Por Patricia
Dávila.
La Fiscalía
General de la República (FGR) designó como fiscal del caso Ayotzinapa a Omar
Gómez Trejo, quien fungió como secretario ejecutivo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El
nombramiento de Gómez Trejo se dio horas después de la creación de la Unidad
Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y un día después
de que familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos en septiembre
de 2014 recordaron, frente a las oficinas de la FGR, que durante su campaña el
presidente Andrés Manuel López Obrador prometió nombrar un fiscal y esclarecer
el caso.
Incluso
advirtieron al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que realizarán actos de
protesta “violentos” si no se atendían sus demandas.
Según el
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Unidad Especial
se encargará de las acciones de investigación y persecución de los delitos
cometidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, hasta la conclusión de
todos los procesos penales vinculados con los eventos que originaron la
desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos”.
En un
comunicado, la FGR informó que Omar Gómez Trejo, quien es maestro en
Derechos Humanos y Democracia, tendrá la calidad de agente del Ministerio
Público federal (MPF).
Además, estará
a su cargo el trámite y resolución de las averiguaciones previas, carpetas de
investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas
precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios,
juicios de amparo u otros que estén relacionados con tales hechos, para lo cual
contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su
adecuado funcionamiento.
El nuevo
fiscal ha desempeñado funciones en organismos internacionales, como la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
y en oficinas similares en Honduras y Guatemala, así como en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo
con el Diario Oficial de la Federación del 4 de diciembre de 2018, la FGR
debería de implementar mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los
recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran con el objeto de
fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso
Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.
Estableció
que la FGR debería contar con una unidad especial responsable de las
investigaciones bajo un nuevo esquema que permita una actuación focalizada, multidisciplinaria
y experta en el conocimiento y resolución de los procedimientos penales,
administrativos u otros relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
En el punto
uno, se señala que el Acuerdo tiene por objeto crear la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, como la responsable de
investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales
vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” acaecidos en septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero.
El
nombramiento es motivo de esperanza, dicen familiares de normalistas.
Los
familiares de los normalistas desaparecidos consideraron que el nombramiento
del nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa “es motivo de esperanza” y el
inicio de una nueva etapa en la investigación.
En un
comunicado, reconocieron “su conocimiento profundo del caso y su trayectoria
en organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos”,
que “permiten presumir que su aproximación a la indagatoria será profesional y
objetiva”.
Sin embargo,
recordaron que los retos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación
para el caso Ayotzinapa no son menores, pues tendrá a su cargo una
investigación compleja, con múltiples líneas, acusaciones pendientes de
presentar y planes de búsqueda por materializar.
Por ello, le
pidieron trabajar de la mano con la Comisión Presidencial para la Verdad y la
Justicia en el Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos
Humanos, Alejandro Encinas, y con organismos internacionales de derechos
humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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