Tras la
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la
suspensión judicial que protegía al expresidente Enrique Peña Nieto de ser
investigado por la Fiscalía de Chihuahua, el gobernador Javier Corral confió
en que las autoridades federales también indagarán su posible participación en
el desvío de fondos públicos hacia el PRI, aunque el presidente Andrés Manuel
López Obrador no quiera hacerlo.
En
entrevista en Aristegui en Vivo, Corral Jurado cuestionó los motivos del
primer mandatario para sugerir una consulta a fin de determinar si se
investigan o no posibles actos de corrupción cometidos por el expresidente Peña
Nieto. Incluso, hizo mención del supuesto “pacto de impunidad” acordado entre
los dos.
“¿Cuál
habrá sido la contraprestación, qué le pudo haber dado Peña a López Obrador?”,
sostuvo Corral.
Más allá de
lo que el presidente piense sobre perseguir o no a Peña Nieto, el gobernador
sostuvo que lo importante es que la Fiscalía General de la República (FGR) está
dotada de autonomía constitucional y tiene la obligación de llevar a cabo las
investigaciones.
Ante la
propuesta de una consulta pública planteada por López Obrador, el mandatario
estatal propuso al Instituto Nacional Electoral (INE) como su posible
organizador, “porque hasta ahora las consultas están referidas a las bases de
apoyo al Presidente de la República”.
Independientemente
de un plebiscito, las autoridades federales como la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberán dar continuidad a las
investigaciones abiertas por su posible participación en el delito de peculado
electoral
“Ellos la atrajeron desde el principio del
caso en la Fepade. Ahí ha dormido el sueño de los injustos por dos años”.
El caso
al que Corral hace referencia es la denominada Operación Safiro, una presunta
desviación de 3 mil millones de pesos de fondos federales otorgados a nueve
estados de la República, que se sospecha fueron canalizados al PRI nacional, a
través de contratos simulados con empresas fantasmas, para ayudar a financiar a
sus candidatos en las elecciones de 2016.
El político
chihuahuense aseguró que la resistencia a judicializar estos casos envía una
señal equivocada a los funcionarios públicos de todo el país, pues lo único que
los detiene de involucrarse en actos de corrupción es ver las consecuencias
jurídicas de sus acciones.
“No hay
manera de combatir la corrupción sin ejemplos contundentes”, dijo.
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