Integrantes del Colectivo por la Paz
en Xalapa solicitaron formalmente a la Fiscalía e Veracruz la destitución del
Fiscal especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidos, Luis
Eduardo Coronel Gamboa, a quien acusan de ser grosero e indiferente.
Además, pidieron que el visitador general de la
FGE, Marcos Evén Torres Zamudio, no se involucre con los casos, señalándolo de
manipular investigaciones, oficios y quejas al interior del organismo autónomo.
Al leer un
oficio con esa y otras peticiones, los
familiares dieron 15 días para que el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz,
de una respuesta. Adelantaron que en caso de incumplimiento, el colectivo
tomará acciones legales en su contra y de la institución.
Señalaron que existe un rezago en las
labores del actual fiscal regional de Xalapa, José Alfredo Gómez Reyes, así
como maltrato y mal servicio de su parte.
“Solicitamos que sea destituido de su
cargo y quede sin contacto alguno con familiares de desaparecidos Luis Eduardo
Coronel Gamboa, debido a su ineficiencia, maltratos, humillaciones, indolencia
y actitud prepotente.
“Esta actitud acompañada de frases
como ‘¿Y cuál es la prisa si están desaparecidos?’, así como no haber presentado
desde su ingreso un plan de trabajo, un plan de búsqueda con sus alcances,
informe de resultados y avances realizados en las carpetas de investigación”, acusaron las integrantes del
colectivo.
El Colectivo
por la Paz también acusó a Coronel
Gamboa de no presentarse en las citas individuales, por lo que no atendió a los
familiares de desaparecidos y se quejaron de que en las citas individuales no
destina el tiempo necesario para atender al solicitante para que éste pueda
exponer su situación.
“No cumple con igualdad de Derechos,
dando preferencia a gente de su agrado o impuestos por su familiar, (la
diputada local del PAN) María Josefina Gamboa Torales”, plantearon.
Añadieron
que el Fiscal Especial genera
desconfianza por sus malos resultados en cargos anteriores y ser un ex empleado
del gobierno de Javier Duarte.
Exigieron sensibilización a todo el
personal que atiende los casos de desparecidos, para ser tratados con dignidad
y respeto o conforme a Derecho, así como el regreso de María Isabel Hernández
como fiscal regional de la zona Xalapa.
El Colectivo
por la Paz Xalapa también requirió a
Wínckler Ortiz que el Visitador General del organismo autónomo, Marcos Even
Torres Zamudio, sea removido y no tenga trato o acercamiento con los familiares
de desaparecidos.
“Se muestra como una persona
irrespetuosa, agresiva e inadecuada para este tema, siendo deshonesto y
aprovechándose de su puesto para manipular investigaciones, oficios, quejas,
denuncias y todo proceso que involucre a la Fiscalía”, acusaron.
El Colectivo
recordó que Torres Zamudio fue acusado
de haber cometido corrupción como director jurídico para los Juegos
Centroamericanos Veracruz 2014, por lo que temen que las partidas económicas
ligadas a los familiares de desaparecidos sean malversadas.
Asimismo,
solicitaron reuniones cada 45 días con fecha fija sin derecho a modificaciones,
quedando con un calendario confirmado desde el mes de julio a diciembre de
2017.
Los familiares no han sido tímidos en
señalar el mal trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado
(FGE) con respecto a las investigaciones de los diferentes casos de sus
desaparecidos.
Incluso, el pasado 23 de mayo la
mayoría se plantó fuera de las entradas de este organismo para manifestarse,
con lo que lograron agendar la reunión con Wínckler Ortiz para el martes 30 de
mayo.
Ya desde
entonces colgaron lonas impresas con las fotografías de sus familiares y otras
donde pedían la destitución del fiscal especializado y separar al visitador
general de la FGE de los casos de desaparecidos.
El reclamo este día fue el mismo, ya
que al leer un oficio con esa y más peticiones, los familiares de desaparecidos
lanzaron una advertencia al titular de la FGE, Jorge Wínckler Ortiz, para que
en 15 días dé una respuesta.
Liderados
por Sara González Rodríguez, agregaron que en caso de incumplimiento, el
colectivo tomará acciones legales en su contra y de la institución.
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