A cambio de 25.5 millones de dólares
y a la luz del “buen ambiente de negocios”, el gobierno mexicano retiró una demanda
que interpuso hace cinco años en Estados Unidos contra la empresa British
Petroleum (BP), a consecuencia del derrame de 793 millones de litros de
petróleo en el Golfo de México, provocado por la explosión de la plataforma
Deepwater Horizon en abril de 2010.
En Estados
Unidos, la misma empresa pagó más de 60
mil millones de dólares en multas por su negligencia en el peor derrame
petrolero de este siglo, que sucedió a 800 kilómetros de las costas de México
–a 478 kilómetros de la frontera marina–, y afectó a más de 10 mil pescadores
de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Existen dos razones por las cuales
México se satisfizo con una suma dos mil 300 veces inferior a la que cobró su vecino del norte:
El gobierno federal no presentó las
evidencias que mostraban las afectaciones del derrame en las aguas mexicanas; además, temió que una demanda fuerte sea utilizada para atacar a Pemex en el
caso hipotético de un futuro derrame.
De acuerdo
con esta investigación, elaborada por la organización PODER –cuya versión
completa se puede leer aquí–, la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) esperó hasta el 19 de abril de 2013
–el último día legal–, para presentar su demanda por los daños en las costas y
aguas mexicanas que provocó el derrame del pozo Macondo 252, explotado por BP
en la plataforma Deepwater Horizon. La presentó tan tarde que la corte de
Luisiana la suspendió.
“Cientos de demandantes presentaron
reclamos en fecha similar. Dado el gran volumen de demandas, en mayo de 2013,
la Corte de Distrito ordenó suspender temporal e indefinidamente todos los
casos nuevos –incluyendo el de México– en tanto se resolvían aspectos fácticos
y jurídicos comunes a todos”, explicó la SRE vía correo electrónico.
En los
últimos ochos años, tanto Pemex como la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (Sener)
buscaron un acercamiento “del más alto nivel con BP” para llegar a un acuerdo
en lugar de empujar por la vía legal, para no poner en riesgo la reforma
energética.
Primero la
reforma.
Para sustentar su demanda contra BP,
el gobierno federal debía demostrar que había detectado en sus costas y aguas
un petróleo con una “huella molecular” idéntica al que la empresa petrolera
extraía a través de su plataforma Deepwater Horizon. Ello demostraría que el
derrame afectó el territorio mexicano.
El gobierno solicitó a BP la huella
del petróleo en octubre de 2010, pero no obtuvo respuesta, según una minuta de
una reunión interna del Grupo Intersecretarial para dar seguimiento al derrame,
obtenido vía transparencia.
A finales de
2013, el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático (INECC) dejó de recibir recursos para monitorear la
contaminación del agua en el Golfo de México por el petróleo derramado.
Luis Soto,
investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM que
participó en la realización de los estudios encargados por el INECC, relata que Amparo Martínez, ahora directora
general de esa institución, les dijo que, con la futura reforma energética, las
prioridades ambientales habían cambiado.
“Nos dijeron que no nos quejáramos,
porque el dinero venía en camino desde una dirección diferente, de la Sener.
Entonces la Sener dijo ‘yo tomaré el problema, olviden el problema ambiental’.
Entonces, en mi opinión, el enfoque de las investigaciones empezó a
dispersarse. La razón era que México empezaba a empujar muy fuerte la
extracción de petróleo en aguas profundas”, dice.
Antes de la demanda federal, los
gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo interpusieron una demanda
colectiva, en la que se exponían pruebas de daño, que no trascendieron porque
no fueron retomadas en la acción legal federal. Dicha demanda colectiva fue
rechazada por la corte de Estados Unidos en septiembre de 2013.
Alrededor de 70 millones de pesos
fueron gastados del erario mexicano en los 22 estudios científicos que
supuestamente servirían para la demanda contra BP, pero al final no se
presentaron como pruebas porque todavía no estaban listos todos y porque no
probaban algo contundente, según aceptó la SRE.
Acuerdo
secreto.
Después del
derrame, funcionarios y directivos de BP
se reunieron en varias ocasiones a puerta cerrada. En junio de 2011, por
ejemplo, se llevó a cabo una reunión tensa en Washington, en la que los
representantes de la empresa negaron que la contaminación afectara a México,
mientras que la delegación mexicana presentó un estudio poco convincente de que
el derrame hubiera causado daño en las costas nacionales.
BP también pidió pruebas de los daños
ambientales que el derrame dejó en las costas y aguas mexicanas, pero el
gobierno nunca envió tal información, y la SRE fue incapaz de explicar con un
documento por qué no entregó nada a BP, según su respuesta a una solicitud de
información realizada por PODER.
Además, si México actuaba con todo el peso de la
ley para que BP remediara los daños, abría la puerta para que Pemex sea
castigada en Estados Unidos en el caso de provocar un derrame, de acuerdo con
el abogado Alejandro Posadas, otrora agregado de la Semarnat en Washington,
quien participó en la primera reunión entre BP y el gobierno federal.
“Si tú empujas demasiado un
precedente ese te va a perseguir a ti después, y nosotros somos una nación
petrolera y es frecuente que tengamos derrames, y lo tuvimos antes, en el caso
del Ixtoc. Entonces, si tú quieres presionar demasiado sin que tengas toda la
evidencia científica, pues ese mismo precedente te va a perseguir a ti cuando
te toque ser el responsable”, explicó el abogado.
Por ello, el gobierno de Peña Nieto decidió negociar
con BP. Previo a formalizar el acuerdo, se reunieron los representantes de BP y
funcionarios mexicanos el 27 de julio de 2017. Los asistentes mexicanos fueron
Alejandro Alday González, consultor jurídico de la SER, y Amparo Martínez,
directora del INECC.
“La empresa dijo a la titular del
INECC que cuenta con la evidencia científica para afirmar que el petróleo del
derrame no llegó a las aguas mexicanas, y que por lo tanto, BP no ha causado
daño ambiental alguno en México, y que dicha evidencia ha sido validada por sus
científicos –entre ellos algunos mexicanos– y por funcionarios de Profepa, con
quienes se reunieron en México hace algunos meses”, según la minuta obtenida vía
transparencia.
“BP reiteró su interés en alcanzar
una solución amistosa y definitiva del conflicto, teniendo presente el buen
ambiente de negocios que actualmente se vive en México, tanto actual como en el
largo plazo”,
comentó el consultor jurídico a los asistentes de otras dependencias, en una
reunión en la SRE el 18 de agosto de 2017, seis meses antes de que el gobierno
y la empresa cerraran el acuerdo.
BP primero ofreció 20 millones de
dólares y el gobierno mexicano contra-ofertó a 50 millones de dólares. El
acuerdo fue por la mitad y sólo cinco millones más que la primera oferta de la
empresa, según se puede leer en las minutas de las reuniones intersecretariales
de octubre de 2017.
Ni el gobierno ni la empresa hicieron
público este acuerdo, y una de las cláusulas del mismo es que se tienen que
avisar uno al otro en caso de revelar la información.
Los pagos fueron divididos en dos
momentos y motivos: 15.3 millones de dólares para el reembolso del monitoreo e
investigación y otros costos relacionados con el incidente –mismos que el
gobierno mexicano calculó en un primer momento en 3.3 millones de dólares–, y
los 10.2 millones restantes serán pagados al INECC antes o el 30 de noviembre
de 2018, para la protección socio-ambiental, conservación y/o restauración del
Golfo de México.
En Estados
Unidos los pescadores y negocios
costeros recibieron 10 mil millones de dólares de la multa a BP. El acuerdo
firmado con México no prevé una suma específica para los pescadores –que no
fueron incluidos en la demanda federal– ni se mencionan en dicho documento.
Más de 10 mil de ellos mantienen una
demanda colectiva contra la empresa en la corte de Luisiana, la misma donde el
gobierno federal presentó su denuncia.
“Casi no hay [pesca]. Ha bajado
mucho, mucho. Yo trabajo en aguas que no son aguas continentales, sino son
ríos, pero que se alimentan del mismo mar. Entonces se deriva que, de la
contaminación, los peces ya no entran. El mar ya no alimenta todos esos ríos.
Todos estamos, ahora sí, sufriendo la misma situación. (…) de esa época hacia
acá, todo ha ido mermando”, responde Francisco, pescador de Agua Dulce, en Veracruz, a la
pregunta de cómo ha cambiado la pesca desde el derrame.
Relación
radiante.
La relación entre el gobierno
mexicano y BP es más fuerte que nunca: desde 2015 ha ganado cinco áreas
petroleras, licitadas en las rondas de exploración de la reforma energética, y
en febrero de 2017 el Centro Nacional de Control de Gas otorgó a BP Energía
México permisos para dos gasoductos en el país.
BP tiene 279 estaciones de gasolina
en 17 estados de la República –en la inauguración de la primera asistió Pedro
Joaquín Coldwell, secretario de Energía– y planea abrir mil 500 más en los
próximos cinco años.
El 29 de
junio de 2018, Enrique Peña Nieto otorgó
a su director general, Christophe Sladen, la Condecoración de la Orden Mexicana
del Águila Azteca por “sus aportaciones en favor de la relación económica y
educativa entre México y Reino Unido”. Es, hasta la fecha, el único empresario
de la industria energética que ha recibido este reconocimiento.
Durante una
década y hasta el pasado 10 de mayo, Sladen fue director de BP México, y como
tal estuvo al tanto de la demanda mexicana. Asistió a la reunión de 2011 con funcionarios
mexicanos y también estuvo copiado en correos electrónicos entre representantes
legales de la empresa y el gobierno.
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