Jorge Javier Romero Vadillo.
Esta semana se presentó en México el informe 2018 de la
Comisión Global de Política de Drogas, grupo
internacional de reflexión e incidencia en el que participan varios
expresidentes o ex primeros ministros de diversos países de todos los
continentes, junto con otros intelectuales relevantes, entre ellos dos premios
Nobel, y que desde hace años ha trabajado para impulsar un cambio de paradigma
en la manera en la que el mundo ha enfrentado el problema de las drogas durante
los últimos cien años. Se trata del grupo más relevante entre los que proponen
acabar con el prohibicionismo, por los múltiples males que les ha acarreado a
los consumidores de sustancias, a las sociedades y a los Estados, para pasar a
un modelo de regulación sensata que proteja la salud, reduzca los daños de los
consumos más peligrosos y, sobre todo, deje atrás la terrible violencia
homicida que provocan los mercados clandestinos cuando son perseguidos con
fuerza estatal excesiva.
El informe de este año, expuesto con claridad por la
presidenta en turno de la comisión, la expresidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, plantea que ya la discusión no se debe
centrar en si acabar o no con la prohibición, sino debe enfocarse en cómo
regular todas las drogas que hoy son perseguidas echando mano de las fuerzas de
seguridad y de los sistemas de justicia penal alrededor del mundo. El desastre
provocado por la prohibición es evidente, por ello ya lo que toca es regular de
manera sensata y diferenciada todas las sustancias de acuerdo con su
peligrosidad para los consumidores y para sus entornos sociales.
Durante los últimos años, la atención regulatoria se ha centrado en el tema del cannabis –la
mariguana–, por ser la sustancia más consumida en el mundo entre las ilegales y
que presenta problemas de salud relativamente bajos. El avance en su regulación
ha sido sustancial, pues no solo un número importante de estados de la Unión
Americana han acabado con su prohibición, sino que ya dos países de América
–Uruguay y Canadá– han decidido legalizar su consumo con dos modelos
regulatorios diferentes, además de los lugares que han optado por una
aplicación muy laxa de la prohibición, sobre todo en Europa.
Sin embargo, La
regulación del cannabis es claramente insuficiente para frenar la catástrofe
que la prohibición ha provocado en todo el planeta. Si el objetivo era proteger
la salud de la población, el resultado ha sido exactamente el contrario, como
se demuestra en el estudio que, de manera paralela al informe de la comisión,
elaboró uno de sus integrantes conspicuos, el expresidente de México Ernesto
Zedillo, junto con Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, investigadores
del CIDE, y la brillante estudiante de doctorado Fernanda Alonso. Este trabajo,
enfocado en México, reitera lo que ya hemos demostrado diversos estudiosos del
tema: la prohibición es la causa de la epidemia de violencia que ya incluso ha
reducido la esperanza de vida de los jóvenes mexicanos. No puede haber mayor
afectación a la salud de la población que la ola homicida generada por la
prohibición y la manera de aplicarla con una estrategia de guerra.l
El informe de la Comisión Global se hace cargo de los retos de implementar la regulación, sobre todo en
los Estados con una capacidad institucional frágil, y propone un proceso
cauteloso, incremental y, sobre todo, guiado por la evidencia, cosa que sin
duda le ha faltado a la estrategia prohibicionista, puesta en marcha sobre la
base de los prejuicios y la ignorancia y muchas veces con una agenda oculta,
como se ha demostrado respecto a la “guerra contra las drogas” impulsada en la
década de 1970 por Richard Nixon, cuando en lo que realidad buscaba era tener
un instrumento para perseguir a los opositores a la guerra de Vietnam y a los
líderes del movimiento por los derechos civiles de los negros. El informe pone
atención en los efectos devastadores que la prohibición ha tenido sobre las
comunidades productoras y propone el impulso de modelos alternativos y
sustentables de desarrollo.
El estudio mexicano comparte
las premisas generales del informe de la Comisión, pero aborda de manera bien
documentada las especificidades de la tragedia nacional, con sus miles de
muertos que se siguen sumando día con día. Sin duda, una aportación central del
trabajo es el planteamiento de opciones regulatorias diferenciadas de acuerdo
con el tipo de drogas. Para la mariguana proponen tres escenarios posibles: de
mercado, estatal o mixto, pero con amplia libertad para los consumidores. No
puede ser lo mismo con los opiáceos, que requieren un enfoque de regulación
completamente distinto, debido a su mayor peligrosidad para la salud y su mayor
grado de dependencia. Eso no quiere decir que no deba eliminarse su
prohibición: es necesario pensar en una regulación que ponga en el centro la
reducción de daño y la eliminación de los incentivos para que los delincuentes
sigan controlando su mercado.
También es necesario
acabar con el mito de la cocaína y se deben buscar, como lo plantea el estudio,
reglas que permitan el acceso a la sustancia en ambientes seguros y con
supervisión sanitaria, lo mismo que para otras sustancias, como los
psicodélicos, cuya peligrosidad es bastante reducida, o como el MDMA, que con
una buena regulación incluso contribuiría a reducir el peligro del consumo
excesivo de alcohol entre los jóvenes en ambientes de fiesta. Lo que se
necesita es abordar cada sustancia con evidencias científicas y no con
prejuicios y creencias que no por generalizadas son ciertas.
La declaración del
expresidente Zedillo de que durante su gobierno se equivocó en la política de
drogas que aplicó debe ser un importante llamado de atención para el próximo
gobierno. Si bien entre el equipo del próximo presidente hay quienes entienden
el desastre que ha significado la guerra contra las drogas, en la propia
coalición gobernante existen todavía muchas reticencias a un cambio radical de
rumbo que, sin embargo, es indispensable si queremos detener la matazón en la
que metió Calderón al país y de la que Peña no fue capaz de sacarlo.
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