El Senado de
la República aprobó un punto de acuerdo
para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) soliciten al gobierno de Guatemala la autorización
para que la Fiscalía estatal de Veracruz ejecute la orden de aprehensión contra
el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición
forzada.
Durante el
debate en el pleno de la Cámara alta, los
senadores del PAN, PRD y MC consideraron que la sentencia de nueve años de
prisión dictada a Javier Duarte es “insuficiente” y “ridícula” por los delitos
de lavado de dinero y asociación delictuosa, al tiempo que culparon al gobierno
federal por falta de rigor en el combate a la corrupción.
Al exponer
en tribuna el punto de acuerdo, la
senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román argumentó que en febrero de
2018, en la operación “Tiro de Gracia” fueron detenidos 19 exservidores
públicos del gobierno de Javier Duarte, incluido el extitular de Seguridad
Pública Arturo Bermúdez Zurita, por haber implementado “una política
sistemática de uso de la desaparición forzada de personas”.
Los imputados en esta operación
fueron vinculados a proceso y enfrentan penas “de hasta 90 años de prisión”. La
Fiscalía General de Veracruz obtuvo orden de aprehensión contra Javier Duarte
“al contar con datos de prueba que acreditan que dichas desapariciones forzadas
y su ocultamiento no sólo se realizaban con su conocimiento, sino por
instrucciones del propio gobernador”, abundó.
En Veracruz se han encontrado más de
343 fosas clandestinas y se investigan los casos de más de 3 mil 600 personas
desaparecidas durante el sexenio de Javier Duarte, sostuvo Rosales San Román.
“En las distintas etapas del caso
hemos visto cómo, tanto en este caso como en otro, el gobierno federal no ha
llevado a cabo las acciones con la contundencia que se necesita”, puntualizó a su vez el coordinador
de los panistas, Damián Zepeda.
Indira de
Jesús propuso el punto de acuerdo para
que se amplíe la solicitud de extradición a Javier Duarte, porque la carta
original del gobierno mexicano no contempla la desaparición forzada, “delito
que le fue comprobado en Veracruz y debe ser juzgado por crímenes de lesa
humanidad”.
En su
oportunidad, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), calificó de “ridícula” la sentencia en
contra de Duarte de Ochoa y afirmó que la PGR “está coludida” porque, “a pesar
de presentarse abundantes pruebas, solicita de manera ridícula, una burla,
solamente nueve años de cárcel”.
En
conferencia de prensa, Samuel García
mencionó que presentó al Senado que firme un exhorto al Tribunal Internacional
de La Haya para que el exgobernador de Veracruz también sea juzgado por las 70
mil pruebas falsas de VIH-Sida distribuidas durante su sexenio.
“Los medicamentos no fueron aplicados
a los pacientes que lo requerían, gracias a que se detuvo por las acciones
responsables del personal de salud adscrito a las clínicas, que cumplen una
función profesional y no política, pero el daño no se concentra en la
aplicación de éstos, sino en su adquisición y en la intención de
suministrarlos”,
expone el punto de acuerdo del senador regiomontano.
Samuel García argumentó que esta
negligencia derivó en “la desatención a los derecho-habientes” de los programas
de Salud de Veracruz y hubo “dolo” al adquirir los suministros fraudulentos
para el tratamiento de personas seropositivas.
Finalmente, el coordinador del PRD, Miguel Ángel
Mancera, afirmó que la sentencia en contra de Javier Duarte deja muchas
interrogantes, como: “¿por qué están cayendo muchas de las acusaciones? ¿Por
qué no están haciendo valer las agravantes?”.
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