La
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la
solicitud de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, de posibles omisiones
legislativas del Congreso del estado de Veracruz, que podrían dar origen a una
declaratoria de alerta por violencia de género y modificaciones al Código Penal
de la entidad relacionadas con el tema del aborto.
Los
integrantes de la Primera Sala aprobaron ejercer su facultad de atracción
para analizar las presuntas omisiones al no haber modificado diversos artículos
del Código Penal de esa entidad federativa.
“La
omisión reclamada en el juicio de amparo, derivó del incumplimiento por parte de
la legislatura local de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), las
cuales, posteriormente darían lugar a la emisión de una Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género por Agravio Comparado en el Estado de Veracruz”, señaló la Corte.
La Primera
Sala determinó conocer de dicho asunto al considerar que su análisis y
revisión permitiría reflexionar sobre el entendimiento de las omisiones
legislativas como actos susceptibles de ser reclamados en el juicio de amparo,
pero ahora desde un enfoque de derechos humanos y específicamente, con
perspectiva de género, que busca garantizar a las mujeres el pleno goce y
disfrute de sus derechos sexuales, reproductivos y de salud.
Además, su
estudio abre la posibilidad de analizar la naturaleza y fuerza normativa de las
Declaratorias de Alerta de Género emitidas por la CONAVIM como fuente para
dirigir la conducta de las autoridades y generar obligaciones estatales
específicas en materia de derechos humanos, en lo particular, analizar si a
partir de ellas puede generarse una obligación a cargo del Congreso del Estado
para legislar en un determinado sentido.
Acepta SCJN
controversia de BCS contra el Ejecutivo.
El máximo
tribunal del país aceptó la controversia constitucional presentada por el
gobierno de Baja California Sur en contra del Ejecutivo Federal por no haber
incluido ningún municipio de esa entidad como parte de los territorios que se
benefician con estímulos fiscales por ser parte de la frontera con Estados
Unidos.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que todos los municipios fronterizos
con Estados Unidos tengan reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16
al 8 por ciento, y de 30 al 20 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al recurso
presentado por el gobernador Carlos Mendoza Davis.
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