Dolia
Estévez.
…Si no hubiera Gobierno, ni
políticos, ni gringos arriba del Bravo, allí se viviría a toda madre… No haría
falta ni la pinche mota ni nada de eso ¿verdad?… Con purititos tomates nos
arreglábamos.
La Reina del
Sur.
Casi tres décadas tardó Ernesto
Zedillo en reconocer públicamente que siguió una política sobre drogas
equivocada. Ante ex estadistas extranjeros reunidos en la Ciudad de México,
lamentó el resultado que ha dejado la represión y criminalización, y su secuela
de “terrible violaciones de derechos humanos”. Apostó por la regulación de los
estupefacientes en lugar de la prohibición (SinEmbargo 24/09/2018).
Lo que no dijo el ex mandatario es
que la estrategia que hoy considera errada fue, y sigue siendo, impuesta por
Estados Unidos. Intentar cambiarla se toparía con la poderosa oposición del
ineludible vecino. El mismo día de la mea culpa de Zedillo, un agresivo Donald
Trump demandaba mayor cooperación internacional para la fallida política. Para
combatir el consumo y la producción de drogas con las mismas herramientas
punitivas que provocaron la muerte de 234 mil mexicanos, Trump pidió a los
países firmar su “Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las
Drogas”. Luis Videgaray no tardó en satisfacer su petición.
Pese a la tendencia internacional a
favor de la regulación, el país líder en consumo de drogas ilegales en el mundo
está cerrado a explorar otras opciones. Sólo una docena de estados, los más
progresistas, han despenalizado el consumo de marihuana para uso medicinal y
recreo. Revocar la ley federal que prohíbe el consumo de cualquier droga ilegal
a nivel nacional es una posibilidad remota y políticamente inviable.
Cambiar el estatus quo pondría en
riesgo el contubernio que Washington históricamente ha tenido con el crimen
organizado. A diferencia de México, el poder político y
militar del gobierno estadounidense rebasa en creces al de las estructuras del
crimen organizado. Estados Unidos decide cuando los narcos son buenos o son
malos. Y cuando los usa de herramienta para alcanzar objetivos geopolíticos y
de política exterior.
Si bien la colusión gobierno-crimen
organizado data de la pos segunda guerra mundial y cobra fuerza durante la
guerra fría, en México no es hasta la década de los ochenta–cuando el país
atraviesa por una severa crisis financiera que le resta soberanía–que Estados
Unidos se vale del narcotráfico para afianzar el control sobre los gobiernos
priistas.
Abundan los ejemplos de cómo el
narcotráfico ha sido y sigue siendo útil a la supremacía estadounidense. En los
ochenta, la CIA colaboró con el cartel de Guadalajara en el intercambio de
drogas por armas para la contra nicaragüense. Contrató pilotos que llevaban y
traían avionetas cargadas de drogas y armas que despegaban de pistas
controladas por el cartel de Guadalajara en el estado de Jalisco.
El operativo secreto, supervisado
desde la Casa Blanca, contó con la obsequiosa facilitación logística y con
personal de apoyo de la DFS por la época en que Manuel Bartlett era Secretario
de Gobernación. Enrique Camarena fue asesinado–presuntamente por órdenes de la
CIA o con anuncia de ésta—porque descubrió la colusión entre la agencia de
espionaje, el cartel de Guadalajara, el gobierno de Miguel de la Madrid y la Mossad
para abastecer a la contra nicaragüense.
Lawrence
Víctor Harrison, cuyo nombre verdadero es George Marshal Davis, asegura haber sido testigo y protagonista
de ese negro episodio. Harrison, quien vive en la semiclandestinidad en
California, fue enviado a México por la CIA en los sesenta en calidad de
“ilegal” (espía ultra secreto que se hace pasar por ciudadano del país al que
es asignado similar a los agentes rusos en la popular serie The Americans de
Netflix). Con el interés de garantizar el buen desarrollo del operativo
secreto, que estalló en el escándalo Irangate, la CIA reubicó en Guadalajara a
Harrison (Eclipse of the Assassins, University of Wisconsin Press, 2015).
En años
recientes, la DEA cultivó una “relación
especial” con el cartel de Sinaloa, al que consideraba menos violento que los
otros. Según testigos, el grupo criminal de El Chapo Guzmán daba información
sobre sus rivales a la DEA a cambio de protección. El arreglo con la DEA dio
libre acceso al cartel de Sinaloa al mercado estadounidense (Corte Federal del
Distrito Este de Illinois, caso Estados Unidos v. Zambada Niebla, 2011).
Washington inventa, alienta y
financia estrategias antinarcóticos más para proyectar su superioridad
política, militar y financiera sobre gobiernos sumisos que para combatir el
narcotráfico. Doce años de Iniciativa Mérida, el presunto acuerdo de
cooperación que permitió a Estados Unidos expandir las operaciones de la DEA,
la CIA y la ATF en México, han resultado en más muertos, más desaparecidos y
menos soberanía. Los gobiernos del PRI y del PAN han sido peones de los
intereses de política exterior de Estados Unidos. La guerra a las drogas es la
coartada perfecta para intervenir.
Hoy los carteles tienen más fuerza
bélica y presencia territorial que cuando Felipe Calderón pactó con George W.
Bush “compartir responsabilidades” en el combate a los carteles. México pone
los muertos y Estados Unidos las armas y los dólares. Es hora de decir no más a
Washington. Es hora de explorar alternativas de regulación y despenalización.
Es hora de recuperar la soberanía
nacional. Que la vecindad no nos inmovilice.
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