Por Ezequiel
Flores Contreras.
En diciembre
pasado, la agencia de Proceso informó que la investigación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa determinó que el
exgobernador Ángel Aguirre Rivero y mandos del Ejército y dependencias
federales tenían conocimiento de los nexos con el narco del exalcalde
perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, pero desestimaron los
informes presentados por el exfiscal Iñaky Blanco.
Esta
información se vuelve vigente ahora que Aguirre y Blanco se reunieron con
integrantes de la Comisión para la Verdad de la Secretaría de Gobernación y
padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Por ello, se
reproduce íntegro el texto publicado hace seis meses en la agencia Apro donde
se detalla la forma como Abarca llegó a la alcaldía de Iguala pese a que la
dirigencia perredista sabía de su relación familiar con los líderes del grupo
Guerreros Unidos, información que también fue conocida por Aguirre y los mandos
del Ejército en ese entonces.
La
investigación del caso Ayotzinapa determinó que previo a esta tragedia que
marcó el sexenio pasado, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el
exgobernador Ángel Aguirre Rivero, la clase política perredista y autoridades
de los tres niveles y el Ejército tenían conocimiento pleno de los nexos del
exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez con el narco.
Incluso, el
propio Abarca afirmó que Aguirre Rivero, así como el exdirigente nacional del
PRD, Jesús Zambrano y el exdiputado local perredista, Sebastián de la Rosa
Peláez, fueron los encargados de negociar y pactar su candidatura a la alcaldía
de Iguala en 2012, revelan documentos oficiales.
Ello a pesar
de que el exfiscal estatal, Iñaky Cabrera Blanco, había presentado informes que
vinculaban a Abarca con la organización delictiva Guerreros Unidos en las
reuniones privadas del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), el órgano superior de
Seguridad en la entidad que preside el gobernador en turno y conformado por
autoridades de los tres niveles de gobierno, el Ejército y la Marina.
No obstante,
la información conocida por Ángel Aguirre en 2012 fue desestimada por el
exmandatario, así como por autoridades y la dirigencia perredista, quienes no
actuaron en su momento para prevenir y evitar la tragedia de Ayotzinapa
registrada dos años después, indican declaraciones de los involucrados.
Estos
reportes fueron publicados en el reciente informe del caso Ayotzinapa emitido
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el apartado denominado
Candidatura a la presidencia municipal de iguala en el periodo electoral
anterior a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
@A_Encinas_R
Como parte de los trabajos de la Comisión para
la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, ayer por la tarde
sus integrantes se reunieron con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre
Rivero y el ex procurador, Iñaqui Blanco Cabrera
A
continuación se reproduce la historia documentada por la CNDH sobre la
incursión en la política de José Luis Abarca Velázquez en 2011, la cual
involucra a priistas como el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y Héctor
Vicario Castrejón, así como a perredistas, entre ellos el exmandatario Ángel
Aguirre Rivero, por ser de interés público ante la nueva jornada de protesta de
padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La
candidatura.
Entrevistado
por visitadores adjuntos de la CNDH, en el penal federal donde actualmente se
encuentra recluido, José Luis Abarca expresó textual:
“Yo nunca me
dediqué a la política, ya que yo siempre me he dedicado al comercio”, dijo tras
recordar que desde 1993 comenzó a vender joyería y posteriormente se desempeñó
como administrador del Centro Joyero de Iguala durante cinco años, refiere el
informe oficial.
Fue en 2011
cuando el exdiputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez, lo invitó a
contender por la alcaldía de Iguala por el PRD, argumentando que el resultado
de una encuesta lo colocaba con buena aceptación, aseguró Abarca.
Luego,
comenzó a recorrer colonias de Iguala “para darse a conocer sin afiliarse” al
PRD y fue contactado por el exdiputado local priista, Héctor Vicario Castrejón,
quien lo invitó a participar en la elección de 2012 bajo las siglas del
tricolor, afirmó Abarca.
Narró que
junto con Vicario Castrejón, un personaje al que dijo que conoce porque es
“político de toda su vida”, viajaron a la Ciudad de México, donde se reunió con
el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien formalizó la invitación y le dijo
que en el PRI, “lo veían políticamente bien posicionado”.
En
respuesta, Abarca dijo que rechazó la propuesta de Figueroa, argumentando que
“ya le había dado su palabra” a Sebastián de la Rosa para ser el candidato del
PRD.
Luego del
encuentro con Figueroa, dijo que la dirigencia perredista organizó el
procedimiento interno para seleccionar a sus candidatos a presidentes
municipales y diputaciones locales del proceso electoral intermedio de 2012 y
que de acuerdo con los testimonios de los involucrados se caracterizó por la
negociación política.
Las
acusaciones
Abarca dijo
que junto a él se registraron Oscar Díaz Bello, Justino Carbajal Salgado,
Antonio Jaimes Herrera, Soledad Mastache Hernández, Mario Castrejón Mota y
Arturo Hernández Cardona para buscar la candidatura a la alcaldía de Iguala por
el PRD.
No obstante,
los seis contendientes expresaron su molestia porque la encuesta presentada por
la dirigencia perredista benefició a Abarca y Oscar Díaz protagonizó una
confrontación directa contra José Luis Abarca, a quien acusó de estar
vinculados a organizaciones delictivas y lavar dinero al narco, refiere el
informe de la CNDH.
El documento
oficial indica que Oscar Díaz Bello, quien en los hechos había salido ganador
en la encuesta interna, le entregó al expresidente nacional del PRD, Jesús
Zambrano, copias de una averiguación previa iniciada por el presunto delito de
“lavado de dinero” en contra de Abarca y por su relación familiar con Mario y
Alberto Pineda Villa, hermanos de su esposa María de los Ángeles Pineda y
operadores del extinto capo Arturo Beltrán Leyva.
“El 12 de
mayo de 2012, Oscar Díaz Bello entregó a Andrés Manuel López Obrador, en ese
momento candidato a presidente de la República postulado por la coalición
PRD-PT y MC, un documento en el cual, según refirió el mismo Díaz Bello ante
dicha Comisión, se incluían reportes periodísticos sobre los hermanos de María
de los Ángeles Pineda Villa, en los que se les ligaba al crimen organizado”,
indica el Informe Especial del PRD denominado “Contribuciones al estudio y
combate del fenómeno de la captura del Estado por parte de bandas de la
delincuencia organizada, a la luz de la tragedia de Iguala”, publicado el 6 de
mayo de 2015.
Ante la
actitud de Oscar Díaz Bello, el gobernador en ese momento, Ángel Aguirre
Rivero, y el exdiputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez
intervinieron directamente en el proceso interno para negociar espacios y dejar
firme la candidatura de Abarca.
Al respecto,
Abarca declaró ante la CNDH que Aguirre, Sebastián de la Rosa y “posiblemente”
Jesús Zambrano “platicaron con Oscar Díaz Bello y le hicieron ver” que aceptara
una diputación local con la promesa que sería el candidato a la alcaldía en el
trienio siguiente, es decir en 2015, como sucedió en los hechos pero perdió
ante el abanderado del PRI.
También,
dijo que derivado de un acuerdo entre partidos políticos a nivel estatal, los
dirigentes del PT y Movimiento Ciudadano decidieron respaldar la candidatura de
Abarca.
La
negociación.
Mientras
Oscar Díaz aceptó la diputación local, el resto de los aspirantes a la alcaldía
decidieron intercambiar su inconformidad por espacios en la administración de
Abarca.
Por ejemplo,
Justino Carbajal –sobrino del actual senador por Morena, Félix Salgado
Macedonio y ejecutado durante la administración de Abarca– aceptó la
sindicatura.
A Soledad
Mastache le dieron una regiduría; Mario Castrejón Mota ocupó la segunda
sindicatura y Arturo Hernández Cardona, quien también fue ejecutado, colocó a
su esposa en una regiduría todos en el ayuntamiento de Iguala
Mientras
Antonio Jaimes Herrera decidió abandonar el PRD y el Partido Verde lo postuló
como su candidato en ese entonces, pero perdió frente a Abarca, indica el
informe oficial.
Actualmente,
seis años después, Jaimes Herrera llegó por segunda ocasión a la presidencia
municipal de Iguala, ahora postulado por Morena.
Sobre este
tema, la CNDH concluyó que José Luis Abarca fue designado candidato del PRD a
la presidencia municipal de Iguala el 2 de julio de 2012, ganó la elección con
21 mil 546 votos y tomó posesión del cargo el 30 de septiembre, dos años antes
de la tragedia de Iguala.
Ello a pesar
de que antes de incursionar en la política, Abarca se había dedicado a la
actividad comercial sin acreditar el origen lícito de sus recursos económicos.
No presentó
un proyecto político como exigía la convocatoria del PRD, los resultados de la
encuesta interna no le favorecieron y fue señalado directamente por sus nexos
con la delincuencia.
Esta
situación desató graves consecuencias para la sociedad por el hecho de permitir
que personajes guiados por intereses ajenos al servicio público, utilicen los
institutos políticos para acceder a posiciones de poder y poner al servicio de
la delincuencia estructuras institucionales clave, “sin importar que se
lesionen o pongan en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos y sin
medir su impacto pernicioso, tal como aconteció en Iguala”, remata la CNDH.
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