Más de 60 organizaciones civiles
agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza insistieron en la necesidad
de incrementar el salario mínimo en México por encima de la línea de bienestar
y propusieron reemplazar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami),
a la que calificaron como “onerosa e inútil”.
En lugar de
la Conasami, las organizaciones firmantes solicitaron
una comisión honoraria que cada año se reúna para fijar el salario mínimo con
criterio constitucional y con base en los datos de Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).
Además del Coneval, Inegi y Banxico,
proponen que en esta nueva comisión también participen trabajadores y
representantes de los empresarios y de la sociedad civil organizada.
“La nueva Comisión deberá presentar
en un plazo corto un plan que permita la recuperación gradual del poder
adquisitivo del salario de los trabajadores”, demandaron.
La crisis
salarial que vive la clase trabajadora en México es una realidad y ha puesto en
el blanco al órgano encargado de fijar año con año el salario mínimo: la Conasami que, de acuerdo con lo expuesto
por líderes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podría
tener las horas contadas, de cara al próximo Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.
Durante los últimos tres años, la
sociedad civil ha insistido en que esa entidad debe desaparecer. Se le ha
criticado su opacidad en cuanto a los informes con los que dice fija el
salario; también la perpetuidad de su presidente, Basilio González Núñez, quien
es el funcionario más vetusto (desde 1991) en un puesto y percibe como salario
al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría
sólo si laborara mil 486 días.
En los
últimos seis años, el presupuesto que se
le asignó a la Comisión se mantuvo estable y absorbió más de 200 millones de
pesos. Lo que también se mantuvo constante fue el modo en el que gastó, ya que
la mayoría fueron para servicios personales y una menor parte a gasto
operativo, de acuerdo con una investigación realizada por SinEmbargo.
La polémica Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos es un “organismo público descentralizado”, pero depende de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Se creó luego de la reforma
al artículo 123 constitucional en la década de los 60, del siglo pasado.
Su objetivo
principal, de acuerdo con la Ley, “es
fijar los salarios mínimos con congruencia entre lo que establece la
Constitución con las condiciones económicas y sociales de México, cuidando la
equidad entre los factores de la producción, así como el respeto a la dignidad
del trabajador y su familia”.
La Conasami recibió un presupuesto de 238 millones 583
mil 833 pesos de 2013 a 2018, de los cuales el 64.8 por ciento lo utilizó para
“Gastos Personales”, y el resto se destinó para “Gastos de Operación”.
De acuerdo
con las Cuentas Públicas, la Conasami
destinó, de 2013 a 2017, 154 millones 741 mil 814 pesos a gastos personales y
sólo 38 millones 676 mil 833 pesos a gastos de operación. De acuerdo con el
Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) el directorio de la Conasam está
conformado por 23 personas.
El presupuesto de la Comisión se
mantuvo estable durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, a pesar
de ser, desde al menos los últimos tres años, un organismo del que se exige su
desaparición: en 2013 recibió 40 millones 545 mil 860 pesos y para 2018, quedó
con 39 millones 615 mil 367 pesos.
AUMENTAR EL
SALARIO MÍNIMO.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
pidió a los actores políticos responsabilidad para aumentar el salario mínimo,
fijado en 88.36 pesos diarios.
“Consideramos muy positiva la
disposición expresada por el nuevo gobierno y por algunos partidos políticos de
aumentar el salario mínimo, para ubicarlo en 102 pesos diarios a partir del año
próximo”, dijeron.
Pidieron la recuperación gradual del
poder adquisitivo del salario y la institucionalización de un mecanismo que
fije el salario mínimo con criterios basados en el artículo 123 constitucional
para darle a los trabajadores un ingreso suficiente para la alimentación,
educación, salud y cultura de su familia.
Celebraron que en días recientes
diputados de tres partidos políticos hayan expresado la voluntad para aumentar
el salario mínimo por arriba de los cien pesos que se calcula costará la
canasta básica en diciembre.
Los partidos
difieren: mientras que el PAN y Morena
estiman un aumento para cubrir el costo de la canasta básica de un poco más de
100 pesos, el PRI propuso aumentarlo hasta tres veces el monto actual, para
llegar a 256 pesos diarios.
Frente a la
Pobreza y el y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) hicieron un llamado a los legisladores y
dirigentes de los partidos para actuar con responsabilidad frente a la
impostergable tarea de superar la pobreza y la desigualdad que requiere
acciones concertadas, prudentes, en compás con la evolución de otras variables
económicas.
“Reiteramos la crítica al actual
gobierno que se ha negado a aumentar el salario mínimo argumentando que se
desbocaría la inflación y ahora su partido, el PRI, adopta una posición
irresponsable, lo que parece ser un intento de boicotear el proceso y
trabarlo”,
advirtieron.
Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición
Democrática informaron también que
solicitaron formalmente que se realice una audiencia temática de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el salario mínimo en México,
porque el monto fijado por el Estado mexicano representa una violación de
derechos humanos.
“Esta solicitud está respaldada por
organizaciones sociales, académicas y personalidades públicas”, mencionaron.
Esta
solicitud de audiencia de carácter general fue presentada para el próximo
periodo de sesiones de la CIDH (170), a desarrollarse entre el 3 y el 7 de
diciembre de 2018 en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
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