasta 50 años de cárcel y multas
por un millón y medio de dólares.
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